Perjudicaron a las entidades de bien público que se hicieron eco de una necesidad urgente y manifiesta por las comunidades originarias durante la pandemia por el covid19. Malograron la mercadería recibida por especular con la campaña y en algunos casos, hasta habrían vendido la misma a otras personas. Se aprovecharon de los indígenas y su extrema miseria pero no les entregaron absolutamente nada. La bancas municipales de MARIO MIMESSI deja impune a la concejal PAOLA DÍAZ.
La Justicia local entregó las donaciones confiscadas a las hermanas Díaz, quienes retuvieron por un año, alimentos, ropa, calzados, agua mineral, leche, pañales y otros elementos que fueron recolectados en distintos lugares del país para destinar como ayuda a las comunidades originarias, gravemente subsumidas en el hambre y la miseria.
Las Díaz, fueron expuestas en sus maniobras por una pariente que atestiguó en los medios de prensa, haber visto cómo usufructuaban de la mercadería y cómo planeaban usarlas para una campaña electoral en este 2021 pensando en Paola como futura diputada provincial, dentro del espacio que responde al radical Mario Mimessi, actual intendente de la alborotada Tartagal en la provincia de Salta.
Ante esto, las movilizaciones de Pueblos y Comunidades originarias, lograron que la Justicia intervenga en defensa de sus derechos e intereses, pues habían sido doblemente vulnerados, una vez por ser usados para conseguir las donaciones y otra porque no fueron ni partícipes, ni beneficiarios de las mismas. «El uso de los paisanos como excusa para conseguir ayuda que nunca les llega no es nuevo, es otro modo de explotación y abuso que sigue perpetuándose a lo largo de una historia en la que buscan someternos hasta el exterminio -etnocidio- pues nos dejan morir de hambre, nos quitan nuestras tierras y nos niegan el agua para consumir como si no fuéramos seres humanos» comenta a IP un cacique de las comunidades cercanas a la ciudad de Tartagal que fue partícipe de las protestas registradas desde el fin de semana en esta parte del país.
«Ahora resulta que a la concejal no la van a echar por lo que hizo, pero si nosotros reclamamos el cuerpo de un hermano fallecido en la ruta, o que no tenemos agua potable, o que nos desalojan violentamente de nuestras tierras ancestrales, la policía nos golpea, nos llevan detenidos, persiguen a quienes venimos a buscar Justicia porque nadie nos defiende. El Gobernador defiende al Intendente y el Intendente a la concejal Díaz, lo hacen porque les conviene, están todos igual de sucios por la corrupción. Antes de venir a las protestas, la policía apareció en las comunidades preguntando por los caciques, eso pasó en todos los parajes alrededor de TARTAGAL. Quieren que tengamos miedo para no exigir nuestros derechos» dijo un referente indígena.
La destitución de la edil Paola Díaz, como la afectación del cargo judicial de su hermana Rosana, como Defensora Oficial, era desde ya, al menos, un modo de obrar en consecuencia a la conducta moral esperada en esos ámbitos, no obstante, todo hace prever que serán «benignos» en el trato hacia las dos mujeres y que en tal caso reducirán todo lo sucedido a una gresca entre parientes por cuestiones de herencia.
El macrismo norteño trata de poner paños fríos en el hervidero tartagalense para poder seguir el rumbo marcado por Gustavo Sáenz en el escenario electoral, tener a la Reforma de la Constitución para manejar los municipios y torcer el brazo a los que no respondan al oficialismo.
Las Díaz serán salvadas con el aquí no fue para tanto, unos bolsones y nada más… mientras dejan de nuevo en el olvido, la presión de las comunidades originarias que buscan como actores sociales, su legítima participación en la política indígena que recién está asomando con los caciques y los pueblos originarios, firmes en avanzar y lograr todos los pendientes del Gobierno.
EL ACAMPE EN EL CONCEJO DELIBERANTE
«Holhamel khamaj’ ó’nimatyenlhi’ mayey ta okamayey’ ó’ihi’at inat iwomcha , ochotiaj ó’ihi’tchea lhamelh oyiken’iala’ ,ischik nowenamomche’ mayey’ Wet ischik inupa’ concejal pakana ..