Comunidades Originarias de Salta reclaman por el Territorio: «No traducen las leyes que imponen» La advertencia fue realizada por el Presidente de la Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo.

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Abel Lutsej Mendoza presidente de la UACOP en contacto con IP dio detalles del proceso de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo que se lleva adelante sin participación de los Pueblos Originarios.

A pesar de los numerosos reclamos elevados por diversas organizaciones ante la falta de transparencia del proceso, el taller se realizó durante la mañana del miércoles 29 de setiembre, sin información previa ni traductores interculturales bilingües, detallan en un comunicado que enviaron a los medios de prensa.

Un clima de tensión se vivió en Santa Victoria Este, en el “taller” por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), organizado por la Secretaría de Ambiente de la Provincia, que se llevó a cabo en el galpón y oficina de la Asociación Organizaciones Familias Criollas (OFC). El Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia, Alejandro Aldazábal recibió duras críticas de todas las organizaciones presentes, tanto criollas, como de comunidades originarias, no sólo por la falta de transparencia e información del proceso de OTBN, que acordará los mapas de desmontes, según obliga la Ley de Bosques, si no también, por los escasos controles de ese organismo, ante los desmontes ilegales de palo santo que padecen los pobladores de la zona.

La reunión comenzó a horas 10, con la presencia de numerosos criollos, pertenecientes a la Asociación Organizaciones Familias Criollas (OFC), pertenecientes al ex lote fiscal 14, como también numerosos caciques de la Unión de Comunidades Originarias del Pilcomayo (UACOP), el presidente del Concejo Deliberante de Santa Victoria Este, Dante Andrada, el Concejal Wichí, Samuel Gilobero, Vicepresidente de ese organismo, Álvaro Penza, representando al INTA, entre otros.

El Honorable Concejo Deliberante de Santa Victoria Este, a través de su presidente, Dante Andrada, le entregó a Aldazábal un duro proyecto de Declaración donde le solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), creada por el Decreto 538/2020, “arbitre las medidas necesarias a fines de controlar y hacer cesar con carácter de urgente la tala ilegal de madera de los ex lotes fiscales 55 y 14” debido a la “alarmante actividad” que “afecta sobremanera el desarrollo sustentable de las generaciones presentes y futuras de nuestro pueblo.” La Declaración también le recuerda al funcionario de Ambiente que la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) fue creada para “dar cumplimiento con las disposiciones establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos” respecto del caso de otorgamiento de tierras de los ex lotes fiscales 55 y 14, por lo que le “rogamos que de manera urgente tomen todas las medidas necesarias a fin de dar real cumplimiento con el fallo antes mencionado”.

 

Por otro lado, Arturo Barroso, poblador criollo perteneciente a la Asociación Organizaciones Familias Criollas (OFC), solicitó a Aldazábal, una “urgente auditoría de Medio Ambiente” e ir a la justicia, ya que hay “muchos funcionarios involucrados en el tema de la madera”, en referencia a los numerosos desmontes ilegales en la zona. Y exigió que se “tomen las cosas en serio” porque “el gobierno sabe la corrupción”, y que si no se pone fin a esta situación “nosotros nos vamos a convertir en policía”. Barroso explicó ante los presentes que “un palo que cae afecta a 50 m2 de terreno, porque se rompe el duraznillo, el garabato, hace pedazos los nidos”. Y denunció que 83 equipos salieron de los ex lotes 14 y 55, con alrededor de 50.000 postes, y que en el mes de mayo la policía realizó siete procedimientos, decomisando alrededor de 5000 postes, pero “un senador de Rivadavia hizo gestiones y entregó los postes”, pasando por encima de la Ley.

Otros reclamos se hicieron escuchar, por el presidente de la Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo (UACOP), Abel Mendoza, quien leyó ante los presentes la nota presentada a comienzos de mes, al gobernador Gustavo Sáenz, según Exp. N° 205.530, donde solicitaron la “suspensión y anulación” de los talleres organizados por la Unidad Ejecutora de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a cargo del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), y advierten que el proceso de convocatoria y realización de los talleres está violando no sólo sus “derechos a la interculturalidad”, sino también, la propia “Ley de Bosques 26.331, Ley 25.831 de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental, leyes constitucionales e internacionales inherentes a los derechos de los pueblos indígenas”. Finalizan la nota requiriendo se brinde “a todas las comunidades originarias de la provincia la información completa, bilingüe y con la debida antelación, donde conste: objetivos, metodologías, fechas y lugares de los “Talleres”, como también, el soporte cartográfico, capas utilizadas y metodologías, a fines de garantizar nuestra participación como actores verdaderos de nuestras decisiones soberanas”.  Al finalizar el taller, la nota fue entregada nuevamente, ahora a manos del Secretario de Ambiente, Aldazábal, informándole que este reclamo se suma a otros realizados, sin recibir respuesta.

Al finalizar, Mendoza realizó declaraciones: “no podemos tener participación si no ponen facilitadores indígenas, no tenemos traductores, asesores legales para que podamos debatir en este encuentro. A nosotros nos han tomado el pelo como originarios, cada vez más discriminados. Hemos pedido una prórroga, para que se inicien las actividades como corresponden. Nosotros como pueblos originarios y pueblos criollos queremos tener la previa consulta, no tenemos una respuesta favorable a nuestros pedidos. Ya hemos enviado notas al Gobernador Gustavo Sáenz solicitando haya previa consulta, pero están violando nuestros derechos, hasta ahora no hay ninguna respuesta.”

Similares cuestionamientos fueron realizados por organizaciones ambientalistas, sociales, universitarias, de pequeños productores, como también, funcionarios de organismos nacionales, que integran el Consejo Asesor del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), creado por Decreto 3749, que es de consulta “permanente y obligatoria” por parte del Ministerio, en las acciones donde deberá definir las distintas bases cartográficas para la revisión del OTBN, que determinará qué zonas pueden desmontarse.

En la última reunión virtual del Consejo Asesor, realizada el viernes 10 de setiembre, el coordinador de la Unidad Ejecutora del OTBN de la Secretaría de Ambiente de la provincia, recibió serios cuestionamientos al proceso. Se le observó la falta de la debida comunicación e información, tanto a las comunidades locales como a los pueblos originarios en sus territorios, para los “talleres” que están realizando, y le recomendaron metodologías consultivas e interculturales, muchas de ellas ya previstas en las “Guías de difusión y participación” laboradas por la Ley de Bosques. Por otro lado, le advirtieron sobre la gravedad de no contar con los “criterios y políticas concretas de ese organismo” para la elaboración las bases cartográficas, sumado al hecho de que hasta el momento no comparten los mapas en proceso, que es un pedido reiterado, que no está siendo respondido.


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