A partir de una presentación de la fiscalía, el Tribunal Oral Federal Nº 1 ordenó la inmediata detención del ex comisario José Manuel Reinoso, quien ocupó cargos de jerarquía en la Policía de Salta durante la época del terrorismo de Estado.
Ya está detenido en la Delegación de la Policía Federal de la capital provincial, acusado por el delito de homicidio agravado por el concurso de dos o más personas y privación ilegítima de la libertad en perjuicio de un trabajador del Matadero Municipal de Salta.-
Un excomisario de la Policía de Salta fue detenido por orden del Tribunal Oral Federal 1, en el marco de la causa iniciada por la muerte de un trabajador del Matadero Municipal salteño, en septiembre de 1976, y deberá ir a juicio junto a otros tres ex jefes policiales.
Fuentes del Ministerio Público nacional informaron que a partir de una presentación del fiscal general Carlos Amad, del Área de Derechos Humanos de la Unidad Fiscal Salta, el Tribunal Oral Federal 1 (TOF1) ordenó el martes pasado la inmediata detención del excomisario José Manuel Reinoso, quien ocupó cargos de jerarquía en la Policía de Salta durante la época del terrorismo de Estado.
La medida, que se concretó el miércoles, se dispuso en el marco de la causa penal por el delito de homicidio agravado por el concurso de dos o más personas y privación ilegítima de la libertad en perjuicio de un trabajador del Matadero Municipal de Salta.
Reinoso, que fue alojado en la Delegación de la Policía Federal de la capital provincial, fue procesado y debe ir a juicio oral y público junto a otros tres ex jefes policiales: Joaquín Guil, Roberto Arredes y Antonio Saravia, con quienes integraba la cúpula policial al momento del hecho.
En agosto de 2018, en una disputa respecto a la competencia, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal -con los votos de Carlos Mahiques y Liliana Cattuci- coincidió con la postura del fiscal general Eduardo Villalba, quien había apelado un fallo de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta. El tribunal salteño había dispuesto que el caso debía pasar a la justicia provincial por no tratarse de un hecho de lesa humanidad.
En su apelación, Villalba sostuvo que el caso “debe ser incluido como parte del ataque generalizado o sistemático sufrido por la sociedad civil durante el período del último gobierno de facto militar”, y la Cámara Federal de Casación Penal le dio la razón.
Luego, la defensa de Guil planteó un recurso de queja, por lo que el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que decidió, el 18 de marzo pasado, desestimar esta presentación.
Por ello, el procesamiento de los cuatro ex jefes policiales quedó firme y a las puertas del juicio oral y público.
En ese contexto, Amad solicitó al TOF 1 que, dado que el procesamiento quedó firme, se debía proceder a imponer la prisión preventiva para los cuatro acusados, tres de los cuales -Guil, Arredes y Saravia- ya cumplían tal medida en otra causa por delitos de lesa humanidad, bajo la modalidad de arresto domiciliario.
La situación de Reinoso no era la misma, pues se encontraba en libertad provisoria.
Los jueces Marta Liliana Snopek, Federico Díaz y Marcelo Juárez Almaraz, del TOF1, ordenaron la inmediata detención de Reinoso.
La investigación comenzó el 27 de agosto de 2009 a partir de la denuncia de un hijo del trabajador, quien fue privado de su libertad y asesinado entre el 4 y el 6 de septiembre de 1976.
La víctima fue alojada en la Comisaría Cuarta, donde fue ultimada, tras lo que su cuerpo fue arrojado en un terraplén, en la zona de Villa Primavera, de la capital salteña, envuelto en una bandera argentina y con una ametralladora entre sus manos.
Según pudo acreditarse, el trabajador había sido detenido por miembros de la Policía provincial en inmediaciones del Matadero Municipal y trasladado a la comisaría, situada en la calle Lerma, entre San Luis y La Rioja, y que funcionaba por entonces como un centro clandestino de detención y torturas.
La víctima sufrió un fuerte golpe en la nuca, entre otras lesiones que le provocaron la muerte.
(Télam)