En el siglo XlX, ya en proceso de salida hacia el parlamentarismo, las Monarquía europeas, se reservaron cuotas de poder, a los fines de no perder su influencia estratégica en los destinos de sus reinos.
Siendo ahora países democratizados, siguen ejerciendo esa condición en pleno siglo XXl, en las llamadas democracias modernas.
Bueno, recordemos que las monarquías devienen de Dios, será un problema o no, de esos países y esos pueblos, que por tradiciones, destinan fortunas y descansan decisiones, en una religiosidad política institucional, que sería impensable en otras latitudes.
Sin embargo la democracia nuestra ha preservado, constitucionalmente, un poder monárquico, no elegido por el pueblo, sino a través de sus representantes parlamentarios, no siempre ejemplos republicanos, que en sus negociaciones interminables, para nombrar jueces, intercambian favores, a los fines de la elección de los cortesanos perpetuos.
Las palabras empoderan el sentido, ocupan en el espacio simbólico de los pueblos, categorías de análisis que llevan a la sumisión o a la disrupción institucional, siendo los mismos pueblos, los que deben cambiar las reglas del juego institucional, por métodos democráticamente constitucionales.
Pero el servicio de Justicia ya desde su denominación, recrea la monarquía en su máximo Tribunal llamándolo Corte Suprema. La definición de los jueces, es Su Señoría de título nobiliario de Señor, Audiencia es la expresión del acto judicial que deviene de las Cortes. Todo el espacio simbólico de la Justicia es cortesano y distante del pueblo, aunque muy cercano al Poder.
La CN de 1994 pretendió incluso licuar el poder de los supremos, creando el Consejo de la Magistratura, constituido por abogados de los foros, parlamentarios y jueces. También fue manipulado, el Supremo Tribunal, por el ejecutivo neoliberal, derivando por DNU los Fondos de Justicia a la CSJ, que debería administrar la Magistratura.
Esa Corte que homenajeó al juez Moro que persiguió y encarceló a Lula, junto a Bonadío, bajo el auspicio de la Embajada de EEUU, cuya operación pasó por instruir, en el Lawfare, en su Ministerio de Justicia de EEUU, a todos los jueces de la región, como en los años 70 lo hacia con los militares en la Escuela de las Américas de Panamá, propiciando los golpes militares y los genocidios en América Latina.
En ésta etapa, no son dictaduras, son jueces que encarcelan opositores, que extorsionan con arrepentidos convocados del lumpenaje, con operaciones de los servicios secretos, que no dudan en enviar a la cárcel a personas sin juzgar, en prisión preventiva, de quienes están a derecho, destruyendo familias y patrimonios, produciendo linchamientos mediáticos, con los medios hegemónicos asociados, denigrando, humillando y produciendo condenas sociales por los diarios. Todos esos mecanismos fueron avalados por la actual Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Esos cortesanos perpetuos, ajenos al pueblo, interpretando a su criterio la CN, detentan en nuestro el país, el poder, no sólo de la cárcel o la libertad, sino de declarar constitucional o no las leyes votadas por los representantes del pueblo en el Parlamento que el pueblo, sí eligió.
Semejante desatino propone una democracia alejada del pueblo, sin resortes constitucionales, anulados por decisión “Suprema”, que permitan respetar la expresión popular en las urnas.
Ese poder no lo tienen, ni siquiera las monarquías parlamentarias europeas, a las cuales les interesan más, los cuantiosos fondos votados por los legisladores e sus países, en los presupuestos nacionales, para un funcionamiento monárquico, intolerable al lado del hambre y la exclusión social. Esos mismos legisladores, conservadores y neoliberales, reclaman después austeridad fiscal frente a la crisis económica, ajustando al pueblos, sacando fondos a salud, seguridad social y educación.
Entonces de dónde, nuestros cortesanos asumen el poder político completo del país?
Porque se apoyan en los grupos de poder económico concentrado, los fondos de inversión, la Embajada de EEUU y los medios hegemónicos, disciplinando los jueces y fiscales, en función de esos intereses.
La figura del pueblo se desvanece en esa democracia, excepto cuando la calle devuelve el protagonismo, a ese sujeto histórico que escribe la historia y logra doblegar, decisiones como la del 2 x 1, que fue anulada por la movilización popular.
Cuál es la salida institucional democrática a semejante situación de por omnímodo de los cortesanos?
Una Reforma Judicial o una Nueva Constitución que genere instrumentos necesarios para democratizar el poder y humanizar la política, objetivos permanentes del peronismo, desde la Comunidad Organizada en adelante, que frenó al sistema demo liberal burgués, como lo denominó Perón el Congreso de Filosofía de Mendoza, al anunciar la organización del necesario poder popular instrumentado, bajo amparo constitucional.
Si los jueces fuesen elegidos por el pueblo, ese mismo pueblo debería poseer los mecanismos necesarios para removerlos. No pueden existir cargos perpetuos, no poderes delegados, sin que existan instrumentos democráticos de remoción, es el pueblo siempre quien debe decidir en democracia y en eso se basa el concepto de la democratización del poder.
Jamás el poder económico concentrado, permitirá el funcionamiento popular de la democracia, siempre atacarán al peronismo, por esa irrupción, que altera las reglas del juego del poder monárquico, ejercido por el coloniaje imperial.
Toda modificación al esquema de sujeción que impone el Estado del coloniaje, es casi un parto donde ni siquiera las mayorías populares cuentan, al estrellarse contra la muralla pétrea, creada por el sistema al servicio del poder, que sólo fue alterado por ese subsuelo sublevado de la Patria, recuperando su memoria e identidad, ejerciendo la solidaridad como base de un sistema democrático al servicio de los intereses del pueblo, la Justicia Social y la Soberanía política, sin tutores internos o
JORGE RACHID
PRIMERO LA PATRIA
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CABA, 5 de diciembre de 2020