Ante la férrea posición en defensa de los Pueblos Originarios, el poder hegemónico de JxC en Jujuy, debió asumir la culpa de la prohibición con la que excluyó de un plumazo, el derecho a la interculturalidad en las escuelas.
Luciano Angellini, autor del planificado proyecto delictivo legislativo que obligaba al uso «exclusivo» del español en el ámbito educativo provincial, retiró la delictiva y abusiva propuesta parlamentaria, tras una repercusión nacional de tan infame e impune determinación en contra de los IDIOMAS INDÍGENAS.
En este sentido, se hace inocultable, el acto cometido con evidente abuso de autoridad, pues legisladores oficialistas, transgredieron normas y leyes para satisfacer la mezquindad a la que es proclive el responsable político de esto; Gerardo Morales.
El solo impulsar el proyecto de ley, causó alteración a la paz social, hecho cometido por la administración radical en la provincia, con mayoría absoluta en los tres PODERES.
Descubiertos mediante una investigación realizada por este diario IP.
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JUJUY: MORALES PROHIBIÓ EL USO DE IDIOMAS INDIGENAS https://t.co/YUhz2pjBct
— InfoPais (@InfoPaisArg) July 14, 2022
El Estado Provincial, fue descubierto “In fraganti” en uso absoluto de la real interpretación del término, lo que jurídicamente significa; en el mismo momento en que se comete un delito o, por extensión, cualquier acción censurable’: en un planeado, pensado y desarrollado delito de imponer mediante mecanismos delictivos, miedo, confusión y tormento en contra de la población jujeña, que en su mayoría domina en uso preponderante idiomas Indigenas cómo el Quechua y Guaraní, instalando con fuerza de Ley un estado de sitio, que significa la imposición de un régimen de excepción que debe ser impuesto por el poder ejecutivo, en particular por el jefe de Estado (provincial)y con la autorización del órgano legislativo correspondiente a ejecutarlo.
El miedo y la falta de garantías de todo orden para vivir en la Tacita de plata está probado, ninguna interpretación o defensa de lo sucedido, puede ser tomada en cuenta por la pérdida absoluta de idoneidad o credibilidad para justificar lo imposible.
Es lamentable que se repita lo que fue una modalidad en la última dictadura, aunque hoy con un gobierno supuestamente democrático, claro que los de aquella época nefaria, fueron autores del Terrorismo de Estado; hoy el accionar de los legisladores y gobierno de Jujuy, lo han consumado en la modalidad de PSICO-TERRORISMO, al impulsar y luego retirar (por suerte) un plan para aniquilar derechos que ya hoy no se pueden discutir por mandato constitucional en reconocimiento de la preexistencia de derechos de nuestras comunidades indígenas ((art. 75 inc. 17) la que ha sido receptada favorablemente por la acordada 54 de la Cámara Nacional Electoral en conjunto con la Cámara de Diputados de la Nación Declarando el interés Nacional.
Es así que los derechos de los Pueblos Indígenas y la Política Indígena lograron el máximo reconocimiento de los hechos con la verdad y la legítimacion de los planteos.
Es obviamente fácil determinar que el poder judicial de jujuy no iniciara ninguna investigación de oficio, en virtud de pertenecer de modo subordinado a las órdenes de su gobernador.
Aunque conocemos a ciencia cierta que Diputados y diputadas de la Nación por Jujuy y el país se encuentran trabajando coordinadamente con Política Indígena, la presentación de las denuncias que según derecho correspondan.