Esta semana, los organismos y organizaciones de Derechos Humanos presentarán un informe detallado de casos en los que la violencia institucional perjudicó en su mayoría a las personas que militan y trabajan en la lucha contra el hambre.
El principal autor, señalado por este informe, es Geraro Morales -gobernador- quien en la actualidad para evitar todo cruce con las investigaciones que se realizan por violación a los DDHH, está ausente de la provincia, visitando territorio bonaerense, mientras pretende conseguir aliados políticos con vistas a las elecciones 2023 por las que se plantea convertir su perfil en uno con aspiraciones presidencialistas. Morales, además no es conocido en el principal distrito electoral del país y consecuentemente, «su mando dura» es una de sus más frecuentes puestas en escena. Aunque no son convicciones políticas las que lo llevan a esa postura, sino su proclive conducta en contra de toda oposición en Jujuy.
INFORME DE CASOS
IP accedió anticipadamente al informe de DDHH, mediante la corresponsalía en Jujuy, y en el mismo se explica: «n la provincia de Jujuy, del 13 al 15 de Julio de 2022, la “Comisión de Solidaridad con los Pueblos en Defensa de los Derechos Humanos”, integrada tanto por militantes de organismos de Derechos Humanos como por organizaciones sociales, políticas y sindicales, llevó adelante tareas de relevamiento de vulneraciones a los Derechos Humanos en no menos de 58 casos, de los cuales se recabó información por medio de entrevistas, testimonios orales y escritos y/o denuncias formales»
En el detalle de lo relevado hasta el momento, en clara alusión a la violación de los DDHH, quedan registrados los siguientes hechos: «Represión a la Protesta y la Organización Popular, Allanamientos irregulares, Expediente y Violación a la ley de Inteligencia y Seguridad Interior y conexas; Detenciones y Torturas, utilización irregular del Código Contravencional, Despojos de Tierras y Violación de los Derechos de los Pueblos Indígena«
Por otra parte, cabe recordar que el Informe “Derechos Humanos en Jujuy. Una herida que sangra
en la región” de octubre/2021, advertía que la persecución y encarcelamiento planificado de Milagro Sala el día 16 enero de 2016, marcaba un punto de inflexión en la provincia»
UNA JUSTICIA A LA CORTA MEDIDA DE MORALES
Apenas asumido Morales, diciembre de 2015 reforma la ley orgánica del Poder Judicial. Modifica el número de integrantes del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia de 5 (cinco) a 9(nueve) en sesiones extraordinarias de la Legislatura, que paradójicamente dos de los diputados que levantaron la mano por la positiva, días después pasaron a jurar como jueces del máximo tribunal. Sanciona la Ley 5895 creando el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y estableciendo allí, todas las facultades para la persecución penal. Asegurándose de esta manera, Gerardo Morales, un poder judicial obediente a sus proyectos políticos y al servicio de los poderosos de la provincia que gobierna.
Luego de reconfigurada la justicia jujeña, el hostigamiento, la persecución y criminalización sobre luchadores y luchadoras populares, organizaciones sociales, políticas y sindicales, fue increscendo al punto de lo absurdo e inconstitucional. Se dispone el uso sistemático del Código Contravencional – ley provincial heredada de la gestión de Eduardo Fellner – como mecanismo disciplinador y de amedrentamiento sobre quienes se organizan, protestan y manifiestan socialmente, sobre quienes se oponen a las diferentes medidas gubernamentales.
El aparato estatal provincial cuenta con la colaboración y disposición de la policía para garantizar el contexto represivo en la provincia, hoy bajo el mando del Ministro de Seguridad, Comandante Mayor (R) Luis Alberto Martín. Una policía denunciada en reiteradas ocasiones por brutales y graves represiones, por detenciones arbitrarias, por torturas.
