La Justicia investigará a funcionarios y dirigentes por retener tarjetas (Aportes solidarios)
de los beneficiarios del Potenciar Trabajo
El juez federal Ariel Lijo instruye el expediente que investiga a Emilio Pérsico y a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, por los supuestos delitos de incumplimiento en los deberes de funcionario público, abuso de poder y malversación de caudales. La denuncia fue presentada por el fiscal Guillermo Marijuán por no haber dado de baja a 253.184 titulares del programa Potenciar Trabajo por las incompatibilidades que detectó la AFIP. Entre ellas, personas que tienen más de dos propiedades y compraron dólares. Hasta ahora, de ese monto, Tolosa Paz dio de baja a casi el 10% de esas personas, unas 23.000, algo que generó malestar entre los movimientos sociales oficialistas que realizaron marchas, cortes y aprobaron un “plan de lucha”.
Los funcionarios judiciales fueron tajantes: no se va a perseguir a los sectores más vulnerables de la sociedad por haber abonado una suscripción a una plataforma de streaming o de música. Los colaboradores de Lijo aseguraron que pondrán el acento en los presuntos “intermediarios”, dirigentes y funcionarios que, según se sospecha, retenían las tarjetas de los beneficiarios y cobraban en su nombre o “SE QUEDABAN CON UN PORCENTAJE”.
“Nadie va a perseguir a los pobres que reciben un plan social por pagar dos, tres, cinco dólares con tarjeta de crédito por un abono de Netflix o Spotify; o porque compraron una moto para delivery”, le explicó a este medio una calificada fuente de Comodoro Py relacionada con pesquisa. Y agregó: “Se va a investigar a los intermediarios, sean punteros, funcionarios o dirigentes que no le hacen llegar la plata del Estado a los más necesitados”. Sentenció Ariel Lijo.
La lupa estará puesta en corroborar cómo se accedió al beneficio y si quienes lo cobraban eran los titulares o no de la tarjeta. Desde el propio ministerio de Desarrollo Social, hasta los pasillos comentaron que hay denuncias, la mayoría anónimas, que cientos de planes estarían asignados a personas que cumplían con los requisitos para acceder al programa, pero intermediarios, posiblemente los mismos que los inscribieron, les retenían las tarjetas para cobrar el beneficio, esto es la mitad de un salario mínimo por cuatro horas de trabajo en una Unidad de Gestión, la mayoría cooperativas o asociaciones que dependen de los movimientos sociales responden al MOVIMIENTO EVITA.
En este punto, uno de los funcionarios que está bajo la mira es Emilio Pérsico, el secretario de Economía Social de quien depende el programa Potenciar Trabajo. El dirigentes, además, es uno de los líderes del Movimiento Evita. Pérsico fue denunciado por el fiscal Marijuán por los mismos presuntos delitos que se le imputan y que por estas alturas son públicos y conocidos los procedimientos fraudulentos con los que proceden, que asimismo los transformaron en millonarios con la administración de los recursos que el estado asigna a la lucha contra la pobreza.
Ariel Lijo fue el magistrado que autorizó a la ministra a abonar el Potenciar Trabajo a los más de 1.300.000 beneficiarios del mes de noviembre. A través de un escrito, Tolosa Paz también le solicitó al juez autorización para depositar los meses de diciembre y enero.
Como argumento, la ex diputada le recordó a Lijo que está en marcha una “validación biométrica” de titulares del Potenciar Trabajo y que ya unos 700.000 se reinscribieron.
Lijo, preciso que el juzgado, no solicitó auditoría alguna, pero podría hacerlo si ya hay un chequeo de identidades y compatibilidades en marcha. Sí, en cambio, solicitó los avances de la validación biométrica al 20 de diciembre, y pidió que, dentro de lo posible, termine el relevamiento, a más tardar, el 15 de enero.
Tolosa Paz le explicó a este medio que los titulares del programa “tienen tiempo hasta el 6
de enero para validar su identidad” y advirtió: “Los que no lo hagan se los dará de baja.
La validación de identidad se realiza a través de un proceso con reconocimiento facial a través de la app «Mi Argentina”.
“La realidad de los acontecimientos es que los movimientos sociales mantienen centros de distribución de mercadería o alimentos que utilizan como galpones de acopio para resguardar las miles de toneladas de productos alimenticios que se reparten por orden de Emilio Pérsico, ya fueron identificados”.
No hay datos ciertos sobre cuántas personas podrían ser las estafadas o extorsionadas por intermediarios. En el juzgado que subroga Ariel Lijo especulan que podrían ser cientos de miles, pero la cifra es incierta, lo que se investigara son causas conexas que involucren estos procedimientos de otros movimientos o dirigentes que hayan o se encuentren involucrados en estos actos ilícitos, como así también las denuncias de los beneficiarios por los mismos hechos.
El Movimiento Evita está en la mira de la Justicia- En este punto, el magistrado tendrá una ardua pero fácil tarea por delante para determinar cuántos planes son cobrados por personas que abusan de los más vulnerables.
Como mínimo existen dos líneas de trabajo: los que retienen las tarjetas de personas que se anotaron de manera legal y a los que el intermediario se las puede devolver para realizar la validación biométrica y después seguir extorsionando. Por experiencia, los colaboradores de Lijo recordaron que no todos se podrán empadronar. En ese caso los llamarán a declarar.
Que no se superpone con el anterior, puede involucrar a funcionarios, punteros o intermediarios que anotaron a personas vulnerables sin que estos supiesen. Es el caso más sencillo. Al no volver a empadronarse, el beneficio se cae de manera automática.
La principal línea de las hipótesis que maneja Tribunales es que las irregularidades y los manejos de fraude y extorsión detectadas en los planes sociales, estarían directamente asociados con el financiamiento de las organizaciones sociales, agrupaciónes políticas relacionadas o sustento y enriquecimiento de dirigentes políticos.
Las estrategias de movilización de cada organización social piquetera o cooperativa fue la de sacar a los afiliados a la calle con el mismo sistema de extorsión que se conoce públicamente que utilizan durante años e impulsar reclamos con consignas que desvíen la atención de la investigación en la que se encuentran la gran mayoría.
Los movimientos piqueteros o sociales se encuentran en serios problemas conjuntamente con sus agrupaciónes políticas que intentan ocultar el objetivo de la justicia de conocer las fuentes de su financiamiento y la relación del manejo o manipulación fraudulenta de los planes sociales como potenciar trabajo, puesto que los beneficiarios de cada organización comenzaron a resistir o sublevarse antes las pruebas públicas que determinan su condición de sometidos, extorsionados o prisioneros de sus propios dirigentes.
La repercusión de la investigación judicial en curso, puso en escena la cantidad de millones de Pesos, que el estado dispuso para ayuda Social y que los mismos dirigentes de los movimientos sociales, administraron de modo tan irresponsable ilegal y fraudulento, que no alcanzó para solucionar mínimamente la situación de pobreza extrema de todos los sectores por una semana.
Lo único que queda muy claro detrás de la investigación judicial es que los movimientos sociales y piqueteros perderán su fuente de financiamiento con el que hicieron vida durante los últimos 20 años y construyeron un estado paralelo con administración de la pobreza, reparto de cargos y enriquecimiento ilícito.