El gran ausente en este asunto es el Intendente Mimesi, radical a cargo del municipio de Tartagal en la provincia de Salta, aún implicada en un escándalo vergonzoso, su correligionaria Paola Díaz y familia.
Las donaciones para las comunidades indígenas habían llegado a la ciudad norteña en el contexto de la pandemia, cuando por la cuarentena y el aislamiento, se vieron agravadas las condiciones de miserabilidad y hambre padecidas por los pueblos originarios en Salta.
Los bultos mostrados a los medios de Tartagal que contienen desde agua mineral, alimentos, calzados, ropa, pañales, entre otros productos venían desde provincias argentinas, conmovidas por las muertes acaecidas y constantes en las poblaciones originarias en un contexto en el que el covid19 arremetió con ferocidad a las ya abandonadas comunidades.
La concejal y sus hermanas, pelearon ni buen muerta su progenitora, por una vivienda cuyo galpón albergaba los bolsones referidos, además de otros objetos como muebles, electrodomésticos, ropa y demás que la fallecida tenía en su propiedad, mostrando el peor lado de la miseria humana, las Díaz, comenzaron una batalla campal en la que no sólo se sacaban en cara las pertenencias de la heredad, sino que además comenzaron a vilipendiarse de tal manera que la mayor de ellas, convocó a la prensa del lugar para que constataran la retención de las donaciones que llevaban al menos un año, en el domicilio de la madre de ellas.
Las hermanas, son personas conocidas en Tartagal por la actividad política y judicial de dos de las tres que componen la familia de núcleo y la mayor de ellas que dijo a los medios locales, haber sido quien cuidaba a la progenitora, hasta el momento de su muerte.
En ese drama que lamentablemente es habitual en las familias, pues llegan a pelear por objetos sin valor, se conoció que la edil radical acaparó estas donaciones que habían sido recolectadas y enviadas el año pasado bajo pretexto de ayudar a las comunidades wichís.
Enterados esta ignominia, los miembros de las comunidades de Tartagal, concurrieron ante el fiscal Medina quien arbitró a la Policía para que el sábado por la noche, se llevaran las donaciones desde el domicilio de la anciana fallecida hasta la comisaría, en donde aguardaran las resoluciones judiciales pertinentes antes de llegar por fin a sus verdaderos destinatarios.
Por todo lo sucedido, ya hubo manifestación de repudio por parte de los indígenas que el fin de semana concurrieron al domicilio del depósito a ejercer la legitimidad de su propiedad sobre los alimentos, algunos ya vencidos por el tiempo que transcurrió, la ropa y los elementos como agua que es de primera necesidad más en esta época de lluvias, calor intenso e inundaciones.
Anticiparon que mañana lunes 8 de febrero, se presentarán ante las autoridades municipales para exigir que se haga la entrega de toda donación, beneficio social y otros elementos de igual índole que se haya tramitado ante organismos gubernamentales y entidades civiles en NOMBRE DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS de ese territorio, entendiendo que tal atribución excede las meras fijadas por la ley en base a la gobernabilidad de la república a través de los representantes electos.