Por el daño al patrimonio estatal intentan inculpar al cacique de la comunidad en donde se constató la desaparición de rieles y durmientes de la vía del tren en la localidad salteña de Aguaray.
Hipólito Fabián, en conversación con el reportero Pedro Caro, deja en evidencia que el verdadero delito es contra trabajadores municipales originarios a quienes le abonan hasta 8 mil pesos mensuales como salario, muy por debajo del mínimo vital y móvil fijado por ley en Argentina.
El interventor Adrián Zigarán, designado en el lugar por el Gobernador Gustavo Sáenz, es propenso a considerar por prejuzgamientos, la culpabilidad de los originarios, midiendo con distinta vara las situaciones graves que acontecen en el paraje Piquirenda, donde el desalojo compulsivo e ilegal de las comunidades originarias es una constante cometida por terratenientes de la zona e incluso por empresas extranjeras dedicadas a la explotación petrolera, casos que están en pleno conocimiento del funcionario ad hoc, pero que no representan para él, materia investigativa.
