Al juez también se le imputan enriquecimiento ilícito y lavado de activos, delitos por los que además fue acusada su esposa y se investiga a dos de sus hijos, empleados del Poder Judicial.
Hay tres abogados imputados -dos de ellos detenidos y uno prófugo-, seis sobornadores detenidos y otras personas en libertad que están siendo investigadas.
El juez federal de San Rafael, Eduardo Puigdéndolas, hizo lugar al pedido del fiscal general Dante Vega y ordenó la convocatoria a prestar declaración indagatoria de un juez federal de la ciudad de Mendoza imputado de ser jefe u organizador de una asociación ilícita que tenía como fin cobrar coimas a personas imputadas en causas por graves delitos federales que involucraban grandes sumas de dinero. Tanto el juez federal como su esposa también se encuentran imputado e imputada por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos de origen delictivo. Si bien la fiscalía solicitó la detención del magistrado, por ahora permanece en libertad en función de sus fueros.
Puigdéndolas, quien actúa como juez subrogante en el caso, también ordenó la detención e incomunicación de tres abogados del foro local -uno de los cuales permanece prófugo- imputados por la asociación ilícita y cohecho activo en seis hechos. La investigación también alcanza a otras seis personas, actualmente detenidas, acusadas de cohecho activo agravado. Una mujer y otros dos hombres están acusados como cómplices primaria y secundarios, respectivamente, en uno de los cohechos. Y, asimismo, se imputó por falso testimonio a dos personas y se solicitaron remisiones administrativas a la Cámara Federal de Mendoza para que se investigue a dos empleados y a un funcionario judicial.
A los pedidos de detención de la fiscalía ordenados por el juez, se sumó el registro de 16 domicilios, incluido el despacho oficial y la vivienda del juez federal y los estudios jurídicos de los abogados, el secuestro de los teléfonos celulares de todos los involucrados y el secuestro de dispositivos electrónicos. Esas medidas, para las que se autorizó la presencia de funcionarios del MPF, se concretaron con el auxilio del Departamento de Asistencia Tecnológica y Apoyo Investigativo de la Policía de Mendoza, con intervención de personal de Policía Científica de la misma fuerza y la participación del Grupo Especial de Seguridad también de la Policía de Mendoza.
El fiscal Vega, titular de la Fiscalía General ante la Cámara Federal, actúa en el caso tras la inhibición de tres fiscales de la jurisdicción. A pedido del fiscal, el procurador general interino, Eduardo Casal, dispuso que lo acompañen de manera conjunta o alternada el fiscal general Mario Villar y la fiscal federal Laura Roteta, titulares de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos. El MPF también cuenta en el caso con la intervención de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes.
La fiscalía indicó que el «objetivo principal» de la asociación ilícita «era lograr a través del pago de un soborno la libertad espuria de personas detenidas a disposición del Juzgado Federal nro. 1 de Mendoza o su desvinculación del proceso».
La fiscalía así compuesta tiene a su cargo desde noviembre pasado la investigación, que fue solicitada al juez federal Puigdéndolas -y consecuentemente ordenada- en los términos del artículo 196 del Código Procesal Penal de la Nación.
La investigación se inició luego de que la Fiscalía Federal N°2 de Mendoza remitiera para su investigación las constancias de un peritaje al teléfono de un detenido por narcotráfico en el que aparecían mensajes con su abogado que daban cuenta de la existencia de maniobras judiciales irregulares sobre liberación de personas detenidas a disposición del Juzgado Federal N°1 de esa ciudad. A partir de allí, se inició la investigación de los abonados que surgían del peritaje. En numerosos mensajes de texto y de voz se alude al “juez”, al “número 1” o al “gran jefe”, en referencia al magistrado ahora imputado.
Paralelamente, la fiscalía a cargo del caso solicitó a las fiscalías federales de primera instancia de Mendoza con competencia penal que les remitieran trescientos casos de contrabando, cualquiera hubiese sido su resultado final, que tramitaran o hubieran tramitado en los dos juzgados federales, el N°1 y el N°3, con competencia penal, para estudiar lo que, en principio, aparecía como una asociación ilícita que cobraba coimas a cambio de beneficios para imputados en esas causas. Ninguno de los casos sospechosos apareció en causas que tramitaron en el Juzgado Federal N°3.
A partir de ello, la fiscalía describió el mecanismo de la organización en la presentación formulada ante Puigdéndolas: «Su objetivo principal era lograr a través del pago de un soborno la libertad espuria de personas detenidas a disposición del Juzgado Federal nro. 1 de Mendoza o su desvinculación del proceso. La consumación de la maniobra variaba de acuerdo al caso, pero se hacía siempre en base al siguiente mecanismo: en una primera etapa se concretaba el soborno (comúnmente expresado en el pago de sumas de dinero variables en dólares estadounidenses) para que el beneficiario recuperara su libertad. Generalmente esta libertad iba seguida por la impunidad de hecho del sobornador, quien podía terminar sobreseído o, en la mayoría de los casos beneficiado por el juez con una falta de mérito o una calificación legal de menor grado, que a su vez servían de excusa para aparentar la legalidad de esa libertad».
La investigación de la fiscalía incluyó el llamado a declarar a diferentes actores del sistema judicial. Tras relevar los testimonios, los representantes del MPF concluyeron que «hay un factor común que aglutina los testimonios de funcionarios aduaneros, policías, abogados del foro y personas imputadas o condenadas: todos, sin excepción, han referido anomalías, irregularidades o directamente delitos cometidos en el trámite de ciertos expedientes ante el Juzgado Federal nro. 1 de Mendoza».