TESTIMONIOS DE PERSECUCIONES Y VIOLENCIA POLÍTICA
El informe que será presentado en dos días, a la sociedad argentina, lleva el testimonio de militantes, ciudadanos de a pie y dirigentas políticas que sufren el acoso judicial de modo constante por cuenta y orden de una Gobernador que no tiene reparos en detentar la manipulación grave que hace las instituciones en favor de sus propios intereses partidarios, pues en definitiva lo que sucede en Jujuy es el despliegue de medidas neoliberales bajo la fuerte impronta de Juntos x el Cambio, con la firma del radicalismo de extrema derecha y la anuencia de un vicegobernador del PJ, Rivarola, cuyo sinsentido, es hacer que el Frente de Todos se subyugue a la orden oligarca.
INFILTRACIONES OFICIALES EN MOVIMIENTOS SOCIALES Y PUEBLOS ORIGINARIOS
Sucedió en un gran operativo de inteligencia como en la peor época del Terrorismo de Estado en Argentina. En abril del 2022, el Gobierno jujeño, inicia tareas en contra de las organizaciones civiles y alcanza en esto a los Pueblos Indígenas.
En una pieza procesal, documento de 5 fojas titulado: “ACTA DEJANDO CONSTANCIA DEL PROCEDIMIENTO REALIZADO”, del 1º de abril de 2022 (labrada, según indica, a las 15:00 hs.), que da cuenta los detalles de la infiltración de las organizaciones sociales, sindicales y políticas durante la movilización que habría de realizarse el 1º de abril en el centro jujeño en ocasión de la apertura de sesiones legislativas de la Provincia.
En el acta se menciona el seguimiento de las siguientes 32 organizaciones: Corriente Clasista y Combativa, Movimiento de los Trabajadores Excluidos, Movimiento Evita, Consejo de Pueblos Originarios Llankaj Maki, Frente Popular Darío Santillán, Organización Revolucionaria del Pueblo, Somos Barrios de Pie, MAP, FNC, Nuestramérica movimiento Popular, Coordinadora de Organizaciones Populares de Jujuy, Frente de Organizaciones en Lucha, Polo Obrero Tendencia, Movimiento Rebelión Popular, Movimiento de Resistencia Popular; FOB La Libertaria; Frente
de Izquierda Unida (PTS, Partido Obrero, MST), MTR 12 de Abril, FPDS-CP, FOL, Trabajadores Despedidos de Garbarino, ATE Verde y Blanca, CTA Autónoma, AFAAJ “Ambulantes, feriantes
y afines agremiados de Jujuy”, Intersindical de Trabajadores Estatales (conformado por ADEP, APUAP, SADOP, APOC, JUDICIALES), SEOM (Sindicato de Empleados y Obreros Municipales);
Corriente Sindical Marina Vilte; Corriente Nacional Docente Conti Santoro y Agrupación 9 de Abril; entre otras.
El acta pareciera dar cuenta que al momento de su confección la agencia policial ya contaba con un registro de las organizaciones sociales, políticas y sindicales que iban a movilizar, los lugares en donde concentrarían, cuántas personas habrían de movilizarse durante la jornada y cuáles eran los lugares geográficos de proveniencia (ciudades, barrios y localidades) entre otros datos.
Se observa a continuación una profusa cantidad de fotografías de personas, a cuyo pie se indica nombre, apellido y condición de dirigente o referente de la agrupación a la que pertenecen.
Se trata de capturas tomadas durante la manifestación política.
A partir de ello se produjeron informes con los datos personales de cada una y cada uno de ellos: nombre y apellido, número identificatorio de documentación, edad, cuil, datos electorales,
laborales y financieros, números de celulares, domicilio (con fotos del frente de las casas), datos de las personas convivientes, redes sociales, antecedentes penales, contravencionales y “de toda índole”. La invasión a la privacidad se extendía incluso a los miembros del grupo afectivo y familiar.
Se utilizó el sistema OSINTS para obtener información aún más pormenorizada (todo ello sin ningún tipo de contralor judicial pues, como se ha dicho, al momento las personas en cuyo perjuicio se realiza la investigación criminal siquiera poseen calidad procesal de imputado. En aquel momento siquiera se había corrido vista al juez)
Tal como Mauricio Macri hiciera con las víctimas y sus familiares del hundimiento en el ARA San Juan, y con las organizaciones sociales, partidos políticos, dirigentes, empresarios, etc, durante su presidencia nacional, Gerardo Morales, pupilo del ex presidente, aplica el mismo sistema de espionaje.