Los dirigentes del Partido Obrero Gabriel Solano y Eduardo Belliboni fueron denunciados por el fiscal Guillermo Marijuán por “amenazas y extorsión” por el presunto cobro del dos por ciento de lo que percibe cada persona por el Plan Potenciar Trabajo que milita en esa agrupación.
La causa está a cargo de la jueza María Servini quien deberá decidir sobre la imputación a los dirigentes del PO, partido que a la fecha posee 60 mil afiliados que se benefician del Programa Potenciar Trabajo y que suponen les cobran por ello un 2% del beneficio social que reciben del Estado nacional.
En la causa iniciada, se detalla «obligaban a las personas que reciben el subsidio Potenciar Trabajo a hacer un aporte mensual del 2 por ciento de los haberes que reciben por parte del Ministerio de Desarrollo Social.
Marijuan en los fundamentos presentados en su carácter de responsable por la Fiscalía federal en lo Criminal y Correccional n°9 incluyó declaraciones del legislador Gabriel Solano, del Polo Obrero, en las que detalla: «“en el Polo Obrero hay un aporte del 2% de los ingresos de cada persona que cobra un plan. Ese 2% sirve para financiar lo que el Estado no financia. Por ejemplo, el alquiler de los comedores y merenderos, y el gasto logístico y de transporte de la mercadería. El Potenciar Trabajo son $19.000, estamos hablando de $380″.
El fiscal federal, en su presentación a la jueza Servini, infiere que el diputado Solano «admitió que un porcentaje de la asistencia se destinaría a la organización».
Incluso, medios periodísticos entrevistaron por esto al dirigente del PO, Belliboni, quien confirmó el hecho declarado públicamente por Solano.
🥵En medio de los ataques contra el movimiento piquetero el fiscal federal Guillermo Marijuan denunció a los dirigentes del Partido Obrero Gabriel Solano y Eduardo Belliboni basandose en un artículo publicado en el diario Clarín
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Belliboni, al respecto, dijo: «un aporte voluntario votado en las asambleas» reuniones en las que «se rinden cuentas sistemáticamente sobre los ingresos y gastos y se aprueva colectivamente el destino de los recursos que son de todas y todos los compañeros».
A consecuencia de la cantidad de afiliados que aportan el dos por ciento, el monto embolsado por las autoridades Obreras, rondaría un cifra superior a los 22 millones de pesos por mes, un total estimado anual que supera a los 273 millones de pesos.
Marijuan detalla en la causa que las circunstancias “fácticas” descriptas son suficientes para entender que “existen elementos de entidad suficientes para formular la correspondiente denuncia penal en orden a la presunta comisión de los delitos previstos y reprimidos en los artículos 149 bis y 168, ambos del Código Penal, sin perjuicio de que el avance de la pesquisa permita encuadrar las conductas ilícitas en otros tipos penales”
Sobre los artículos expuestos por la fiscalía criminal, el primero corresponde al delito de amenazas con una pena de seis meses a dos años, en tanto que el segundo se referencia al delito de extorsión con una condena de reclusión o prisión de cinco a diez años.
El fiscal, entiende que es deber el «determinar en definitiva la comisión de los hechos denunciados, puesto que muchas personas en estado de necesidad serían obligadas a hacer determinadas acciones o a entregar parte del dinero público que reciben de los planes sociales a dirigentes de distintas organizaciones sociales y políticas”.
Así es que por reunión de pruebas, Marijuan, solicitó a Servini que “Se libre oficio al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y al Ministerio de Desarrollo Social, ambos de la Nación, para que informe qué cantidad de planes de inserción laboral, denominado ‘Potenciar Trabajo’, fueron otorgados a personas vinculadas al Partido Obrero, desde su creación en el año 2020″.
Además de “si en tales organismos estatales se registran denuncias por pedidos de dinero a los beneficiarios de este plan a cambio de su otorgamiento, y en su caso, si se labraron expedientes administrativos o si se efectuaron las correspondientes denuncias en sede judicial”.
El funcionario del MPF reclamó “gobernadores de todas las provincias del país, como así también a los Intendentes de cada municipio de la provincia de Buenos Aires, que informen si han recibido denuncias, a través de sus órganos de gobierno, en orden a los hechos ilícitos aquí develados”.
GOBIERNO BONAERENSE Y LOS PLANES SOCIALES
“Si vivís en la provincia de Buenos Aires y sos destinatario de Programas sociales recordá que es tu derecho recibir la totalidad de la prestación. Nadie puede retenerte o quitarte una suma de dinero que te corresponde”, advierten desde el gobierno bonaerense en un spot dado a conocer por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés «Cuervo» Larroque.