LARRETA Y CSJN SON CULPABLES DEL GENOCIDIO INDÍGENA EN EL NORTE El Golpe: JXC quiere el dinero de los pobres que esperan por agua, alimentos y viviendas.

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El grupo Macri. compró tierras con población Indígena adentro y el fallo de la CSJN dejará sin financiamiento para obras de agua en comunidades originarias

De continuar la pretensión de JXC y el partido judicial para apoderarse del Gobierno nacional por la fuerza. con los mecanismos de aprietes y métodos públicos de usurpación de Poder, sin la mínima contemplación de comprender que la locura extrema de exigir al Estado nacional, fondos específicos para CABA en desmedro de las provincias, tendrá un resultado que será irreversible, por el daño que ocasionarán, por la paralización de obras de agua potable para el norte Argentino, en otras realidades.

Derecha política y económica

Es de público conocimiento el formato de usurpación de poder por parte de los grupos empresariales, Juntos por el Cambio y el partido judicial, en contra de los derechos de pueblos originarios del país, basta con recordar la compra de tierras del grupo Macri en la localidad de Dragones en la provincia de Salta, que tenía comunidades indígenas viviendo en el territorio y fueron expulsados de su propias tierra con la complicidad del PATRÓN DE LOS MONTES, Juan M Urtubey, hasta impedidos de poder vivir de la naturaleza.

“Cambiemos, hoy  Juntos por el Cambio, responsable directo de la muerte de cientos de niños por deshidratación y hambre, en los periodos desde el 2015 -2019; la CSJN acompaña desde siempre a los Usurpadores de tierras y terratenientes” Sentenció Daniel Segovia Consejo Nacional de Política Indígena CNPI.

Atento a esta realidad el gobierno nacional realizó ayer una presentación ante la Corte Suprema de Justicia para que el propio tribunal, pero con otra conformación, suspenda los efectos del fallo dictado el miércoles pasado con el que ordenó al Estado Nacional un aumento en la masa coparticipable en favor de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), al elevarla al 2,95 por ciento.

A través de dos presentaciones que llevan la firma del Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, el Gobierno de Alberto Fernández, interpuso una revocatoria para que se deje sin efecto la medida cautelar dictada el 21 de diciembre y reclamó que los integrantes del máximo tribunal se excusen de intervenir para que la presentación pueda ser analizada por jueces que no hubieran participado de la decisión cuestionada.

«A través del fallo aquí cuestionado, la Corte Suprema ha sustituido a los otros Poderes del Gobierno Federal, adoptando una decisión de mérito que excede sus competencias constitucionales. En el decisorio que aquí se cuestiona, el Alto Tribunal transgrede el sistema republicano de gobierno y la separación de poderes», sostuvo el Estado Nacional en uno de los escritos.

También afirmó que «la sentencia afecta los intereses generales de la Nación en su conjunto, privando al Estado Nacional de recursos necesarios para poder llevar adelante políticas esenciales que corrijan las desigualdades estructurales que existen en las Provincias argentinas».

El escrito de Zannini advirtió que «la discusión debía centrarse, estrictamente, sobre la cuantía de los recursos (montos, no porcentual de coparticipación) a transferir por el Tesoro de la Nación para cumplir con la compensación de modo de cubrir el costo de los servicios de seguridad no federales traspasados desde la Nación a la Ciudad».

«El fallo sustrae recursos de la Nación que sustentan prestaciones destinadas a las Provincias para destinarlos a la CABA, además de quedar muy evidente que con esta acción, «se ha desvirtuado la naturaleza jurídica de las medidas cautelares, las cuales nunca constituyen un fin por sí mismas, sino que están ineludiblemente pre ordenadas al dictado de una sentencia definitiva y al resultado práctico que aseguran preventivamente».

En este marco, la decisión del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) de transferir bonos TX31 a la Ciudad de Buenos Aires, a la vez de presentar un recurso de revocatoria «in extremis» contra la decisión judicial tomada, a fin de que se revise la medida cautelar dispuesta» fue la mejor respuesta en defensa y protección de los derechos del pueblo que dependen de los recursos del presupuesto nacional.

