Buscan destituir a un Intendente opositor a Gustavo Sáenz en Salta Dirigente del Frente de Todos perseguido por la derecha oficialista

Cuando solo queda la última sesión de la Cámara de Diputados de Salta, el proyecto de intervención de la municipalidad de Rosario de la Frontera, que se especulaba podría ser tratado junto con el presupuesto el próximo 15 de diciembre, quedaría relegado para el año que viene ante la falta de consenso entre los legisladores.

La destitución de un intendente debe ser aprobada con los dos tercios de los votos, que en el caso de Diputados son alrededor de 40, según la cantidad de legisladores presentes al momento de votar. La posibilidad de intervenir al municipio gobernado por el intendente Gustavo Solís surgió luego de que la Auditoría General de la Provincia (AGP) realizase una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal por posibles irregularidades.

Los impulsores de la intervención, encabezados por el diputado Gustavo Orozco, rival político de Solís, intentaron imponer su tratamiento incluyéndolo en el acta de labor parlamentaria de la sesión pasada, pero por ahora no cuentan con el número suficiente para avanzar con el proyecto.

Los legisladores quieren que sea la Justicia la que investigue y actuar si es que la situación legal del intendente se agrava, tal como hicieron con el intendente de Aguaray, Enrique Prado, que fue destituido ante su inminente detención, que ocurrió a los pocos días.

Otro motivo que lleva a los diputados a no avanzar es que consideran que no se cumple con ninguno de los requisitos previstos en la Constitución salteña para ejecutar esa medida extrema.

La carta magna provincial señala en su artículo 179 que la Provincia puede intervenir a alguno o a todos los poderes municipales en los siguientes casos: si hay acefalía total; para normalizar una situación de crisis o gravedad institucional; y cuando no se cumple con el pago de empréstitos, no hay estabilidad financiera o no se prestan adecuadamente los servicios públicos locales.

La situación municipal en Rosario de la Frontera se encuentra calma y sin indicios de una crisis institucional. Inclusive, más allá de algún rumor lanzado desde la oposición, los concejales rosarinos por ahora tampoco accionaron desde el Concejo local ninguna medida en contra del intendente, otro de los criterios que toman los legisladores antes de avanzar con la intervención.

Y si bien Solís está enfrentado políticamente al gobernador Gustavo Sáenz, y es uno de los intendentes que se mantuvo en el Frente de Todos, luego del éxodo masivo al oficialismo cuando se concretó la victoria del actual gobernador, desde el Ejecutivo tampoco le dan por ahora bandera verde a la destitución, ya que consideran que otra intervención de un municipio en menos de dos meses podría tensar aún más la relación con los intendentes, que ya expresaron su queja ante lo que consideran un avasallamiento de las autonomías.

Además, la intervención de Aguaray, lejos de traerle soluciones al gobierno, convirtió el lugar en un polvorín, ya que a la división existente entre simpatizantes y detractores de Prado, se sumó que el interventor Adrián Zigarán se enfrentó con los empleados municipales, al extremo de agarrarse a las trompadas con el referente gremial Fermín Hoyos.

Solís manifestó estar tranquilo porque puede rebatir cada una de las acusaciones, y lamentó no haber sido citado por el auditor antes de la denuncia penal para darle las explicaciones pertinentes. Por este motivo sospecha que hay una persecución política en su contra de parte del oficialismo provincial, que de esta manera busca neutralizar su perfil opositor.

Por otro lado, secretaria de Hacienda de la municipalidad, Carolina Solís, cuestionó lo dilatada que fue la auditoría ya que demoró, desde que se inició en 2018 hasta los resultados actuales, casi tres años. Además señaló que en ese tiempo “nos pidieron en más de una oportunidad que les reenviemos documentación nuevamente, porque las habían extraviado”.

También destacó que les llamó muchísimo la atención la manera en que investigaron porque “hasta perforaron todos los pavimentos buscando para ver si coincidían con las certificaciones de calidad”, algo que según la funcionaria, no es muy frecuente. “Como desde el punto de vista material no encontraron ningún tipo de defecto, fueron absolutamente exhaustivos con la documentación”.

A su vez explicó que se puede haber generado la confusión por ser una contratación en la cual la empresa debía entregar la factura y cobrar una vez realizada la certificación, “pero cuando observamos el error, la empresa trajo los comprobantes que correspondían”.

En cuanto a la empresa que habrían contratado de forma irregular, Solís aclaró que es la única que realiza tareas de hormigón en toda la zona y negó que la justicia haya notificado de un embargo que tenía la firma hormigonera antes de realizar la contratación, algo que la inhabilita para poder ser contratista del Estado. “La notificación nos llegó con posterioridad y se hicieron las retenciones correspondientes”.

Otra de las irregularidades que subrayó San Millán fueron unos cheques emitidos desde el municipio por montos que no superaban los $50.000, que especuló sería para no bancarizar el dinero, pero la funcionaria explicó que “es muy normal ese accionar en los municipios, como una forma de financiación y no hacerlo en uno solo”, pero sostuvo que se cumplió con el pago, porque los cheques los recibió y firmó el proveedor.

Respecto a la fundación que se utilizó para el programa nacional Hábitat, subrayó que esa entidad sin fines de lucro ya existía y que era exigida por la Nación para formar y capacitar un grupo de mujeres que serían las encargadas de realizar las obras.

Carolina Solís argumentó que esas mismas obras fueron auditadas y certificadas por la Sindicatura General de la Provincia en conjunto con el organismo nacional que certificó las obras de adoquinado del Plan Hábitat. Pero también destacó que los balances fueron aprobados por el Concejo Deliberante.

Por último, afirmó que la auditoría de 2017 aún no está a finalizada, “por lo que mal podría avanzar en denuncias”, y aseguró que habló con otros directivos de la AGP, quienes le aseguraron que se sigue investigando.

Desde hace dos años, Rosario de la Frontera periódicamente es noticia porque algunos de sus representantes políticos tienen problemas con la Justicia.

En 2018 la Cámara de Diputados le sacó los fueros a Kuldeep Singh, luego de que fuese acusado de ingresar a punta de pistola en una empresa para llevarse maquinaria, y de esta manera cobrarse a la fuerza una deuda. Toda la escena quedó registrada en el video de seguridad. Actualmente se encuentra cursando una prisión domiciliaria a la espera del juicio, que ya fue solicitado por los fiscales. Su lugar en Diputados fue ocupado por Emilia Figueroa.

Por su parte, el diputado Gustavo Orozco, autor del proyecto de intervención del municipio, está próximo a afrontar un postergado juicio por apremios ilegales y torturas, y podría tener un segundo en marcha por vejaciones agravadas por el uso de la violencia. Todas ocurrieron cuando el legisladores era policía en el departamento que hoy representa. De ser condenado en alguna de las causas perderá la banca, pero adelantó que pedirá licencia cuando se inicie el primer juzgamiento.

Ahora se suma esta denuncia contra Solís, que, aunque se encuentra en su etapa inicial y sujeta a investigación fiscal, de prosperar podría desembocar en la destitución del jefe comunal. Marcando un hito de que tres de los cuatro representantes electos para la Legislatura o el municipio podrían no finalizar su mandato.