Ceferino Vallejos es cacique en la comunidad wichí Carboncito, además de presidir una asociación civil que impide los desmontes, la apropiación de tierras y los incendios causados por los grandes terratenientes que asedian los campos de Argentina.
Al ser cacique en su comunidad, implica tareas sociales importantes en asistencia a sus hermanos. Las familias tienen un comportamiento colectivo y comunitario que la sociedad criolla no lo comprende.
A Ceferino lo detuvieron en una ruta provincial, en ocasión de buscar los permisos habilitantes para vender carbón vegetal de árboles secos , policías de la comisaría cercana, lo apresaron y llevaron a la cárcel, sin saber de qué estaba culpado
Su familia, contactó a la abogada, Mara Puntano la pofesional más cercana a la defensa de la derechos de pueblos indígenas que lleva 30 años ejerciendo este ptrocinio gratuitamente, muy querida en las comunidades, quien en exclusiva a IP Noticias narró el acto injusto cometido en contra de un hombre de bien, un luchador social aguerrido, referente para muchas comunidades del Chaco Salteño.
Si tenemos en cuenta que en esta pandemia, a los pueblos originarios, se les agravó la ya de por sí extrema situación de vulnerabilidad, se entenderá mejor lo acontecido.
El antecedente para detener al Cacique comenzó cuando Delmira Luna, madres de dos nenas y un varón, murió recientemente a los 35 años, víctima -aparente- del covid19, cuyo cuerpo jamás fue restituido a la comunidad de Carboncito donde residía, junto a su familia, que no pudo despedirse de ella, ni realizar exequias algunas, ante las autoridades sanitarias y judiciales que obran siempre con absoluta xenofobia, ignorancia y brutalidad.
Al fallecimiento de la mujer, las criaturas, todas menores de edad e hijos de distintos padres, convivían en la casa de la última pareja de Delmira, junto a sus abuelos, pero como en las comunidades los huérfanos son criados por todos, tal orfandad no existía.
Con el transcurrir del tiempo y a requerimiento judicial del distrito norte, buscaban a los sendos progenitores, ambos trabajadores rurales golondrinas muy difíciles de localizar. En los últimos dias, la policía del lugar habría recibido una denuncia por abuso del padrastro sobre la mayor de las nenas y esto motivó el inmediato pedido de detención del sujeto.
El procedimiento policial en la comunidad en búsqueda de lo denunciados, ocasionó la resistencia de la habitantes en virtud de que en el lugar no se encontraban lo buscados y las menores y los abuelos se encontraban ausentes por trámites sociales en la ciudad de Pichanal.
Al irrumpir la policía en la comunidad, con violencia absoluta ingresaron a la humilde vivienda indígena destrozando las pocas pertenencias familiares de las niñas y los abuelos, situación que provocó la reacción del cacique Ceferino, que intervino pidiendo que no continuaran con ello, rogándoles se retiren del lugar.
El fiscal SOUTO de turno acusó al cacique Ceferino por retención de Menores y ordenó la captura.
De esta manera cuando el dirigente indígena e dirigía a tramitar sus permisos de circulación y habilitación municipal para la venta del carbón este fin de semana. Fue detenido intempestivamente y privado de libertad el 11 de octubre pasado.
Fin de semana largo de por medio y pandemia que nos rigen, el cacique estaba en la celda de la comisaría, sin defensa, sin que le comuniquen a su familia sobre los motivos de la alargada ausencia de su hogar y con altas posibilidades de ser procesado por un delito no cometido.
En horas de la tarde de ayer se llevó a cabo la audiencia online de imputación y aclarándose los hechos con la presencia y patrocinio legal de la doctora Mara Puntano; la calificación judicial quedó como impedimento de procedimiento policial, con lo que sería inminente la restitución de la libertad del Cacique Ceferino.
«Salta es feudal, hace treinta y cinco años que soy abogada y la discriminación es todos los niveles. Hay mucha violencia institucional sobre los Pueblos originarios» reflexionó la abogada defensora de derechos de Pueblos Indígenas.
Uno de los mayores inconvenientes en el sistema judicial es la comunicación con los pueblos originarios. El desconocimiento del idioma, la falta de voluntad para comprender la cultura de las comunidades es determinante, por ello, la contención del Consejo Nacional de Política Indígena, CNPI que participó en este caso es un detalle a destacar.