¿Se debe limitar por ley el uso de los suelos argentinos? ¿bajo qué conceptos habría de disponerse de los mismos? Las dudas surgen, de cara a un debate inminente en el contexto legislativo, a nivel nacional.-
El becario doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Lucas Figueroa, y docente de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín (UNSaM), se refirió a las iniciativas del Congreso que buscan fijar límites al uso de los suelos en Argentina, en respuesta a los siniestros forestales que ya afectó a 500 mil hectáreas en el país, destruyendo la flora y la fauna de vastos y diversos ecosistemas.
En una entrevista ofrecida a «Radio Calle», Figueroa, quien integra el área de Ambiente y Política de la Universidad de San Martín, aseguró que «el proyecto de la gestión integral de Humedales (Ley de Humedales) es un proyecto necesario, el Congreso debería legislar sobre los Humedales, porque lo que podría permitir es un ordenamiento de las actividades que pueden y no hacerse en un ecosistema de humedales».
Para el politólogo y Magíster en Derechos Humanos del Centro Internacional de Estudios Políticos (CIEP-UNSaM), en la Argentina existen hoy diferentes recursos legislativos para controlar la llamada «expansión de la frontera agropecuaria», con la que los productores agrícolas buscan avanzar sobre territorios protegidos por ley, para convertirlos en zonas de siembra, o producción, a través de quemas y deforestación.
Entre ellos destacó el proyecto de Ley de Humedales, pero, además, las iniciativas para modificar la Ley de Manejo del Fuego y la Ley de Bosques. Las mismas se complementan, además, a iniciativas provinciales.
Consecuencias penales para los responsables
Figueroa se refirió al capítulo penal de estas iniciativas, reclamado por Centros de Investigación como el Instituto de Limnología del CONICET (INALI), de Santa Fe, el prestigioso Instituto Multidisicplinario de Biología Vegetal (IMBIV), de Córdoba y hasta por la propia Maristella Svampa, investigadora del CONICET.
«Hoy por la Ley de manejo de fuego puede penarse, pero más allá de eso no hay nada que regule de manera integral el ecosistema, por lo que no hay consecuencias para quien inicia un incendio, a diferencia de lo que si pasa con los bosques nativos».
La Ley de Bosques Nativos, por ejemplo, establece que en las zonas incendiadas no puede haber ningún tipo de actividad posterior, sino que tiene que restaurarse aquellas zonas que fueron incendiadas.
«En 2007 estábamos con el boom de la soja, con una presión muy fuerte por expandir las fronteras del avance sojero y después del trigo», explicó Figueroa, para enmarcar el año de sanción de la Ley de Bosques. «Entre otras cosas, lo que dice la Ley es que hay que ordenar a los bosques nativos, estableciendo dos zonas en las que no se puede desmontar, y otra, la verde, que la Ley dice que son bosques de bajo valor de conservación, en los que se podía desmontar, para cambio de uso de suelo».
Esa categoría fue consensuada con los diputados senadores de las provincias cuyos intereses están fuertemente ligados a la actividad agraria y se veían afectadas por la Ley de Bosques.
Figueroa, puntualizó, sin embargo, que «el problema de la deforestación no se limita a la categoría verde, sino que se mantuvo en las tres categorías»
Efectos positivos de la Ley de Bosques
Sin embargo, Figueroa destacó que «la tasa de deforestación viene en descenso a partir de la sanción de la Ley de Bosques, y de la sanción de las leyes provinciales de ordenamiento territorial».
Por eso, consideró que «La ley de bosques tuvo efectos positivos» aunque «habría que destinar recursos y esfuerzos para gestionar de una manera mas positiva la implementación de esa ley».
«La ley es sumamente reconocida por grupos ambientalistas» pero «los recursos para la ley de bosques no pasaron del 4 o 5%, por lo que está desfinanciada», dijo Figueroa.
«Es más el presupuesto para el año que viene es de 4,5%, por lo que hay un mensaje de que la implementación de la Ley de Bosques va a continuar desfinanciada, incluso para 2021», por lo que «es un problema para su implementación entonces es necesario destinar fondos a implementar la ley, por un lado a los productores para que tengan incentivos para no deforestar, y por otro lado para las gestiones provinciales para que mejoren sus estructuras, camionetas, equipos que tengan impacto en la reducción de la deforestación».
Menos multas y más penas
Respecto al proceder de los productores agropecuarios y los inversores inmobiliarios, quienes calculan las multas en el marco general de la ganancia que obtendrán con sus proyectos, Figueroa aseguró que «hay que aumentar las penas porque las multas no alcanzan».
«Estoy de acuerdo con la modificación del régimen penal que propone la ley de bosques, pero también, por otro lado, está el proyecto de modificación de la ley del manejo del fuego, que propone que las zonas incendiadas no puedan permitir manejos en 60 años, esto está bien incluso para los humedales», detalló Figueroa.
Ambiente, a discutir el modelo de desarrollo
El especialista de la UNSaM, consideró que «el rol del Ministerio es positivo en brindar aviones, brigadistas, que es una de las potestades del ministerio, pero no puede involucrarse de manera directa porque son las provincias las que manejan y gestionan los recursos naturales».
Por eso, sostuvo que «(Juan) Cabandié (Ministro de Medio Ambiente) podría gestionar que los fondos que tiene Ambiente sean mas elevados, teniendo en cuenta que en términos de política de Estado en Argentina, es necesario que lo ambiental empiece a tener lugar en las discusiones sobre los modelos de desarrollo».
Para Figueroa, «los incendios para expandir la frontera agropecuaria están extremamente vinculados con el modelo de desarrollo», y ese modelo «históricamente lo definieron los ministerios de agroindustria, de economía, de producción, pero Ambiente nunca tuvo un rol en la mesa de discusión, en igualdad de condiciones, con esos ministerios que son los que definen los modelos de desarrollo en Argentina»
En tal sentido, consideró que «es importante que se incorpore la variable ambiental en cómo se tiene que discutir una política de crecimiento y de desarrollo económico sustentable en la Argentina».