Un sistema basado en maniobras fraudulentas que por años aseguró votos y bancas en contra de los derechos indígenas.
Es tan terrible contarlo que da pudor y vergüenza. Sin embargo, a raíz de una fuerte defensa que impulsan los Wichis de Salta, en relación a la tercerización de gestores políticos: punteros legisladores, nacionales y provinciales, de los trámites para solicitar un Documento Nacional de Identidad, o actualizar el mismo; queda en descubierto el viejo sistema de tramitación indirecta que se usó en el país y que nunca pudo ser erradicado, la gestión o solicitud de DNI en manos de cualquiera.
Los Wichis fueron tercerizados desde siempre, el sistema o modus operandi era llevado adelante por empleados o punteros políticos del senador que los representa desde los ‘80s hasta la fecha y que actualmente es presidente de la Cámara de Senadores de la provincia de Salta, Mashur Lapad. Toda vez que les tramitaban DNI en concepto de primera vez, o duplicado, o actualización y con ello se armaban bases de datos. Así es que lograban en 30 años, manipular dichas bases de información, en beneficio propio, sin ser los perfiles adecuados, ni siquiera originarios, sin manejo del idioma, de la cultura, pero resultando siempre electos en sus bancas por las comunidades indígenas.
Este viejo sistema, fraudulento, en nuestro país fue denunciado, desde siempre, sin encontrar eco en la Justicia, de ningún modo. Aunque la opinión pública y legal, está formada, la actual connivencia y complicidad para que se ejecute normalmente, transformó este procedimiento ilegal ilegitimo y consuetudinario, en algo normal.
Los Wichis nos duelen a algunos, a la mayoría les sirve como planificación de campaña y una gran parte del norte como un mega negocio, de este modo, se abre un puerta de libertad para los argentinos descendientes directos de sangre indígena que lucharon por sus derechos y a la vez, queda probado; convivimos dentro de un marco totalmente delictivo que involucra a buenos y a ajenos.
INGENIERÍA ELECTORAL Y ORGANIZATIVA
Lo partidos políticos son los más necesitados de este sistema porque sus afiliaciones tienen la base de requisitos que se presta a la manipulación de los DNI, para consolidar los trámites de leyes Electorales que no traen control, ni restricciones específicas que no puedan se burladas por la creatividad de los que delinquen.
Las protestas y los movimientos sociales carecen de legitimidad al momento de hablar de los formatos de afiliación y queda muy expuesto que cualquier pretensión de un movimiento social de armar un partido político con la utilización de estos sistemas, usando a los beneficios sociales, es un delito confeso.
Es así que, desde la cúpula de la política indígena nos hicieron llegar la novedad, de que se comenzará una campaña nacional de erradicar este grave delito, específicamente tipificado en nuestro Código Penal argentino, en concordancia con las denuncias a partidos políticos que no cuenten con el consentimiento real de sus respectivos afiliados.
IP interpreta periodísticamente que puede ser el fin de muchos personajes con banca actuales y otros que impulsan una carrera electoral que estarán muy flojos de papeles a la hora del más mínimo control de sus padrones generales.
Esta noticia nos permite definitivamente catalogar de DESASTRE político, como destino de los partidos que se conformaron a una velocidad inusitada y lograron participar de pasadas elecciones y de las que vendrán.
La justicia en esta situación podría actuar de oficio o en concordancia con la justicia electoral, pero dudamos que participen del espasmódico planteo que involucra a todos.