En la madrugada del miércoles sucedió la destrucción de la imagen dedicada a Cristina Fernández de Kirchner, quien es blanco de una campaña de odio dirigida a ella desde la oposición política.
El Gobierno de Santa Cruz expresa su más enérgico repudio a los hechos vandálicos y delictivos ocurridos anoche sobre la estatua de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. pic.twitter.com/ECWrrVCIgD
— Gobierno de Santa Cruz (@_SantaCruzAr) March 30, 2022
En tanto, hace poco días, una pegatina instalada en la vía pública en la CABA, acusa de criminal a la ex presidenta de la Nación y actual presidenta del Senado, a poco de conocerse el proyecto legislativo donde el bloque del FdT propone pagar la deuda con fondos fugados del país por grandes evasores impositivos.
🏛• El Bloque de Senadores y Senadoras bonaerense del @FrenteDeTodos repudia enérgicamente los agravios contra @CFKArgentina. pic.twitter.com/r2FzgV0Jx8
— Senadores y Senadoras Frente de Tod☀s – PBA (@SenadoFDT_BA) March 29, 2022
Luego del ataque al despacho de Cristina Fernández de Kirchner en el momento del debate legislativo en Diputados por el acuerdo con el FMI, la violencia política hacia ella se hizo más evidente. Sea una maniobra provocadora hacia la militancia o una represiva a la figura de la dirigenta, estos hechos tienen una impronta golpista que no debiera ser tan minimizada por los medios de comunicación en el país.
Hoy fue derribada y vandalizada en Río Gallegos una estatua montada en homenaje a @CFKArgentina, dos veces Presidenta de la Nación y actual Vicepresidenta. pic.twitter.com/UXorU97a1f
— Alberto Fernández (@alferdez) March 30, 2022
La Ley de Protección Integral de las Mujeres en Argentina, define a la Violencia pública-política contra las mujeres como aquella que, fundada en razones de género, mediando intimidación, hostigamiento, deshonra, descrédito, persecución, acoso y/o amenazas, impida o limite el desarrollo propio de la vida política o el acceso a derechos y deberes políticos, atentando contra la normativa vigente en materia de representación política de las mujeres, y/o desalentando o menoscabando el ejercicio político o la actividad política de las mujeres, pudiendo ocurrir en cualquier espacio de la vida pública y política, tales como instituciones estatales, recintos de votación, partidos políticos, organizaciones sociales, asociaciones sindicales, medios de comunicación, entre otros.’