Gerardo Morales arremetió contra el Gobierno Nacional en lo que consideró un delito por entregar «tierras fiscales» al Frente Agrario Evita y a otras familias del campesinado radicadas en Palma Sola, provincia de Jujuy.Usurpación y abuso de autoridad son los delitos denunciados penalmente por el mandatario norteño, para traducir la estrategia legal el gobierno radical es muy fácil de determinar, va por lo desalojos y costos políticos.
Esta situación grave por todo lo que institucionalmente implica un alto costo político nacido primeramente en la desinteligencia del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, en su desmedida ambición dirigencial en un esquema de gobierno que se ve perjudicado nuevamente por alguno de los sectores que integran el Frente de Todos.
Recientemente, desde Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, el secretario del área, Miguel Gómez, hizo entrega a 63 familias rurales de la certificación que acredita la posesión de tierras destinadas al desarrollo de la agricultura familiar.
Alrededor de 23 mil hectáreas en la localidad de Palma Sola, departamento de Santa Bárbara, provincia de Jujuy.
El Frente Agrario Evita agrupa otras localidades del norte como Yuto, Palma Sola y las salteñas: Orán, La Caldera e Hipólito Irigoyen, además de la jujeña Palpalá.
Por su parte, Gerardo Morales, inició la querella judicial a nombre de Miguel Ángel Gómez como titular de la SAFCI, María Castillo responsable de Arraigo Rural y Tierras Agripecuarias, junto a Cecilia Iriarte, intendenta del Parque Nacional Calilegua.
En la presentación judicial de Morales se detalla; La operatoria delictual a que se refiere la presente tiene como sustrato fáctico una serie de actos administrativos y vías de hechos ejecutados por funcionarios públicos que, arrogándose atribuciones del gobierno provincial y en abuso de sus competencias legales, procedieron a emitir instrumentos de reconocimiento de posesión a particulares y sobre territorios que o bien pertenece al domino público provincial o bien son de titulares privados»
Morales sostiene como espíritu de sus argumentaciones ante la justicia penal que la Nación obró sobre el territorio provincial sin acuerdo de las autoridades locales, desconociendo la autoridad del PEN para disponer de las tierras fiscales en territorios provinciales. El manejo patrimonial no está expresamente legislado por el parlamento jujeño con respecto a estos casos de lo que se considera bienes del Estado nacional. En tanto que el Movimiento que responde a Pérsico ha obrado sin un mínimo de cautela para no generar en terreno de enemigos políticos, un conflicto que ahora parece un escándalo para el Presidente Alberto Fernández, por medio de un espacio popular fuertemente cuestionado por propios y ajenos.