La oposición de JxC , UCR y aliados descubrieron que Argentina funciona perfectamente, que va por buen camino a solucionar los gravísimos problemas de endeudamiento, inflación y déficit que dejó su gestión y en conjunto con una cautelar del poder judicial de la nación, pretenden asumir el control del poder Ejecutivo , Legislativo, Político, Social, Eclesiástico y Militar del país por la fuerza.
El partido político judicial que conforman los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, emitió su comunicado N°1 al mejor estilo setentista, haciendo público, su posición política, en una explícita resolución judicial.
«Se trata de un fallo político en contra de las provincias argentinas y de imposible cumplimiento«, expresó el presidente Alberto Fernández, junto a catorce gobernadores, puesto que la medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia, en la que ordenó modificar los porcentajes de coparticipación en beneficio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. «Es un fallo inédito y político».
«La Corte Suprema pretende sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de gobierno de la CABA en un año electoral». En reunión del Presidente con mandatarios provinciales, expresaron que el fallo no podrá cumplirse porque «el Congreso Nacional aprobó por ley el Presupuesto 2023 sin contemplar crédito presupuestario para tal finalidad».
La decisión del Gobierno Nacional de proteger al estado, mediante el diálogo y el llamado a la sensatez de la CSJN, se resolvió recusar a los miembros de la Corte y presentar un pedido de revocatoria «in extremis» de la resolución cautelar dictada, en virtud de que los Estados provinciales solicitarán ser incorporados como parte querellante en el expediente, acompañando la recusación.
La reunión de Casa Rosada duró varias horas y comunicaron al país que resolvieron firmar una declaración conjunta de acciones a seguir, los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Catamarca, Raul Jalil; de Chubut, Mariano Arcioni; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de Formosa, Gildo Insfrán; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de La Rioja, Ricardo Quintela; de San Juan, Sergio Uñac; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; y el de Tucumán, Osvaldo Jaldo. Bajo modalidad virtual participaron también los mandatarios del Chaco, Jorge Capitanich; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; y de Misiones, Oscar Herrera Ahuad (quien se manifestó a favor de la postura común, pero no apareció como firmante del documento final). El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, no participó de la reunión, pero sí firmó la declaración conjunta.
También estuvieron en el Salón Eva Perón, el ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro; el secretario general de Presidencia, Julio Vitobello; la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos.
La CSJN al mejor estilo Guaidó, Boluarte, Bolsonaro o Añez , emitió su primer comunicado de contenido de prensa de épocas de gobiernos de golpes militares o de facto.
El grupo político que tomo la CSJN, decidió en modo golpe, tomar los recursos del estado y ser el administrador por la fuerza, de esta manera ordenaron aumentar el porcentaje de coparticipación que le corresponde a la Ciudad de Buenos Aires al 2,95,%, ordenó otorgarle a CABA 180 mil millones de pesos, adicionales.
El Presidente explicó de modo contundente que transferír esos recursos afectarán profundamente a las provincias del país y que la CSJN determinó que esos recursos saldrían del presupuesto nacional, que se ejecuta en políticas públicas, en todo el territorio de la Nación.
“ La realidad es que el efecto inmediato de cumplir con este fallo, lesiona de modo muy grave los recursos del presupuesto nacional designado a políticas públicas del país”
Los fondos que el Gobierno debería entregarle a la Ciudad, saldrían de plata para administración general del Estado y no de los fondos coparticipables, el grosero error del grupo de asalto que tomó la CSJN es que omitió que para dar mínimamente cumplimiento a su cometido, habría que modificar el Presupuesto ya votado en el Congreso Nacional y reducir fondos previstos para obras públicas, salud y educación –entre otras áreas– en las provincias.
En este caso, los legisladores oficialistas y de la oposición deberían votar un nuevo Presupuesto o una modificación del mismo, pero en perjuicio de las provincias que representan.
Otro extremo error de los golpistas judiciales es desconocer que el Art. 9 de la Ley de Cautelares se indica Claramente que “los jueces no podrán dictar ninguna medida cautelar que afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cualquier forma, perturbe los bienes o recursos propios del Estado”.
En otras palabras, la cautelar es «imposible de cumplir». La resolución de la Corte es un nuevo capítulo de una disputa judicial iniciada en 2020, cuando el Presidente decidió modificar los porcentajes de coparticipación, dando marcha atrás con el beneficio concedido a CABA por el gobierno de Mauricio Macri.
El pasado y presente del debate por los porcentajes en cuestión tienen larga data, no es la primer manifestación de usurpación de poder del partido judicial, es la más seria quizás por el descaro de la pretensión al intentar manejar la economía argentina por medidas cautelar.