La fiscalía consideró a la también ex intendenta de esa ciudad y al ex secretario general de los trabajadores municipales, Jacinto Sampayo, como coautores de negociaciones incompatibles con la función pública, incumplimiento de sus deberes, defraudación al Estado y lavado de activos agravado.
Solicitaron que todas las personas acusadas abonen una multa de dos veces el monto de la operación delictiva y que sean decomisados los bienes producto del delito de lavado de activos. El debate continuará el próximo 5 de marzo con los alegatos de las defensas.
Los fiscales generales Federico Carniel y Carlos Gonella y la fiscal general Indiana Garzón le pidieron al Tribunal Oral de Resistencia, integrado por los jueces Enrique Bosch y Juan Manuel Iglesias y la jueza Noemí Berros (y Manuel Moreira como juez sustituto), la imposición 10 años de prisión para la exdiputada nacional y exintendenta de esa ciudad, Aída Ayala, y penas de entre 3 y 10 años de prisión para otras 15 personas por haber integrado una organización que defraudó a la Administración Pública a través de diferentes conductas delictivas y luego lavó el dinero provenientes esas actividades.
Para los fiscales se encuentra debidamente probado que los imputados conformaron una organización ilícita que se apropió de recursos públicos para beneficiar a la empresa PIMP S.A., propiedad del secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Jacinto Sampayo, y las firmas Tecmasa S.A., Recifis S.R.L., Dafs S.A., Ría Construcciones S.A., Ingeniero Pedro Alberto Construcciones, Logística Belgrano S.A., Coyrel S.A. y Cooperativa Las Palmeras, entre otras, con el otorgamiento de la licitación para el servicio de recolección de residuos de la ciudad chaqueña de Resistencia. La causa es conocida como “Lavado II” o “PIMP”.
El debate comenzó el 18 de septiembre pasado y a lo largo de las audiencias declararon 62 testigos y se produjeron una multiplicidad de otras pruebas documentales e instrumentales. Las audiencias de alegatos del MPF comenzaron el 18 de diciembre y está previsto que el 5 de marzo comiencen los alegatos de las defensas.
Pedido de penas
Los fiscales y la fiscal solicitaron para la ex diputada y ex intendenta de la ciudad de Resistencia, Aída Ayala, las penas de diez años de prisión y de inhabilitación perpetua por considerarla coautora de los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y defraudación contra la Administración Pública, a los cuales consideró como delitos precedentes del de lavado de activos agravado por haber sido cometido como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza, por la que también la acusaron en grado de coautora.
Las mismas penas de diez años de prisión y de inhabilitación perpetua solicitaron para Sampayo, tras considerarlo coautor de los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública; incumplimiento de los deberes de funcionario público y defraudación contra la Administración Pública en concurso ideal entre sí, en concurso real con el delito de lavado de activos agravado por haber sido cometido como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza.
Carniel aseguró que, a lo largo del análisis de la prueba recolectada, fue probada la autoría de Ayala y Sampayo, ya que existió una “negociación incompatible con el ejercicio de la función pública» y que hubo un “incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos”.
En tanto, por los delitos de defraudación contra la Administración Pública, en concurso real con lavado de activos agravado por haber sido cometido como miembros de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza, la fiscalía requirió las siguientes penas:
Para el abogado Daniel Fischer y los empresarios Carlos Huidobro y Pedro Alberto Martínez, 8 años de prisión por considerarlos coautores.
Para la contadora Patricia Vázquez y el abogado Rolando Javier Acuña pidieron la pena de siete años de prisión, por considerarlos partícipes necesarios.
Para Fatima Jessica Rigassio, Diego Alberto Martínez Guarino, Cristian Adrián Zapata y Luis Guillermo Escobar pidieron tres años de prisión. La primera fue considerada partícipe necesaria, mientras que los restantes fueron acusados en carácter de partícipes secundarios.
Para Eulalio Bouza pidieron la pena de cuatro años de prisión por considerarlo partícipe necesario en los delitos precedentes y como partícipe secundario en el lavado de activos.
Por otro lado, solicitaron tres años de prisión para Enrique Baumwollspinner, Elsa Martínez, Monica Centurión y Víctor Hugo Quiroz como partícipes secundarios del delito de lavado de activos agravado por haber sido cometido como miembro de una asociación o banda continuada de hechos de esa naturaleza.
La fiscalía requirió que todas las personas acusadas abonen además una multa de 2 veces el monto de la operación y que les sean decomisados los bienes «producto o provecho del delito de lavado de activos» para «asegurar las penas pecuniarias y las costas del proceso».
Por otro lado, pidió la absolución de Natalia Soledad Martínez Guarino, por aplicación del beneficio de la duda.
La acusación
En la audiencia del jueves pasado, la fiscal Garzón señaló que los imputados conformaron una organización que tenía como fin último “obtener fondos de la municipalidad de la ciudad de Resistencia para el lavado de activos”. En esa línea, destacó que sus conductas no debían ser analizadas de manera individual sino en el marco del funcionamiento de esta organización.
En relación a la contadora Vázquez, señaló que era “muy conocida” en la ciudad y destacó que su aporte fue “significativo” en relación a la organización criminal debido a sus “conocimientos técnicos”.
