La sanción de la ley antiprotestas, aprobada en tiempo récord por la Legislatura salteña, no ha disuadido a los docentes y trabajadores de la salud autoconvocados. Que han ingresado en la quinta semana de huelga.
Como respuesta al repudio generalizado de organizaciones de derechos humanos, sindicatos, movimientos piqueteros, comunidades originarias, de la diversidad sexual y asociaciones profesionales; varios de los legisladores oficialistas y aquellos que habilitaron su tratamiento sobre tablas, ahora tratan de despegarse de su propio engendro. El presidente del bloque oficialista, Germán Rallé, aseveró que la ley servirá en el “futuro”. En el día de hoy, 7 de junio, el gobernador informó a la prensa que el Senado de la provincia aún no ha girado el proyecto sancionado al Ejecutivo. Una vez recibido, Sáenz tendrá 10 hábiles para su promulgación o veto.
A la par, el bancario Rodas, secretario general de la CGT salteña, junto con Soto, de UPCN, y representante de las 62 Organizaciones peronistas, más otros burócratas sindicales, se han reunido con Sáenz para elucubrar un veto parcial. Este veto devolvería la ley a las cámaras legislativas.
Sin embargo, la continuidad de los piquetes docentes, particularmente en el ingreso a Salta (ex Aunor) y sobre la ruta 51, en Campo Quijano, la recientemente proclamada “ruta del litio”, ha provocado la reacción airada de las cámaras empresariales de la provincia. Las organizaciones piqueteras se han sumado al rechazo de la ley antiprotestas. Los municipales capitalinos y judiciales provinciales han iniciado huelgas parciales; Las patronales mineras, del turismo y los agroexportadores han exigido a Sáenz, en una reunión convocada por ellas, que garantice de inmediato la “libre circulación” en las rutas de la provincia.
Por su parte, la curia católica consideró oportuno el momento para romper su silencio, para denunciar “la anomia y la anarquía” que “domina la situación”. La réplica ocurrió en el corte de la ruta 51, donde camioneros mineros y trabajadores del turismo se sumaron a los docentes y trabajadores de la salud, para protestar contra las pésimas condiciones de la ruta (El Tribuno, 7/6).
Los trabajadores docentes y de la salud autoconvocados, en huelga ya de hace más de un mes, han hecho suya desde el primer momento la lucha contra la ley antiprotestas de Sáenz. Es necesario aprovechar las vacilaciones del gobierno en la promulgación de la ley, mediante una marcha en todos los centros políticos de la provincia por su veto y anulación definitiva. Una victoria contra la violación de los derechos democráticos daría el empuje final para la victoria de la huelga de la docencia y la Salud.
Julio Quintana, dirigente norteño de POLÍTICA OBRERA https://www.facebook.com/POdeSalta