La Justicia Federal, investiga a ex funcionaria responsable del área de Género en la Municipalidad de la ciudad norteña de Tartagal, tras malversar los fondos que se destinan a través del programa nacional «ACOMPAÑAR» para contener a mujeres víctimas de violencia de género.
Carla Cordero se desempeñaba como directora de la Mujer y la Diversidad de Tartagal, hasta que se dio a conocer el manejo que hizo a través de su oficina, de los planes que Nación arbitra para las víctimas de violencia de género. Hecho acaecido en el 2022 y cuyos audios se viralizaron recientemente.
También por este delito está investigada Sandra Domínguez y su hijo de apellido Hurtado.
En audios que fueron expuestos mediante la programación de Radio Nacional Tartagal, se escucha a las involucradas y a víctimas, en una tensa situación en la que se detalla cómo negaban los planes a las damnificadas para reemplazarlas por conocidas a las que le restaban de los fondos depositados, siendo las falsas beneficiarias, parte del entramado corrupto desarrollado desde el Ejecutivo comunal que maneja Mario Mimessi, en calidad de Intendente. Cabe por esto, mencionar, que el funcionario de extracción radical, había sido considerado posible candidato a la fórmula electoral para la Gobernación en las próximas elecciones de mayo, era el nombre por el que las alianzas y frentes electorales de Gustavo Sáenz, se jugaban.
Tras este, entre otros desmanejos de la comuna norteña, el Gobernador Sáenz y su equipo político -dirigido por Pablo Outes– decidieron «bajar» a Mimessi, quien supone que iría por un mandato más en la comuna, acción que queda descartada por estos «asuntos» que llevarán a la gestión radical norteña a enfrentarse con la Justicia Federal por hechos de corrupción, fraude al Estado nacional y perjuicio a las víctimas más vulnerables en el departamento San Martín, mujeres víctimas de violencias.
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La displicencia con la que Cordero, Domínguez y Hurtado, logran cometer los delitos, mediante la función municipal, sólo pudo haber sido resultado de una Intendencia proclive a algo más que la mera falta de control, si tenemos en cuenta que la Justicia Federal ya tiene posición tomada en estos delitos de índole política, en los recientes juzgamientos a autoridades nacionales. Mimessi, no puede estar exento de lo que sucedió con la dirección municipal que él dio a manejar a Carla Cordero, sobre todo por la recolección de fondos que hicieron usando los planes nacionales «ACOMPAÑAR» si se tiene aún más en cuenta que dichos fondos sociales pasan por distintos grados de control, no sólo de la esfera administrativa, sino política. Desde Desarrollo Social de la Nación, hasta los Movimientos Sociales, hoy coincidentes en un partido político como el recientemente creado, LA PATRIA DE LOS COMUNES.
En medios salteños, oficialistas, se apresuraron a deslindar a Mimessi y sólo señalan en esta red de corrupción a Cordero y otros. «Al declarar en la Justicia Federal, Cordero argumentó que quienes le depositaban dinero en las cuentas de Hurtado y Domínguez lo hacían para pagarle «honorarios», ya que dice desempeñarse como agente inmobiliaria. La maniobra no solo se realizaba en Tartagal sino también en General Mosconi, donde existía una suerte de oficina paralela para captar mujeres que aceptaran el subsidio con la sola condición de darle una parte a las ahora imputadas.» Publica la prensa salteña, evitando referir el contexto y la lógica cadena de mandos que obran en la Municipalidad de Tartagal, siendo imposible pensar que en época de campaña, los beneficios sociales se destinan sin intervención alguna de los altos mandos del Ejecutivo en cuestión.
Insistimos desde este medio que la estructura de los planes sociales deberán sanearse de los manejos que las dirigencias partidarias hacen de ellos, siendo instrumentos de la desvirtuación en uso impune en contra de los derechos sociales y las libertades de los beneficiarios.