Un plenario de Comisiones de Derechos Humanos y Garantías y Legislación del Trabajo le dio dictamen unánime a un proyecto que dispone la inscripción de la condición de detenido-desaparecido en los legajos laborales de los trabajadores y de las trabajadoras víctimas del terrorismo de Estado, que revistaban como personal en relación de dependencia del sector privado.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Hugo Yasky (Frente de Todos), consideró que se trata de “una deuda pendiente de la democracia con el sector de la sociedad que sufrió las desapariciones y los secuestros durante la dictadura militar”.
Yasky recordó que ya se avanzó en el sector público a nivel nacional y, prácticamente, en todas las provincias para reconocer a sus trabajadores, pero resta avanzar con las empresas privadas. Asimismo, recordó que la iniciativa tiene el respaldo de las centrales sindicales.
En tanto, el diputado Sebastián Nicolás Salvador (UCR) dijo que su bloque acompaña “cada intento de avanzar hacia el reconocimiento de los derechos humanos, es una política inclaudicable”. “Justamente un día como de hoy, de 1983, se inició el camino de la recuperación de los DD.HH. con el triunfo de Raúl Alfonsín”, dijo Salvador.
La titular de la Comisión de Trabajo, Vanesa Siley (Frente de Todos), destacó que los derechos humanos “se han convertido en una política de Estado, trascendiendo a los gobiernos y colocándose en una instancia superior”. “Es un día muy importante para la democracia”, definió.
En el mismo sentido, el diputado Albor Cantard (UCR) consideró que la iniciativa “nos interpela a los legisladores a 37 años de la recuperación democrática por la gran deuda en materia de derechos humanos”.
Fuente: Prensa Congreso