Buenos Aires, Entre Ríos o Salta, los desalojos exponen el mismo componente en todos lados: los terratenientes acaparan el recurso más valioso para el desarrollo de los pueblos.
No hay tierra para quienes quieren trabajarla y vivir en ella de un modo digno. Está claro que el capitalismo sobrevive porque la élite en Argentina concentra todas las herramientas jurídicas, económicas y políticas para ejercer el poder y volcar el engañoso concepto de propiedad privada a favor de la hiperconcentración ejercida por pocos en un país donde la inmensa mayoría pasa hambre.
Por menores y detalles de las causas en Guernica, el cumplimiento de la orden judicial con el proceder de la Bonaerense, o el martillo de una poco sorora jueza de Entre Ríos, carente de perspectivo de género que despojó de lo suyo a Dolores Etchevehere, las razones son bastantes similares, si luego concentramos la mirada crítica sobre la criminalización de la protesta padecida por los Pueblos Indígenas.
LOS DESALOJOS Y CRIMINALIZACIÓN DE LA POBREZA
Sucedió en estas semanas en Tartagal, el paraje KM20, la comunidad Yokwespehen -Departamento San Martín, Provincia de Salta. La comunidad está conformada por quince familias, entre ellos cuarenta NNyA. (niños, niñas y adolescentes), cuarenta y cinco personas adultas.
Hace aproximadamente 20 días que dicha comunidad viene recibiendo persistentemente amenazas y hostigamiento por parte de un supuesto terrateniente usurpador, identificado como Jorge Panayotidis, que en 2019 esta persona radica una denuncia penal contra autoridades de la comunidad, la denuncia se realiza en la Fiscalía Penal 2 de Tartagal, a cargo del fiscal Dr. Medina – Aux. Fiscal Dra. Baigorria. Juzgado de Garantía 1. Juez Dr. Nelson Aramayo – Secretaria Dra. María Flores.
De la misma forma el presidente de la comunidad Yokwespehen km 20, Rodolfo Suárez, decide radicar una denuncia penal el día 16/10/20 en la comisaria 42 de Tartagal a horas 8:00 por daños al usurpador de territorios ancestrales (denunciado sospechoso) Jorge Panayotidis, acusado por destruir cercado de la comunidad y otros daños y perjuicios, una vez ocasionado los hechos se da a la fuga en su camioneta particular. La autoridad de la comunidad solicita se tomen las medidas legales por violación a los derechos de los niños y de la comunidad y la aplicación de la Ley Nacional 26.160 donde se reconoce la ocupación actual, tradicional y pública de la comunidad.
La causa contra la comunidad está radicada desde el año pasado pero organismos del Estado (INAI y Secretaría de Asuntos Indígenas) no actuaron a favor de los derechos de los pueblos indígenas incumpliendo la Ley 26.160 con vigencia hasta noviembre de 2021. Mientras las amenazas y atropellos por parte de supuesto terrateniente, amigos y la policía no cesan, tal es así que, miembros de la comunidad y otras aledañas, deciden hacer escuchar sus reclamos manifestándose al costado de la ruta 86, altura de km5 (comunidad Loira)
Al mismo tiempo se venía proponiendo una mesa de diálogo para canalizar los reclamos planteados en la carta de las comunidades presentada en el mes de julio a los siguientes organismos: INADI (Nación y Provincia), Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Secretaría de DDHH. de Nación y al Presidente de la Nación, respuesta a esta carta, los únicos funcionarios que respondieron para iniciar un proceso a los reclamos de las comunidades son, con el titular del INADI Salta Gustavo Farquharson y Victoria Donda; titular INADI Nación.
Con detalles sobre los hechos sucedidos y las acciones realizadas se puede leer el informe realizado por el Movimiento Indígena de Liberación: Territorio y Dignidad.-
Los Pueblos Originarios, desprovistos de un ejercicio real de la ciudadanía, enfrentan los duros castigos de la xenofobia en el país, con instituciones cooptadas por la élite social y política que insiste en ver a la pobreza, no como una consecuencia del materialismo económico, sino como un error voluntario de personas que no se movilizan detrás de la codicia y la ambición.
En esa tensión permanente, sin ser sujetos de la misma cultura, ni artífices de su propio destino, las poblaciones indígenas jamás han podido desarrollar con previsibilidad todas aquellas características que las forjan en la identidad y espíritu de cuerpo, no obstante, en la situación extrema de supervivencia ha comenzado a germinar el hartazgo y consecuentemente no habría que asombrarse las reacciones típicas de quien no teniendo nada más que perder, arriesguen lo poco que poseen y definan una nueva lucha por la conquista de espacios y derechos que les corresponde. La propiedad comunitaria de las tierras que habitan, el acceso a los recursos energéticos y la dignificación de la vida como seres humanos, bajo condiciones que contemplen salud, educación, seguridad y trabajo -producción-
Aquel mecanismo de control social y catarsis colectiva que significó en algunos casos las religiones denominadas «cristianas» se han visto deterioradas por el constante aprovechamiento y explotación que hacen en la sumisión, casi esclavista, de los y las indígenas. Fenómeno que se puede constatar en no pocas comunidades del norte argentino.
El deseo de ir por la propia representación, la referencia y pertenencia a sus propias naciones, le auguran a la Argentina, un escenario político y cultural, muy diferente al que hasta el momento se ha vivido, caso contrario, el etnocidio y el ecocidio que van coincidentemente de la mano, encontraran mecanismos de expresión muchos más duros de los que estamos acostumbrados.
SIN LOS PUEBLOS ORIGINARIOS EN EL ESQUEMA POLÍTICO, NO HAY DEMOCRACIA, NI PROYECTO NACIONAL Y POPULAR, MENOS AÚN, DE ÍNDOLE SOLIDARIA.
