Rosa Grilo, sobreviviente, falleció el miércoles a los 115 años y dejó tras de sí, el valioso aporte de su testimonio, fundamental durante el juicio por la verdad realizado el año pasado.
Un relato del horror vivido por su familia durante los hechos ocurridos en julio de 1924, cuando el Estado argentino masacró a más de 300 personas de las naciones indígenas Qom y Moqoit, en el Chaco. El gobernador Jorge Capitanich, tras el fallecimiento de Rosa, decretó tres días de duelo.
-Un avión arriba, tiraban bolsas desde el avión y caían al piso y la gente iba a buscar y ahí lo mataban. Y ahí, mi abuelo y nosotros disparamos porque queríamos vivir. Mi abuelo se llamaba Francisco Grilo y mi mama Antonia Grilo.-
El 19 de julio de 1924 ocurrió en Chaco, la Masacre de Napalpí, el crimen cometido por la Policía del Chaco en el que murieron cientos de personas de los pueblos originarios Qom y Moqoit a manos, también de los grupos paramilitares pertenecientes a los estancieros regionales.
La historia con el genocidio resultante, comenzó con el reclamo de los trabajadores luego de organizarse para que los patrones mejoraran las condiciones laborales, pues se hallaban en un contexto de esclavitud sin la paga de sus jornales, las que eran cambiadas apenas por mercaderías para una olla comunitaria.
Fue un 19 de julio, cuando escucharon y vieron a un avión sobrevolando la zona que comenzó a arrojar comida y caramelos. Con absoluta inocencia, los pobladores originarios iban a levantar estos «cebos» quedando expuestos a la redada policial de los agentes chaqueños que les cayeron a golpes, disparos, mientras las fuerzas de la oligarquía terrateniente, comenzó a abrir fuego y a invadirlos en sus territorios, dando muerte a machetazos a niños, ancianos, mujeres y hombres en castigo brutal contra la protesta de los trabajadores rurales.
La historia llegó al siglo XXI con un veredicto traducido en vivo y en directo en idiomas indígenas; qom y moqoit, conforme lo resuelto por la jueza federal que dejó en firme el reconocimiento de la responsabilidad del Estado Nacional en la Masacre de Napalpí. La magistrada consideró que se trató de crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de un proceso de genocidio de los pueblos indígenas y por tanto, la Justicia federal dispuso medidas de reparación en beneficio de las comunidades.