En la causa se investiga la desaparición forzada de las dos víctimas, ocurrida el 28 de abril de 1990, luego de que el automóvil en que se trasladaban fuera interceptado por efectivos de la Compañía Motorizada de la Policía de Mendoza.
La causa tramitó en la justicia provincial y pasó luego al fuero federal tras la intervención de una organización local de derechos humanos.
Tras una presentación conjunta realizada el 27 de diciembre pasado por la Fiscalía Federal N°2 de Mendoza a cargo del fiscal Alcaraz, quien tenía la instrucción de la causa delegada, y la PROCUVIN, a cargo de Alberto Gentili, ayer se llevaron adelante en Mendoza una serie de allanamientos que concluyeron con la detención de dos exmagistrados de la justicia provincial y 19 policías retirados, en el marco de la causa por la desaparición forzada de Adolfo Garrido y Raúl Baigorria.
En el expediente, se investiga lo sucedido el 28 de abril de 1990 entre las 15 y las 16 cuando Garrido conducía un automóvil Fiat rural 1500 acompañado de Baigorria y mientras circulaban por la rotonda de Monseñor Orzali del Parque General San Martín en dirección a Godoy Cruz, en la ciudad de Mendoza. Allí fueron interceptados por efectivos de la Compañía Motorizada de la Policía de Mendoza frente a la Escuela Hogar “Eva Perón”, quienes los trasladaron primero a la Comisaria 5ta, donde fue hallado el vehículo en el que se conducían, y posteriormente fueron alojados en los calabozos de la Dirección Investigaciones, donde fueron vistos por última vez con vida pero golpeados.
La causa tramitó en la justicia provincial desde el momento de los hechos hasta que, por el pedido de inhibitoria de la organización local de derechos humanos “Xumek,” pasó a la justicia federal a fines de 2017 para que se investigara el caso como desaparición forzada de personas. Una vez asumida la competencia, el juez federal Marcelo Garnica delegó la investigación el 9 de febrero de 2018 al Ministerio Público Fiscal, representado por la Fiscalía Federal N° 2, a cargo de Alcaraz.
Asumida la investigación, se efectuó un análisis pormenorizado de la causa y de la documentación existente para poder elaborar una hipótesis acusatoria que permitiera definir líneas de trabajo determinadas. En el marco de ello, se llevaron a cabo diversas medidas: en primer lugar, se tomó contacto con los familiares de las víctimas y se dispuso una audiencia a efectos de informarles que la causa había pasado a la justicia federal y los motivos de ese cambio de radicación. En torno a los derechos de las víctimas, conforme lo establecido por la ley 27.372, se dio intervención a las profesionales de la Dirección General de Orientación, Acompañamiento y Protección a las Víctimas (DOVIC), a cargo de Malena Derdoy, quienes llevaron a cabo más de 270 intervenciones.
La fiscalía analizó también la totalidad de la documentación obrante en la causa, entre la que destacan los libros de novedades de la época de las distintas dependencias policiales que habrían intervenido en los hechos investigados. De allí, se obtuvieron datos relevantes respecto del personal policial en funciones en ese momento, por lo que con esta información se solicitó a la Policía de Mendoza la remisión de los legajos e información referente a distintos integrantes de dicha fuerza que podrían tener alguna vinculación con los hechos.
Además, se analizaron más de 150 declaraciones testimoniales brindadas tanto en sede de la justicia provincial como también vertidas en el marco de la actuación de la Comisión Ad hoc de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así, se identificaron aproximadamente 40 declaraciones de relevancia y se dispuso citar nuevamente a dichos testigos a fin de que ratifiquen, rectifiquen y/o amplíen lo declarado oportunamente. Producto del paso del tiempo, fue dificultoso dar con muchos de ellos.
La causa tiene trascendencia internacional ya que fue el primer caso de desaparición forzada en democracia en Argentina que arribó a un tribunal internacional. El 2 de febrero de 1996, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló de forma unánime y tomó nota del reconocimiento del Estado Argentino de su responsabilidad en los hechos denunciados. El tribunal realiza aún un seguimiento en el marco de la supervisión de sentencias, dado que hasta la fecha no se había investigado a los responsables de dicha desaparición, así como tampoco se han hallado los cuerpos o restos de Garrido y Baigorria. En octubre de 2022, el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, se reunió con una comitiva especial de la Corte donde se conversó sobre los avances de la causa.