La jueza subrogante a cargo del Juzgado Federal de Garantías N°2 de Salta, Mariela Giménez, dispuso la prisión preventiva de dos miembros de fuerzas de seguridad de la provincia y de un civil, quienes se encuentran procesados por delitos de lesa humanidad.
Los imputados son Rafael Rolando Perelló, ex jefe de la Brigada de Investigaciones de Salta; Juan Carlos Corlli, ex guardia del Servicio Penitenciario de la provincia; y Eduardo del Carmen Del Valle, identificado en la causa penal como “colaborador” e “informante” de las fuerzas de seguridad durante la época del terrorismo de Estado.
La resolución judicial fue promovida por el fiscal general Carlos Martín Amad, del Área de Derechos Humanos de la Unidad Fiscal Salta. Al momento del dictado de esta resolución, Perelló y Del Valle se encuentraban detenidos con prisión preventiva en otras causas penales.
En su pedido para que cumplan la prisión preventiva, el fiscal Amad señaló que la situación de los tres acusados cambió a partir del fallo dictado el 28 de octubre pasado por la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, que resolvió procesar a Perelló, Corlli y Del Valle por delitos de lesa humanidad.
En esa oportunidad el tribunal de alzada hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por el fiscal general Eduardo José Villalba, quien reclamó el procesamiento de los acusados por considerar probada su participación distintos procedimientos ilegales de detención y tormentos a ciudadanos civiles.
Así, Perelló fue procesado por los delitos de allanamiento ilegal y privación ilegítima de la libertad agravada por abuso funcional y por haberse cometido con violencias o amenazas, en calidad de autor, en concurso real con tormentos agravados, en grado de partícipe necesario.
Corlli, en tanto, fue procesado en calidad de partícipe necesario en orden al delito de privación ilegítima de la libertad agravada por violencia y amenazas, mientras que Del Valle quedó imputado por el delito de tormentos agravados. Al quedar firme los procesamientos, el fiscal Amad solicitó el dictado de la prisión preventiva, a lo cual hizo lugar la jueza Giménez.
En Metán
Para justificar la medida dispuesta, la magistrada resaltó las consideraciones de la Cámara Federal de Apelaciones. En tal sentido señaló que respecto a Perelló, “de su legajo personal se desprende que en enero de 1974 fue designado oficial ayudante de seguridad en la Comisaría de Metán y, en diciembre de 1975 fue nombrado oficial ayudante personal de seguridad en esa misma dependencia”. La seccional fue un centro clandestino de detención y base de distintos procedimientos del plan criminal perpetrado durante el terrorismo de Estado.
Para los camaristas, “no puede soslayarse la ponderación de los antecedentes laborales de Perelló”. Al respecto, destacaron una nota suscripta por él, en la cual “solicitó el ingreso a la fuerza de Del Valle fundamentándolo en que este ha participado ampliamente en la lucha antisubversiva con nosotros, ya sea en la parte informativa como en la operativa”.
En base a estas pruebas y otras más ofrecidas por la fiscalía, los jueces establecieron que “se advierte que existen elementos de convicción suficientes para afirmar la participación de Perelló” en tres hechos, por lo que corresponde “admitir el agravio fiscal y disponer el procesamiento del nombrado, como autor de los delitos de allanamiento ilegal y privación ilegítima de la libertad agravada por abuso funcional y por haberse cometido con violencias o amenazas, en concurso con el delito de tormentos agravados, en grado de partícipe necesario”.
Con respecto a Corlli, también indicaron que “de su legajo personal se encuentra probado que se desempeñaba como guardiacárcel en la Unidad Carcelaria Nº 2 de Metán”, como también se acreditó su participación material en un hecho concreto de privación ilegítima de la libertad.
Sobre Del Valle, la jueza indicó que la Cámara encontró “probada su participación y responsabilidad” en un hecho de allanamiento ilegal y posterior privación ilegítima de la libertad de dos ciudadanos, por los que fue procesado en calidad de coautor, pronunciamiento que “se encuentra firme”.
Los camaristas agregaron que Del Valle actuó “como colaborador en la denominada lucha contra la subversión, habiéndose probado que habría brindado ‘información antisubversiva’ a autoridades policiales y que solicitó su ingreso a dicha fuerza ratificando su colaboración ‘tanto en la faz informativa como operativa’”.
LA CAUSA METÁN
Los acusados que ahora resultan con el beneficio de la domiciliaria, fueron encontrados culpables en el 2014 por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar en Argentina.
Cabe recordar las vejaciones, crímenes y demás cometidos que tuvo en vilo a la población del sur salteño.
La jueza subrogante ha otorgado el beneficio de la domiciliaria a otros represores en Salta, argumentando la actual pandemia por covid19.
En 2014 los representantes del Ministerio Público, Francisco Snopek y Juan Manuel Sivila, durante el debate, dieron por probada la responsabilidad de los represores en el “homicidio doblemente agravado, privación ilegítima de libertad cometida con abuso funcional agravada por violencia”. Además, a los ex agentes Del Carmen Del Valle y Del Valle Soraire, también se responsabilizó por los delitos de “violación doblemente agravada y corrupción de menores agravada”. Esto último, en relación al caso de “la guerrillerita” secuestrada en diciembre de 1976 en un parador de la localidad de Metán, al sur de la provincia de Salta. La chica tenía 15 años, cursaba la secundaria en Buenos Aires y por vacaciones había viajado a Salta a ver a su madre.
En Metán la llevaron a la comisaría y fue torturada, vejada y violada en reiteradas oportunidades. Producto de esas violaciones la chica quedó embarazada. Eso no impidió que la siguieran abusando. En su declaración en el juico, la mujer contó que la llevaron a parir a un hospital en la localidad de Rosario de la Frontera el 25 de noviembre de 1977.
La Fiscalía en su alegato dijo que la víctima recuperó su libertad “cuando fue vendida y entregada a una persona de nombre Fermín Chaile”, un empresario de la zona, de 70 años, que siguió sometiéndola hasta que murió en los primeros años de la década del 80. Es es el caso más espeluznante de la causa que hoy terminará con el veredicto. http://infojusnoticias.gob.ar/nacionales/causa-metan-prision-perpetua-para-seis-represores-en-salta-5852.html