La Cámara Federal de Salta ratificó el rechazo a todos los habeas corpus presentados por organizaciones defensoras de los derechos humanos, a raíz de las protestas contra la reforma de la Constitución de la provincia de Jujuy.
La Justicia Federal de Jujuy, emitió 13 resoluciones en las que ratificó los rechazos a las acciones presentadas en favor de los detenidos por las protestas; a la situación de abogados sobre quienes pesan órdenes de detención y sobre la incompetencia de los tribunales federales.
Los camaristas Guillermo Elías y Ernesto Solá Espeche, confirmaron el rechazo de modo inusitado, a un habeas corpus presentado por el abogado Néstor Ariel Ruarte, uno de quienes soportan una orden de detención por sedición e instigación a cometer delitos.
Además de Ruarte, también hay órdenes de detención para René Vicente Casas, Roberto Carlos Alemán, Alicia Chalabe y Alberto Nallar, este último actualmente en prisión domiciliaria.
Además, también fueron rechazadas todas las apelaciones contra el mismo rechazo a los habeas corpus por la represión de las protestas y la recomendación “al Ministerio Público Fiscal Federal y a las autoridades de la Gendarmería Nacional y la Policía de la Provincia de Jujuy que al momento de su intervención deberán ajustar su proceder a lo dispuesto por el Protocolo de Actuación para las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales en Intervenciones con Niños, Niñas y Adolescentes”.
Es importante aclarar que detrás de las presentaciones realizadas por el colectivo Jurídico de Jujuy, fueron evaluadas con minucioso análisis jurídico de competencia y contenidos que no darían sustancia a los fundamentos de lo que era requerido.
La noticia duele y molesta a la hora de evaluar las interpretaciones que toman los jueces desde el punto de vista de los hechos, pero también nos llama a la reflexión del replanteo de fundamentos que acrediten la verosimilitud de los hechos para ser juzgados con la competencia correspondiente.
Para la Cámara Federal de Salta, las presentaciones carecen de forma, según derecho corresponde y lo que se pudo observar es que la política Jurídica utilizada no marcha de la mano de la política Indígena, por lo contrario, cada institución defensora de Derechos humanos, afiliados o protegidos, invoca sus estrategias legales, cada cual por su parte.
La política Indígena argentina, se mostró muy distante en el análisis de los planteos hasta el momento, realizados y rechazados por el fuero federal, dado que se respeta el trabajo jurídico presentado por cada organismo, así lo marcó el CNPI -CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA INDÍGENA-.
Esos planteos habían sido formulados por ANDHES (Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales); del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales); Estela de Carlotto, por Abuelas de Plaza de Mayo; Carlos “Charly” Pisoni, de HIJOS Capital; Rosa Schonfeld de Bru, -la madre del estudiante Miguel Bru, el estudiante de periodismo desaparecido en La Plata en los ‘90- por la Asociación Civil Miguel Bru, Mayra Juárez, del Centro de Investigaciones Sociales y Educativas del Norte Argentino (CISEN); Hijos Paraná y Bahía Blanca; Santiago Bereciartua, abogado y docente de la Universidad Nacional de Rosario y el premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.
También, fueron rechazadas las presentaciones de: Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del Centro Ex Combatientes de Malvinas -La Plata- y el Colectivo de Abogados querellantes en juicios por delitos de lesa humanidad.
El tribunal resolvió, además, ratificar que la justicia federal de Jujuy es incompetente para intervenir en la situación de los abogados sobre quienes pesan órdenes de detención.
La Cámara Federal de Casación ya había declarado, ante las primeras acciones de habeas corpus que debía intervenir la Justicia Federal, pese a lo cual y por tratarse de cuestiones diferentes, el juzgado federal número uno de Jujuy, declinó intervenir y envió los expedientes a la Justicia local.