La diputada nacional Carolina Moisés pidió hoy que la Justicia jujeña aplique “el castigo correspondiente” a los responsables de los cuatro femicidios ocurridos durante el mes pasado en la provincia, y reclamó que “los funcionarios provinciales, empezando por el Gobernador, cumplan con las leyes establecidas y no afecten derechos de otros poderes” en la instrumentación de medidas relacionadas con la violencia de género.
La legisladora planteó una cuestión de privilegio contra el Gobernador Gerardo Morales durante la sesión de la Cámara baja de esta tarde porque “ha emitido un decreto que vulnera lo establecido en la Constitución nacional, se arroga facultades para modificar el Código Penal que son exclusivas de este Congreso y modifica artículos del Código Penal de la Nación”.
Moisés también fustigó la reciente sanción de la ley provincial 6185 por la cual se creó un Comité Interinstitucional Permanente de Actuación ante la Desaparición y Extravío de Mujeres y Niñas o Personas de la Diversidad, que “lo único que hace es multiplicar facultades del Consejo Provincial de la Mujer que debiera actuar como coordinador entre todas las áreas que tienen facultades para poder prevenir y buscar a mujeres desaparecidas”.
“No solamente la Legislatura provincial aprobó esa ley totalmente inconsulta, sino que metieron un proyecto de emergencia por parte del Ejecutivo después de que hay 14 expedientes esperando en la Legislatura por la declaración de emergencia”, añadió la legisladora.
En contraposición a esa medidas, Moisés dijo que “han sido muchas las leyes que hemos conseguido en nuestra lucha, han sido muchos los avances y Argentina es ejemplo en América Latina con respecto a las leyes de prevención y de castigo en casos de violencia de género y doméstica”.
Tras reseñar los femicidios de Cesia Reinaga, Iara Rueda, Rosana Mazala y Gabriela Cruz “ocurridos en sólo 20 días”, la legisladora del Frente de Todos aseguró que “el Gobierno provincial no contuvo, no acompañó, no intervino, no hizo cumplir las leyes nacionales vigentes en función de la búsqueda de personas, ni ninguno de sus organismos informó la desaparición de estas chicas al Sistema Nacional Integrado de Búsqueda de Personas”.
“Su única respuesta fue primero el silencio, después la negación y luego la burla, por eso quiero hacer público el rechazo masivo con más de 600 firmas de organismos de derechos humanos, universidades nacionales y jujeñas, legisladoras nacionales, provinciales y municipales, sindicatos y gremios, organizaciones sociales y colectivos de géneros, organizaciones internacionales en contra de la ley emitida por la Legislatura de Jujuy por la que creó un Comité para la Búsqueda de Personas”, explicó Moisés.
La diputada del Frente de Todos dijo que “las heridas y todo el dolor de estas mujeres y de sus familias es el dolor que sentimos todos los jujeños porque cada puñalada y cada golpe recibido por ellas ha sido dado a cada uno de nosotros y a todos como sociedad”.
Moisés expresó que con su alocución intentaba interpretar el sentir “de las familias de esas cuatro jujeñas y de tantas mujeres que mueren todos los días, pero en el caso de Jujuy con toda una sociedad conmocionada, dolida, asustada pero por sobre todo enojada por la falta de respuestas, o por la respuesta burlesca como si todos fuéramos ignorantes de las leyes y de lo que se establece”.
Inminente protesta feminista por el acceso a la información
Por su parte las organizaciones feministas y el sector de trabajadores/as de la prensa comunicaron que » Este jueves 8 y viernes 9 de octubre en la provincia de #Jujuy, en un hecho histórico, participarán todas las organizaciones sociales, sindicales, de la sociedad civil, con trabajo territorial en género, con intervenciones de 10 minutos cada una, en la comisión de Género e Igualdad de Oportunidades de la Legislatura jujeña. Esta invitación se realiza para escuchar lo que estos espacios tienen para aportar a la futura Ley de Emergencia en Violencia de Género que se debate con 9 proyectos presentados.
A un día de este evento, desde prensa de la Legislatura se le informa a la prensa en general que no habrán acreditaciones para que periodistas, comunicadorxs, ni para que los mismos espacios de comunicación de las organizaciones puedan realizar la cobertura correspondiente. Tampoco habrá transmisión vía streaming por los canales institucionales para que la sociedad civil pueda escuchar las voces de las organizaciones en sus intervenciones.
Denunciamos públicamente estas maniobras que apuntan a silenciar las voces de las protagonistas de todos estos años de lucha ininterrumpida por una vida libre de violencias y le solicitamos al presidente del cuerpo legislativo, Carlos Haquim que respete y garantice, principalmente, el derecho a informar para periodistas y comunicadores y a ser informadxs para la sociedad jujeña»