El pasado sábado 23 de enero diferentes representantes de distintos pueblos indígenas de la provincia de Jujuy, de Salta y Santiago del Estero realizaron una Asamblea abierta en Las Capillas convocada para visibilizar los conflictos territoriales existentes en la Comunidad de Las Capillas del Pueblo Ocloyas de la Provincia de Jujuy.
En dicha reunión también hubo participantes de diversos organismos nacionales, organizaciones sociales y de derechos humanos.
El Área de Pueblos Indígenas de ANDHES – Abogados y abogadas del Noroeste argentino en derechos humanos y estudios sociales- también participó activamente de la reunión reiterando los compromisos asumidos en defensa de la propiedad comunitaria indígena y de la efectiva aplicación de la ley 26.160.
Dicha ley declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, y ordena la suspensión de la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas.
Lamentablemente, mientras se llevaba a cabo dicha Asamblea Comunitaria, la vivienda de un anciano de unos 80 años que participaba de la misma sufrió un ataque que produjo serios daños materiales y la sustracción de algunos elementos personales.
La Comunidad sufre constantemente diversos atropellos por parte de una empresa que ha mandado empleados a poner alambrados, cerramiento de paso, restricción de circulación de ganado en zonas de pastoreo, entre otros. Este nuevo hecho de violencia se suma a la larga lista de despojos que vienen sufriendo los miembros de dicha comunidad quienes desde antaño vienen denunciando todos estos hechos de violencia.
Por otro lado, en la mañana del 25 de enero, en la Comunidad Indígena Tusca Pacha de Palpalá se produjeron una serie de acontecimientos que atentan en contra de las familias de la comunidad y de su forma de vida ancestral.
La comunidad despertó con árboles caídos, arrancados por una máquina de desmalezar que los aplastó y limpió el terreno; este desmonte ilegal sufrido por la Comunidad está ligado a los intereses empresariales vinculados a la inmobiliaria Sucre, por lo que el fatal desenlace es inminente sino se toman las medidas necesarias. Cabe resaltar que el daño causado sobre terrenos comunitarios fue parcialmente detenido por integrantes de la comunidad quienes se apersonaron a la comisaría local para hacer la denuncia pertinente.
Recientemente la Relatoría Especial de DESCA dependiente de la CIDH ha manifestado que los Estados tienen que proteger el derecho a defender los derechos humanos en el contexto de actividades empresariales. Para ser más preciso, los Estados “han de identificar los patrones de ataques, agresiones y obstáculos que sufren las defensoras y los defensores, líderes (as) comunitarios, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, población campesina y operadores de justicia por parte de empresas y agentes económicos, para así prevenirlos y en su caso castigarlos”.
Desde Andhes se reitera el apoyo a la Comunidad Indígena Las Capillas y Tusca Pacha, resaltando el papel fundamental que debe tener en estos casos el Estado Argentino a fin de brindar las garantías necesarias para prevenir y castigar a las empresas junto con sus cómplices que quieran despojar a las comunidades indígenas de su territorio comunitario.
Estos hechos no resultan aislados dentro de la provincia de Jujuy ni del país, sino que se correlatan junto con una serie de vulneraciones de los derechos humanos más elementales que defienden las comunidades indígenas que resisten: el derecho a sus territorios ancestrales y a una vida digna dentro de los mismos.