Una juez federal de Brasil rechazó por falta de nuevas pruebas y prescripción del presunto delito un pedido del Ministerio Público Federal para reabrir uno de los procesos.
Según la defensa, «ha quedado probado que no había causas mínimas» para procesar a su cliente y la decisión de la magistrada «entierra otro caso que había usado para perseguir al expresidente» e inhabilitarlo para «impedir» su candidatura para las elecciones de 2018, ganadas por el actual mandatario, Bolsonaro.
Una juez federal de Brasil rechazó por falta de nuevas pruebas y prescripción del presunto delito un pedido del Ministerio Público Federal para reabrir uno de los procesos de corrupción contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva que fueron anulados por la corte suprema por considerar que el entonces magistrado Sergio Moro actuó de manera parcial contra el exmandatario.
La jueza Pollyanna Kelly Maciel Martins Alves rechazó abrir el proceso en el que se acusaba a Lula de haber recibido a modo de soborno una casa de campo en la ciudad paulista de Atibaia. Este proceso junto con el resto que pesaban sobre Lula o por los que había sido condenado a prisión fueron definitivamente anulados por la corte suprema en marzo pasado y se ordenó reiniciarlos en tribunales de Brasilia, la jurisdicción correcta, según la corte.
La Procuraduría de la República de la Primera región, el órgano del Ministerio Público Federal que actúa en Brasilia, se negó a comentar el rechazo de la jueza a su pedido bajo el argumento que aún no le ha sido comunicado oficialmente, según el portal de noticias G1.
La jueza, sin embargo, publicó su falló el sábado por la noche.
Según la denuncia original que el entonces juez y luego ministro de Jair Bolsonaro, Sergio Moro, habilitó para investigar, Lula recibió esa casa de campo de empresas supuestamente favorecidas con contratos irregulares con la estatal Petrobras, compañía que fue objeto de graves denuncias de corrupción desde 2014, muchas de ellas confirmadas.
Según la defensa de Lula, «ha quedado probado que no había causas mínimas» para procesar a su cliente y la decisión de la magistrada «entierra otro caso que había usado para perseguir al expresidente» e inhabilitarlo para «impedir» su candidatura para las elecciones de 2018, ganadas por el actual mandatario, Bolsonaro.