La obra representa un recorrido de la lucha por los derechos humanos y la memoria en nuestro país, cuyo punto de partida fue la dictadura militar a la que fue sometida la Argentina entre marzo de 1976 y finales de 1983.
Durante los años que se mantuvo el gobierno de facto, el Estado que debía acompañar, cuidar y proteger a sus ciudadanos hizo todo lo contrario. La pérdida del orden democrático, el terror implementado desde las más altas esferas de las cúpulas militares y la ausencia total de Justicia tuvo como respuesta la organización y movilización de argentinas y argentinos en agrupaciones de derechos humanos, agrupaciones que cumplieron un rol primordial a la hora de defender los derechos y la vida de nuestro pueblo en esos años tan oscuros y caros para toda nuestra sociedad.
A partir de ese momento, las organizaciones de derechos humanos, con nuestras queridas Abuelas y Madres de Plaza de Mayo comenzaron a estructurar lo que años después, con la recuperación de la democracia argentina en 1983, se convertiría en la columna vertebral de nuestra sociedad: el proceso de memoria, verdad y justicia.
La memoria, la verdad y la justicia necesita de una verdadera política de Estado que permita reparar las atrocidades cometidas por los represores y establecer mecanismos que impidan que se vuelvan a cometer. La lucha por los derechos humanos, no solo empieza y termina con el terrorismo de Estado, las organizaciones de derechos humanos se han convertido en núcleos y disparadores de diversas luchas, conquistas y defensa de las garantías y los intereses de las y los ciudadanos.
En la actualidad, desde el gobierno nacional impulsamos políticas públicas que acompañan a dichas organizaciones, llevando a los responsables del terrorismo de Estado sufrido durante la última dictadura civil y militar ante los juzgados, para lograr que estos delitos no queden impunes. Fortaleciendo y poniendo en valor aquellas áreas que protagonizan un elemento sustancial en los juicios de lesa humanidad.
Hemos reforzado la política por las que el Estado asumió las querellas de los juicios de lesa humanidad para ser parte en los procesos e impulsarlos –no solamente para garantizar el acceso a la Justicia a las víctimas y familiares–, sino como único medio para llegar a la verdad y que se haga justicia.
No olvidar es una condición necesaria para construir una sociedad que no vuelva a repetir sus trágicas experiencias, pero no basta. Es por esto mismo que este gobierno ha implementado políticas públicas para que las generaciones futuras aborden lo que pasó en la Argentina, para que no se deje caer en el olvido las atrocidades cometidas en nuestro país que hoy en día son reconocidas como crímenes contra toda la humanidad.
Por eso, tal y como mencioné al principio, esta obra es un compendio de historia reciente en materia de derechos humanos, enfocada en la memoria, la verdad y la justicia. Que recorre los inicios de la última dictadura cívica militar, pero que no se detiene con la vuelta a la democracia en el año 1983, sino que explora también los cuarenta años que han pasado desde la recuperación democrática, enfocándose en algunos hitos históricos (y repudiables) como el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde se resolvió a favor de la aplicación del 2×1 a favor de aquellos que cometieron delitos de lesa humanidad.
Ese lamentable fallo que generó una masiva e inédita manifestación popular fue la sana y clara demostración que el legado de las organizaciones de derechos humanos está vivo dentro de nuestro pueblo y que los argentinos no permitirán que fórmulas legales, ni artilugios del derecho pueda derribar el hecho que el único lugar para los genocidas y represores es la cárcel común.
Néstor Kirchner decía aquel 24 de marzo del 2004 que “no es rencor ni odio lo que nos guía y me guía, es justicia y lucha contra la impunidad”. Ese fue siempre el norte que tuvimos y tenemos aún hoy en día, como dirigentes y como representantes del Estado argentino, y ese mismo principio es el que nos lleva a continuar exigiendo que la Justicia juzgue en el banquillo de los acusados a todos aquellos que llevaron adelante el gobierno de facto que hundió a la Argentina en el infierno: queremos justicia por la desaparición, tortura y exterminio de 30.000 compatriotas en manos del terrorismo de Estado.
Así, como en 1985 el Estado argentino, fue reconocido en el mundo por haber impulsado los juicios civiles contra la dictadura militar, hoy es reconocido por mantener viva la memoria, llevando no solamente adelante los juicios, sino revalorizando los espacios en los cuales se llevaron adelante los crímenes de la dictadura cívico–militar, sino también continuando el trabajo codo a codo con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para que los familiares de aquellas personas que fueron víctimas de las atrocidades de la dictadura puedan reconstruir la historia y desde ese punto de partida construir la memoria de aquellos que dejaron su vida por la democracia.
Por eso, desde este gobierno nacional, así como lo empezó el presidente Néstor Kirchner en el año 2003, y luego en las presidencias de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández estamos convencidos de que el camino a seguir recorriendo es este, realizando políticas públicas día tras día para que, la memoria, la verdad y la justicia, ¡sea hoy y sea siempre!