«Un acto de complicidad judicial con el poder económico real» habló el Presidente LA CORTE SUPREMA Y SU EVIDENTE CONNIVENCIA CON LAS EMPRESAS MONOPÓLICAS

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El golpe institucional del tercer poder estatal fue mencionado en el discurso del presidente argentino ALBERTO FERNÁNDEZ durante su ponencia en la Apertura de la Asamblea Legislativa.

Luego de las fuertes palabras del mandatario nacional, de modo incomprensible y desubicado el aliancismo de la derecha con Juntos x el Cambio -macrismo y radicalismo golpista- exhibieron cartulinas con los colores de la bandera ucraniana y gritaron «mentiroso» a Fernández para luego retirarse del recinto en pleno acto protocolar.

Fernández, momentos antes, inquirió a la CORTE por defender los intereses empresariales en el sector de las telecomunicaciones, en detrimento con el bienestar del Pueblo, por no dar lugar a la declaración de servicios públicos a internet, telefonía y tv cable. Esto porque el monopolio de Clarín, se opone a perder o retraerse del manejo total en el mercado argentino donde la población es una clientele cautiva de dichos intereses.

«Yo no miento Alfredo, vos me conocés» dice un muy tranquilo Fernández en medio de lo que vocifera desde la banca, el senador por Mendoza Alfredo Cornejo.- VIDEO.

Por otra parte, también se refirió a la complicidad con el macrismo y la estructura del espionaje que desplegaron para la fabricación de causas judiciales en contra de gremialistas, dirigentes sociales, peronistas y referentes culturales, además de familiares de víctimas del ARA Sn Juan y de víctimas del gatillo fácil o de violencia institucional como la familia de Santiago Maldonado.

ALBERTO FERNÁNDEZ A LA CORTE

El rol de la Corte y su favoritismo partidario con el macrismo y aliados, es evidente, grave y peligroso, atentatorio de la institucionalidad de la Nación Argentina.

Y también debemos admitir el muy serio problema de la inseguridad. Luchamos de manera implacable contra el narcotráfico y el contrabando. Priorizamos la lucha contra el crimen organizado y entendemos a la seguridad democrática como un derecho de los argentinos y
argentinas.
No hay modo de combatir al crimen organizado sin un sistema judicial eficiente.
Queremos que el Poder Judicial recupere la confianza pública que ha perdido y supere su crisis de funcionamiento, que sea eficaz y completamente independiente de todos los poderes, fácticos y políticos.
Déjenme hacer una observación. En el mes de enero los servicios de telecomunicaciones registraron el mayor aumento de precios. Eso fue posible porque algunos jueces dictaron medidas cautelares en favor de empresas prestatarias del servicio e impidieron la aplicación del decreto que declaraba servicios públicos a la telefonía celular, internet y la televisión por cable o satelital. A casi dos años de dictadas esas medidas cautelares no se expiden sobre el diferendo ni los tribunales que las dictaron ni la Corte Suprema que añeja la cuestión en algún armario.
Esto que acabo de describir no es otra cosa que un acto de complicidad judicial con el poder económico.


Necesitamos una Reforma integral del sistema de administración de justicia federal.
Lamentablemente, el Proyecto de Ley de Reforma Judicial que envié en 2020 que fue aprobado por el Senado ahora ha perdido estado parlamentario. Lo que está sucediendo con el Poder Judicial en Argentina es grave.
Esa reforma que impulsé fue resistida por la oposición para beneficiar a algunos funcionarios del gobierno anterior que deben rendir cuentas. Saben que tienen aliados en fiscales y jueces de la justicia federal. Por eso siempre su primer planteo ha sido y sigue siendo reclamar la competencia de los tribunales afincados en Comodoro Py.
En ese proyecto de Ley, además, se creaba el juzgado federal y una fiscalía en San Lorenzo y la Cámara Federal de Apelaciones Rosario, instrumentos jurídicos indispensables en la lucha contra el narcotráfico. También ese proyecto establecía la creación de una nueva sala y una Secretaría de Narcotráfico en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. No se debería demorar más tiempo
en tomar decisiones tan fundamentales.
Yo le solicito al Honorable Congreso de la Nación aborde la cuestión que planteamos. Que haga los cambios adecuados, que generen los consensos necesarios y que resolvamos este problema.
Ya hemos enviado el proyecto de ley de reforma del Consejo de la Magistratura. Avanzaremos en la implementación del Código Procesal Penal Federal y ampliaremos también los mecanismos de acceso a la justicia.
La conformación y funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia también debe ser objeto de análisis y decisión en este ejercicio legislativo.
Yo, como titular del Poder Ejecutivo Nacional, hice cuanto estuvo a mi alcance para poner fin a las malas prácticas que se observaban en el sistema judicial.
Durante la administración anterior, existieron serias interferencias de los servicios de inteligencia en el funcionamiento de las instituciones de la república, afectando los derechos y garantías de los y las habitantes de nuestra nación. A la luz de lo que hoy sabemos, no habíamos llegado a tener real dimensión del enorme daño que esas intromisiones causaron.
Cuando asumí la Presidencia me comprometí a terminar con los sótanos de la democracia prometiendo que NUNCA MÁS esas prácticas oscuras pondrían en riesgo la institucionalidad.
Tengo la tranquilidad de haber cumplido con la palabra que empeñé.
Me ocupé de que no existan causas armadas entre los servicios de inteligencia, las autoridades de los poderes públicos y miembros que deshonran la administración de justicia.
Garanticé que no existan nuevos encarcelamientos sin sustento jurídico.
Puse fin a las escuchas o seguimientos ilegales a dirigentes opositores, a sus familiares o a sus representantes jurídicos.
En síntesis, dije NUNCA MÁS a esos sótanos que propusimos desmantelar y por eso los desmantelamos.
Lo dijimos en 2019 y lo sostenemos hoy. Este debe ser un compromiso de los tres poderes del Estado.
En la Argentina de hoy no hay espionaje político. No se intervienen teléfonos sin causa judicial. En la Argentina de hoy cada uno piensa y dice lo que se le da la gana. El secreto no puede ser NUNCA MÁS la excusa para que el Estado institucionalice un sistema de espionaje cuyo fin sea la persecución a opositores políticos o la extorsión. Ese es el entramado que la intervención de la AFI develó y denunció.
En los próximos días enviaré un proyecto de Ley que permita consolidar el trabajo hecho en estos años en materia de inteligencia. Es indispensable que el Congreso acompañe este camino. Necesitamos contar con organismos de inteligencia que permitan producir información estratégica de calidad que contribuya a tomar decisiones y a proteger (no a espiar) al conjunto de la población frente a los riesgos y desafíos de un mundo cada vez más dinámico.
Como siempre lo hemos hecho, mantendremos en lo más alto las políticas de memoria, verdad y justicia. Estamos iniciando la construcción del Espacio de Memoria y las actividades en el ex Centro Clandestino de Detención “Campo de Mayo”. Además, recuperaremos el Regimiento
de infantería 9 de Corrientes y el Vesubio.
La Argentina tiene la obligación ética de prevenir y erradicar la violencia institucional. Enviaré un proyecto de Ley que establezca estándares básicos de comportamiento de las fuerzas de seguridad en todo el territorio argentino.


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