EMILIO PÉRSICO Y EL MOVIMIENTO EVITA FUERON RECHAZADOS EN HUMEDALES La ley que compromete la autonomía de las provincias sobre sus propios recursos naturales.

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Los Movimientos políticos, acaso cajas de intereses individualizados, fueron limitados por el accionar de la tarea parlamentaria.

Nuevamente el Movimiento Evita, liderado por Emilio Pérsico, cosecha el rechazo absoluto del acto opositor y algunos oficialistas, ayer en la Cámara de Diputados de la Nación, la oposición le dio un rechazo absoluto a las políticas del amigo de Alberto Fernández, en un demostración de falta de conocimiento y apoyo, el Evita sufrió un duro revés al conocer en presencia que la oposición le otorgó más poder a las provincias y le dio a Agricultura la autoridad de aplicación.

El oficialismo quedó en minoría y era fácil comprender que el Movimiento Evita está muy cerca de su final como ideología política.

Los gobernadores peronistas instruyeron a sus diputados a ser muy exhaustivos a la hora de firmar la ley de Humedales para no comprometer a los Estados locales por defender intereses de un Movimiento y sus organizaciones. Tal es así, que el momento fue aprovechado por Juntos por el Cambio, logrando el dictamen de mayoría, que empodera a las provincias para la creación del inventario  y le otorga la autoridad de aplicación al Ministerio de Agricultura.

El escenario quedó abierto porque ningún proyecto tiene los votos garantizados en el recinto y por ahora no hay una sesión prevista para tratarlos. Pero hay tiempo hasta el 30 de diciembre e inclusive durante todo 2023, por lo que las negociaciones para lograr un consenso comenzarán en estos días.

Los oficialistas del movimiento Evita, que promueven la ley, quedaron conformes y confían en lograr un texto de consenso que ignore a los gobernadores de su propio espacio .

El debate es por una ley que establezca una protección mínima a los humedales, considerados ecosistemas esenciales para sostener la biodiversidad o fuentes esenciales para la vida como el agua. También actúan como barrera protectora frente a inundaciones, sequías y otros desastres naturales.

Para que no se extingan, la ley en debate requiere una definición precisa de un humedal, un método para identificarlos y un mecanismo para protegerlos entre la Nación, autorizada por la Constitución para legislar sobre presupuestos mínimos ambientales; y las provincias, dueñas de los recursos naturales.

Las cámaras mineras, hidrocarburíferas y agropecuarias miran con lupa esta legislación porque consideran que sus inversiones están en riesgo si se detectan humedales en entorno. Y presionan a los gobernadores para limar la letra chica.

Con ese escenario, el plenario de comisiones de Diputados tuvo un dictamen de mayoría elaborado por Juntos por el Cambio y Córdoba Federal, que alcanzó 57 firmas. Diez menos tuvo el proyecto del oficialista del movimiento Evita Leonardo Grosso, acompañado por Graciela Camaño (compañera de interbloque de los cordobeses), pero no por los representantes oficialistas de Santiago del Estero, Salta, La Rioja, Catamarca, San Juan y Formosa.
Tampoco se sumaron los mendocinos del FdT, mientras que sí firmó el chaqueño Juan Pedrini, cercano al gobernador Jorge Capitanich.

Se consideran como tales zonas con «presencia temporaria o permanente de agua superficial o subsuperficial, que causa flujos biogeoquímicos propios y diferentes a los ambientes terrestres y acuáticos».  Pero también donde hay «plantas hidrófitas, y/o suelos hídricos o sustratos con rasgos de hidromorfismo». El de JxC hace una salvedad con la zonas anegadas o inundadas.
La diferencia está en el inventario y el control, porque el dictamen opositor le asigna la autoridad de aplicación al Ministerio de Economía con su área de Agricultura «con participación de equipos técnicos, de organismos científicos y de gestión y de las Autoridades locales de las jurisdicciones».
También le da participación a las provincias en el relevamiento a través del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), que integraría un Comité Federal de aplicación junto a otros organismos públicos para seguir de cerca el inventario.
Además, hay un lucro cesante a las actividades productivas que puedan ser perjudicadas para adaptarse a la protección de humedales.
Por caso, crea un fondo fiduciario para los Humedales con el 0,05% del presupuesto nacional y asigna un 70% a los titulares de los predios donde sean localizados. El resto se derivará a las autoridades competentes de las provincias.

«Pretendimos buscar un equilibrio lógico y razonable, con lineamientos para encauzar las tensiones sociales, económicas y ambientales. Es mentira que no queremos una ley de humedales», presentó el dictamen mayoritario Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica.

El texto de Grosso quedó en evidencia, que a otro formato más de la extensión de la política del movimiento Evita de crear espacios con manejo de recursos, por parte de ellos, este proyecto del movimiento Evita fue advertido por el oficialismo y descubrieron que le da el rol de autoridad de aplicación a un organismo creado a tal efecto por el gobierno de turno, con una coordinación interjurisdiccional.
Crea un fondo mucho más cuantioso, con el 0.5 del presupuesto, que destina a implementar la ley y sólo una porción pequeña se asigna a compensar a las jurisdicciones que conservan humedales.
Hay más restricciones al uso de humedales, que llegan a sancionar la incorporación de especies exóticas y se aplica el «principio in dubio pro natura», para que en caso de controversias deberán resolverse para la «conservación del medio ambiente».

Cabe resaltar que por la falta de representación en los tratamientos de esta índole por especialistas de pueblos indígenas o bancas específicas, no hubo participación de los Pueblos Originarios.

«Tenemos un amplio acuerdo para sancionarla, sólo hay que resolver los diferencias, el articulado, el finito como le decimos. Nada termina acá», celebró Grosso cuando pasó a la firma los dictamen. 

Del Grosso no comprende que el rechazo a la pretensión del mandato de su movimiento es explícita.
Pero la gran duda es qué harán los gobernadores que retacearon las firmas y los opositores de esas provincias no quieren quedar enfrentados a los productores locales.

«Quiero escuchar a esas provincias que no quieren acompañar, aun siendo parte del oficialismo. No se puede dejar de escucharlas», reclamó el radical Ricardo Buryaile, presidente de la Comisión de Agricultura. Por ahora no hay fecha para volver a reunir las comisiones. La próxima cita es el recinto.

El camino de la extinción de un movimiento es cuando no se reconoce haber perdido Elecciones y ser administradores de la pobreza.


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