Fueron detenidas antes de salir de la provincia, cuando viajaban en una camioneta que tenía un compartimento oculto en la caja.
Tres personas -un varón y una mujer de nacionalidad boliviana, y un varón argentino- fueron imputadas formalmente ayer a instancia del fiscal general Carlos Martín Amad.
La acusación se formalizó en la audiencia de control de detención, la cual estuvo dirigida por el juez federal de Garantías Julio Bavio.
La pareja, que viajaba con dos hijos menores de edad, fue detenida el domingo pasado al mediodía junto al padrino de los niños, quien hacía de chofer de una camioneta Renault Oroch. El utilitario fue detenido en la ruta 34, a la altura del puesto fijo El Naranjo, de Gendarmería Nacional, en Rosario de la Frontera, previo a ingresar a la provincia de Tucumán.
Al formalizar la acusación, Amad, quien contó con la asistencia de la auxiliar fiscal Josefina Vargas, explicó que los ocupantes de la camioneta provenían de la localidad jujeña de La Quiaca y se dirigían a Tucumán, aunque al momento de responder sobre el itinerario hubo contradicciones, lo cual despertó la sospecha de la patrulla de gendarmes que realizó el control.
Al revisar el rodado, en tanto, se advirtió que había algunos tornillos removidos en la estructura de metal del tubo de gas, como en el cobertor de plástico de la caja, por lo que se dispuso introducir el vehículo a un sector más apropiado para la requisa.
Tras desatornillar la estructura metálica y el cobertor, se descubrió un compartimento del cual asomaban paquetes rectangulares. Por tal motivo, se dio intervención a la fiscalía y se continuó con el procedimiento, con la presencia de testigos civiles.
Amad relató que se extrajeron un total de 86 paquetes de droga, la cual resultó cocaína en un total de 93 kilos. En vista de ello, la pareja y el chofer fueron detenidos. También se procedió al secuestro de los teléfonos celulares y otros elementos de interés para el caso.
En base a las pruebas documentales presentadas, el fiscal imputó a las personas detenidas el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de personas intervinientes. Asimismo, solicitó un plazo de investigación de sesenta días y pidió la autorización para avanzar con los peritajes pendientes, tanto sobre la droga incautada como a los teléfonos de los acusados.
Declaración
En su turno, y representados por Agustin Mogaburu, de la Defensa Pública, las tres personas acusadas prestaron declaración. La primera en hacerlo fue la mujer que viajaba junto a los dos hombres, quien desconoció totalmente el transporte de la droga, hecho que adjudicó a su pareja. Afirmó que el chofer tampoco sabía nada al respecto.
La mujer indicó que el lunes 11 de enero habían salido de su vivienda, en el partido de La Matanza, en Buenos Aires, rumbo a Jujuy para pasar unos días de vacaciones, trayecto que realizaron con un solo altercado en Santiago del Estero, donde el vehículo se averió.
Tras este episodio, el viaje se reanudó para llegar a La Quiaca el viernes 15 de enero, donde permanecieron hasta el día siguiente por la noche, cuando emprendieron el regreso. Fueron detenidos el domingo al mediodía cuando se descubrió la droga. Sobre el momento en que estupefaciente habría sido cargado, la mujer señaló que el sábado a la mañana su pareja salió y regresó sin la camioneta, pero que en la tarde llevó nuevamente el rodado.
La mujer, quien lloró en varios pasajes de su relato, insistió en que no sabía nada del cargamento de droga, a la vez que rogó al juez que no la separe de sus hijos. Asimismo, aportó detalles del arraigo y vínculo con ellos.
Posteriormente, el chofer y padrino de los niños declaró en consonancia con la mujer; sostuvo que fue invitado por el padre de los chicos a realizar un viaje a Jujuy, propuesta que aceptó debido a que su profesión es de chofer y a que “me gusta manejar”.
Confirmó la avería del motor en Santiago del Estero, donde pudo tener contacto con familiares, tras lo cual siguieron viaje. Sobre la cocaína, el conductor afirmó que nada sabía al respecto y que aceptó hacer el viaje creído de que sólo era una travesía de descanso.
Por último, el concubino de la mujer declaró y se adjudicó la maniobra. Indicó que recibió un ofrecimiento de dinero por hacer el viaje y que, al llegar a La Quiaca, sólo debía llamar a un teléfono, lo cual hizo. “Me encontré con una persona que se llevó la camioneta y luego me la devolvió”, explicó. En busca de desincriminar, tanto a su pareja como al otro imputado, aseguró que ellos no sabían lo que había tramado, sin aportar más detalles de la operación.
Uno de los hombres imputados se adjudicó la maniobra: dijo que había recibido un ofrecimiento de dinero por hacer el viaje y que, al llegar a La Quiaca, sólo debía llamar a un teléfono.
Prisión preventiva
Al referirse a las medidas de coerción, la fiscalía solicitó la prisión preventiva de las tres personas y fundamentó su pedido en la gravedad del hecho, y el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación penal, aunque con respecto a la mujer solicitó que sea bajo la modalidad de prisión domiciliaria a fin de resguardar su vínculo con los niños.
La defensa, en tanto, sólo se opuso a la prisión preventiva solicitada para la mujer, pues consideró que la imputada fue ajena al hecho. Por ello pidió su libertad, aunque de manera subsidiaria requirió la prisión domiciliaria.
La defensora de menores, Clarisa Galán, por su parte y en representación de los intereses de los niños, quienes estuvieron siempre junto a su madre, adhirió a lo solicitado por la defensa pública, y realizó otros planteos referidos al retorno de la mujer y de sus hijos a la provincia de Buenos Aires.
El juez Bavio, ante los planteos de las partes, coincidió con la fiscalía y dispuso dar por formalizada la imputación penal, dictó la prisión preventiva para las tres personas acusadas y ordenó el traslado de los dos hombres al Complejo Penitenciario NOA III, en General Güemes.
Respecto a la mujer, el magistrado dispuso la modalidad de prisión domiciliaria, ya que consideró poco creíbles sus argumentos. No obstante, y frente la necesidad de resguardar los intereses de los niños, accedió a que la madre permanezca en su vivienda, donde será controlada por el Patronato de Liberados y la fuerza de seguridad más cercana, en tanto existe la disponibilidad de una pulsera electrónica, tal como lo requirió la fiscalía.