Según los representantes del MPF, el empresario Aliaga -víctima de secuestro extorsivo y homicidio el año pasado- era «hombre de confianza del juez federal para el arreglo de causas a cambio de sobornos».
De acuerdo con las pruebas obtenidas por la fiscalía, «era común que el arreglo se pactara de común acuerdo entre el sobornador y los intermediarios, pero en otros casos se presionaba directamente al imputado y hasta a su familia con la amenaza de permanecer en prisión de acuerdo a la voluntad del juez».
La fiscalía llegó a la conclusión que, además de los dos abogados detenidos y el letrado que aún permanece prófugo, uno de los intermediarios entre el juez imputado como jefe de la asociación ilícita y los sobornadores era el empresario Diego Alfredo Aliaga, víctima de un secuestro extorsivo el 28 de julio pasado, que culminó con su muerte y el hallazgo de su cuerpo a mediados de septiembre. Según los representantes del MPF, Aliaga era «hombre de confianza del juez federal para el arreglo de causas a cambio de sobornos». En tal sentido, explicaron que el vínculo entre ambos se remonta a 2009, cuando Aliaga fue imputado por contrabando de mercaderías y «fue beneficiado por el juez en dos oportunidades: la primera en fecha 3 de agosto de 2010 cuando dictó falta de mérito en su favor y la segunda el 14 de mayo de 2014 cuando lo sobreseyó».
En relación con el rol de los abogados en la asociación ilícita, la fiscalía precisó que «como ocurre con toda banda que opera en el ámbito judicial, actúan en los expedientes en los que se define la coima». En tal sentido, apuntó que «mediante diversas presentaciones y escritos preparan el terreno para que el juez cumpla con su parte en el acuerdo ilícito. Integran la banda en forma permanente o esporádica, pero siempre unidos por el vínculo que presupone una organización delictiva. En algunos casos conciertan la maniobra entre todos; en otros interviene una parte o incluso uno de ellos. Son fungibles, de acuerdo a las necesidades del caso. El único límite es que aparezcan dos abogados en el expediente, el máximo que permite la ley procesal». La fiscalía puso de relieve que en varias oportunidades los abogados se reunían con Aliaga o hablaban en forma permanente con él, quien les daba instrucciones bajo la dirección del juez, el «número 1». «Los abogados de la banda se encargaban de introducir escritos que disimulaban la decisión final que, como se dijo, consistía en conceder libertades espurias o alivianar la situación de los sobornadores brindándoles a largo plazo una suerte de impunidad de hecho a través de la decisión judicial ilícita», explicó la fiscalía.
«El patrimonio de la familia superaría el monto total de los ingresos lícitos en concepto de sueldos, cobrados sucesivamente por los cuatro miembros de la familia desde su ingreso a las filas del Poder Judicial», señaló la fiscalía.
Enriquecimiento y lavado
La fiscalía y la PROCELAC también dirigieron la investigación hacia el patrimonio del magistrado y de su esposa, funcionaria judicial, como el de dos de los tres hijos de ambos, también empleados del Poder Judicial de la Nación.
De acuerdo con la imputación, el juez y su esposa emplearon su sociedad conyugal «para adquirir o vender numerosos bienes inmuebles y muebles y realizar conjunta o alternativamente numerosos traslados al exterior sin justificación alguna», y utilizaron a sus hijos para canalizar el dinero hacia emprendimientos comerciales y económicos y para que figuren como titulares de bienes. Los hijos por ahora no fueron imputados, pues la fiscalía considera que la investigación todavía no permite sacar conclusiones respecto de su participación en los delitos, dado que se aguarda el resultado de un peritaje contable. No obstante, su situación fue comunicada a la Cámara Federal para que lleve a cabo las investigaciones administrativas que correspondan.
Por caso, el juez y su esposa registran numerosos viajes preponderantemente a Miami y Nevada, de entre cinco y siete días de duración, «por lo que se descarta que los mismos sean con fines de esparcimiento u otro fin lícito, lo que refuerza la configuración de los delitos» de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, señaló la fiscalía.
Para la investigación, la fiscalía también comparó los informes patrimoniales del juez y su esposa con la de los fiscales federales de primera instancia de la jurisdicción -dado su vinculación con las mismas causas en las que intervino el juez imputado-, lo cual le permitió reforzar la convicción sobre las conductas del magistrado.
De acuerdo con el informe de la AFIP, el juez, su esposa y sus dos hijos perciben mensualmente un monto superior a 1,7 millones de pesos en salarios pagados por el Poder Judicial de la Nación, más una asignación familiar (renunciable) de menos de 6 mil pesos por el tercer hijo que paga la ANSES.
«El patrimonio de la familia superaría el monto total de los ingresos lícitos en concepto de sueldos, cobrados sucesivamente por los cuatro miembros de la familia desde su ingreso a las filas del Poder Judicial desde 1992 hasta la actualidad», indicó la fiscalía. En 1992 el ahora magistrado había ingresado al Poder Judicial como secretario. En 2005 asumió como juez.
La información registral a su nombre indica que solo es titular de un bien: una camioneta. «Tanto él como su esposa han utilizado las formas legales respectivas para distribuir entre sus hijos los numerosos bienes inmuebles y muebles que integran su patrimonio», concluyó la fiscalía.
Fuente: Fiscales