Operación de espionaje político sobre dirigentes del Norte Argentino EL INFORME "ESTADO MAFIOSO" SOBRE LOS AÑOS DEL GOBIERNO MACRISTA FUE DADO A CONOCER POR LA BICAMERAL

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La comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia dio a conocer el espionaje ilegal que resulta un sello imborrable de la oscura y nefasta gestión cambiemita.

La organización delictiva investigada por la Justicia Federal de Dolores, desarrolló acciones de inteligencia ilegal sobre distintos referentes políticos de gran incidencia en la vida política e institucional de las provincias de Corrientes y Salta.

Al respecto, el Juzgado acreditó que la organización tenía los informes de registros telefónicos y de movimientos migratorios de Ricardo Colombi, Eduardo Tassano, Sergio Flinta, Eduardo Alejandro Vischi, Carlos Mauricio Espínola y Alfredo Olmedo. En el marco de esas actividades también se constató que la organización procuró ofrecer proyectos o programas electorales y de gestión de gobierno –presentados con logo de la Embajada de los Estados Unidos–.

En concreto, en el caso de la campaña a Presidente de Alfredo Olmedo, la organización le presentó incluso un plan de campaña.

De tal examen el Juzgado verificó una vez más que los intereses políticos de muchas de las operaciones de la organización buscaban influir en la situación institucional y política del país. A la par de esos “servicios”, también ofrecían equipos tecnológicos vinculados al espionaje y a la “lucha contra el narcotráfico”.

En concreto, los casos revisten una enorme gravedad institucional si se tiene en consideración las funciones públicas que desarrollaban los objetivos investigados y que se corresponden a períodos en los que se estaba realizando una campaña electoral. Los documentos señalados fueron exhibidos por el Juzgado a todos los involucrados quienes reconocieron su contenido, sus abonados y los registros de comunicaciones que contenían, a la par que brindaron sus explicaciones sobre esos archivos.

En el caso puntual de la provincia de Corrientes, en el segundo informe que aportó a esta investigación la Comisión Provincial por la Memoria (el 26/04/2019), se relevaron siete archivos en formato de tablas o Excel y dos de presentación tipo PowerPoint. La sistematización que realizó sobre ellos la C.P.M. permitió detectar que referían a actividades de inteligencia ilegal con fines políticos en esa provincia. En los mismos se registran miles de comunicaciones telefónicas de Ricardo Colombi, Eduardo Vischi, Eduardo Tassano y Sergio Flinta –funcionarios públicos y referentes políticos de la U.C.R. de la Provincia de Corrientes–.

Ricardo Colombi

Los documentos en formato referenciados, son archivos que registran miles de comunicaciones telefónicas de Ricardo Colombi, Eduardo Vischi, Eduardo Tassano y Sergio Flinta, funcionarios públicos y referentes políticos de la U.C.R. de la Provincia de Corrientes. Ellos comprendían un período aproximado de dos meses –creados en el mes de mayo de 2017– y daban cuenta de las titularidades de los números telefónicos que interactuaban con estas personas y el entrecruzamiento de las llamadas entre ellos y Carlos Mauricio Espínola. La compulsa de esos documentos da cuenta, según indica el Juzgado, que habían sido destacados algunos ítems en particular por sobre el resto de la información que contienen, lo que reflejaba el verdadero interés en la recopilación de esa información de acceso restringido.

Al respecto, el año 2017 fue época de campaña electoral en la provincia de Corrientes y se eligieron diversos cargos provinciales. En ese contexto, Marcelo D’Alessio le ofreció al Senador Espínola colaborar con su campaña. Se llevaron a cabo varios encuentros donde le fueron exhibidas al Senador diversas propuestas en distintas temáticas y áreas públicas (educación, salud, seguridad, economía, etc.) en distintos documentos de tipo PowerPoint que tenían el logo y hacían referencia a la Embajada de los Estados Unidos.

Asimismo, se le ofrecieron servicios de tecnología “de avanzada” (teléfonos encriptados, equipos de interceptación de comunicaciones, escáneres de camiones que eran capaces de detectar drogas, etc.), al tiempo que se le mostraban las comunicaciones que había tenido con sus adversarios políticos y las que ellos mantuvieron entre sí.

Bajo esas premisas, la organización consiguió datos sensibles que únicamente podrían ser obtenidos mediante una orden judicial o que son de acceso restringido, relacionados a los actores políticos que representaban –en el año 2017– “el contrincante político a vencer” en la contienda electoral de ese año, en la que se jugaba la elección de distintos cargos públicos. En tal marco, se desarrolló una plataforma de campaña.
Por otro lado, emparentado con los casos anteriores en los que la organización pretendió inmiscuirse en los ejes de campaña de la provincia de Corrientes y para una precandidatura presidencial del ex diputado Olmedo, el Juzgado acreditó que se realizó también una propuesta a la provincia de Formosa.

Ella es anterior a aquéllas pues data de marzo de 2016 y está destinada al oficialismo con el objetivo de las elecciones legislativas del año 2017. El eje central de la propuesta es la relación con los medios de prensa y el planteo de una estrategia comunicacional, que se sintetiza como “blindaje mediático”. Por ello, se propone la contratación de 250 de personas para cubrir el rol de “trolls”, que cubran funciones de conformación de opinión. Otro eje relevante señalado en los documentos, es la llamada “modernización del Estado”, la creación de condiciones para el acceso a créditos internacionales y la “reforma política”.

En concreto, se trató de una propuesta escrita en primera persona y con el logo de una presunta consultora llamada “Bettermedia. Latam crisis management”


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