Garzón también se refirió al rol que tuvo Escobar y aseguró que el hombre llevó adelante numerosas acciones dentro de las maniobras que se fueron describiendo a lo largo del debate.
Durante la audiencia del viernes, Gonella sostuvo que el “juego” del lavado de activos es “ocultar” y para eso hay personas que “prestan su nombre para formar parte de una empresa que no desarrolla su objeto formal declamado de acuerdo al principio”.
Desde el punto de vista no jurídico sino fenomenológico, el lavado de activos consiste en un proceso que busca alejar dos términos: la fuente de la riqueza; en este caso la corrupción publica, y el beneficiario final de esa riqueza que, a través de las maniobras del delito de lavado de activos, pretende distanciar los fondos. En el medio, existen distintos eslabones. Cuantos más eslabones hay más difícil es el desafío que tenemos los operadores del Poder Judicial”, resaltó.
En esa línea, se refirió a que estos “eslabones” pueden ser personas físicas y jurídicas. “No es relevante si el beneficiario final registra bienes a su nombre. Lo importante es el control que ocupan sobre las personas físicas y jurídicas para dar apariencia legal a la riqueza que proviene de una fuente ilegal», afirmó.
Luego, tomó la palabra el fiscal Carniel que, a modo de conclusión, sostuvo que a lo largo de la etapa de alegatos el MPF realizó una “acabada descripción” de cada uno de los hechos delictivos y que, por ello, la fiscalía consideraba que “la materialidad y la autoría de los hechos se encuentran debidamente acreditadas por parte del MPF”.
En esa línea, se refirió al análisis que debe realizarse cuando se investiga el delito de lavado de activos y señaló que siempre existe un hecho precedente que funciona como “generador del delito ilícito”, y que las maniobras de lavado de activos se realizan para “poder disfrutar de ese dinero”. Carniel aseguró que, a lo largo del análisis de la prueba recolectada, fue probada la autoría de Ayala y Sampayo, ya que existió una “negociación incompatible con el ejercicio de la función pública» y que hubo un “incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos”.
“No es relevante si el beneficiario final registra bienes a su nombre. Lo importante es el control que ocupan sobre las personas físicas y jurídicas para dar apariencia legal a la riqueza que proviene de una fuente ilegal», afirmó Gonella.
Remarcó además que ambos favorecieron a los distintos empresarios y personas que pudieron hacerse de grandes sumas de dinero a través de los contratos que firmaron, “sobre todo desde el año 2010 en adelante”.
También señaló que hubo distintos grados de participación de cada uno del resto de los imputados. “Cuando analizamos la conducta individual de cada uno de ellos, cada actividad que mencionamos debe ser analizada en relación al resto de los imputados. No quedan dudas de que la maniobra de los empresarios fue fraudulenta. Generaron la posibilidad de que se lleve adelante un contrato, con la complicidad de los funcionarios”, puntualizó.
Finalmente, se refirió al concepto de corrupción y aseveró que es un delito que afecta a los sectores más pobres, ya que alimenta la desigualdad y la injusticia. “Es un factor clave del bajo rendimiento en el alivio de la pobreza”, añadió. “Este dinero debería haber sido destinado para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la ciudad de Resistencia pero cayó en las arcas de estos empresarios”, concluyó.
El caso
De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio, las personas imputadas conformaron “una organización destinada a la obtención de beneficios económicos, a través de la implementación de mecanismos articulados para resultar adjudicatarios de determinadas prestaciones por parte de la Municipalidad de Resistencia, valiéndose para ello de la conformación de sociedades creadas a medida tanto para resultar beneficiados en las licitaciones, y al mismo tiempo para ocultar la identidad de los verdaderos dueños”.
De esa forma, realizaron diversas maniobras para “ingresar el producido de esos ilícitos al circuito legal mediante propios actos de lavado como ser la compra de bienes inmuebles, vehículos automotores, embarcaciones y pago de servicios, capitalización de empresas, entre otras complejas maniobras de reciclaje, generando incrementos patrimoniales tanto en los funcionarios públicos involucrados, como así en las personas físicas y jurídicas creadas al efecto, los cuales no resultan compatibles con la capacidad económica e ingresos lícitos registrados por los mismos”. De acuerdo al requerimiento del MPF, la organización estaba encabezada por Ayala y Sampayo, “que fueron los encargados de haber conformado e ideado ese eslabonamiento de personas y empresas”.
La investigación se inició en enero 2018, a raíz de una denuncia anónima que daba cuenta de que Sampayo -al momento de los hechos secretario general del sindicato y responsable de la firma de recolección de residuos de Resistencia- le exigía dinero al personal municipal bajo amenazas y que ponía a nombre de familiares los bienes adquiridos ilícitamente para que la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) no sospechara.
Tras una serie de medidas, la fiscalía federal de Resistencia inició en marzo de 2018 una investigación respecto de la exintendenta, de Sampayo, de Daniel Fischer -exjefe de campaña de Ayala- y de otros empresarios proveedores de la municipalidad, funcionarios y personas de su entorno por maniobras compatibles con lavado de activos provenientes de delitos de corrupción, fraude a la Administración Pública, enriquecimiento ilícito y asociación ilícita.