LA PORTEÑIDAD AL PALO

La medida cautelar que la Corte dictó el último miércoles se dio en el marco de la disputa entre los gobierno porteño y el nacional, con el eje central del costo del traspaso de la policía en 2016.

El presidente Alberto Fernández cuestionó ayer, martes al mediodía, al encabezar una nueva reunión del Comité jurisdiccional de Bajos Submeridionales junto a los gobernadores de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, de Chaco, Jorge Capitanich, y de Santa Fe, Omar Perotti, que el fallo de la Corte Suprema que ordenó al Estado Nacional pagarle al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta un 2,95% de fondos coparticipables afecta directamente a todas las provincias.

 En la reunión también estuvieron presentes  los ministros del Interior, Eduardo de Pedro, y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

En ese sentido, se preguntó si es «razonable que a la ciudad más opulenta de la Argentina» se le destine «semejante cantidad de dinero», cuando lo que se discute en el distrito porteño es la posibilidad de ampliar la red de subtes y en el norte del país la provisión de agua potable para las poblaciones más vulnerables.

La situación es extremadamente delicada y afecta de modo directo los intereses legítimos de la población Indígena que lucha durante años por las obras de provisión de agua potable, hábitat y establecimientos educacionales.

«Todo esto de lo que estamos hablando cuesta 220.000 millones de pesos, que es lo mismo que la ciudad de Buenos Aires reclama como coparticipación. Poniendo una mano en el corazón, ¿es razonable que a la ciudad más opulenta de la Argentina le destinemos semejante cantidad de dinero que se la vamos a sacar de la misma fuente de donde salen los recursos para hacer estas obras?», dijo el mandatario al encabezar una nueva reunión del comité jurisdiccional en Santiago del Estero.

Alberto Fernández declaró que, «Yo soy muy porteño, orgullosamente de ser porteño, pero soy hijo de riojano y siempre estuve preocupado por esta desigualdad. Entonces, una de las primeras cosas que encomendé al asumir fue darle importancia al norte porque hay temas que debemos resolver y no podemos hacernos los distraídos, estamos convencidos que el país federal del que habla la Constitución no es una declamación, sino que es una orden».

A la hora de repasar las obras hídricas que se están haciendo y las que faltan en esa región, el Presidente señaló que «cuestan cerca de 220.000 millones de pesos, casi lo mismo que está reclamando la ciudad de Buenos Aires en concepto de coparticipación».

Desde el Consejo Nacional de Política Indígena CNPI nos llegó la posición de los representantes directos de los municipios Indígenas,  que interpondrán acciones legales específicas, en contra de la pretensión de Larreta y la CSJN.

 

FRACASARON LARRETA, BULLRICH Y LA CSJN: PERDIERON LOS FONDOS PARA CAMPAÑA

Infopaís,  fue claro y contundente al publicar, que tras el fallo de la Corte, «el presidente argentino dijo, que no podía cumplir la orden la Corte Suprema y ayer sostuvo lo mismo. Explicó que  no tiene presupuesto para pagar, la sentencia no está presupuestada, por el sistema legal argentino, y redobló diciendo, “ no puedo pagar sentencias porque no me lo permite la misma ley

Por esto calificamos de cátedra de derecho  usar unos remanentes de bonos para extinguir la acción del partido judicial.
Compartimos la invitación que hizo Alberto Fernández a Larreta al sentenciar, «Me encantaría que venga el jefe de Gobierno porteño para que vea lo que es el norte».

“Tanto Larreta, Bullrich o Manes son candidatos de plástico que se venden por llame ya, con la promoción repetitiva de un producto por sus medios de comunicación.” Daniel Segovia de CNPI

El Estado nacional pagará con bonos TX31 los fondos reclamados por CABA y los debates están abiertos, pero la CSJN, ya no es parte.

 


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