Además, es la primera vez que se logra una indemnización pecuniaria en concepto de reparación integral del daño.
La Unidad Ejecutiva del Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata de Personas realizó, el 26 de julio pasado, el pago de 1.280.394 pesos en concepto de reparación económica a una joven que fue víctima de ese delito en la localidad santiagueña de La Banda, dentro del prostíbulo “Negro el 20”.
En agosto de 2014, el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero condenó a José Luis Luna, el principal imputado, a cinco años de prisión y le impuso una pena de tres años a Samuel Emiliano Calderón y Carlos Horacio Cancino Franco. Los tres fueron señalados como los responsables de capturar, trasladar y explotar sexualmente a la joven misionera, durante enero de 2012.
En ese momento, el Tribunal no había hecho lugar al planteo que había realizado la fiscal general Indiana Garzón junto a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) -a cargo de Marcelo Colombo y Alejandra Mángano- para que se decomise el inmueble con el objetivo de reparar a la víctima. En la causa intervino también la Dirección General de Recupero de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB) de la Procuración General de la Nación que encabeza María del Carmen Chena.
En noviembre de 2015, la Cámara Federal de Casación Penal reenvío el expediente al Tribunal para que se dicte un nuevo pronunciamiento. En esos términos, el 31 de octubre de 2016 se realizó una audiencia en el juicio de reenvío donde el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero -con una nueva conformación- resolvió destinar el inmueble para la asistencia directa de la víctima. En ese sentido, el tribunal señaló que “no queda duda alguna, que el local ‘Negro el 20’ de propiedad del acusado Cancino Franco fue, precisamente, el inmueble que ha servido para cometer el delito referenciado y cuyo decomiso –tal como manda el digesto punitivo- debe ser aplicado a un destino especial –en el presente caso, a la asistencia de la víctima”.
En diciembre de 2016, la fiscala Garzón solicitó que se inicie el trámite de ejecución del decomiso del prostíbulo y para ello propuso que se dé inicio a una subasta pública, con el fin de que se fije una determinada suma de dinero para ser destinada a la víctima del caso. El monto que propuso la fiscalía fue determinado junto a la Dirección de Recupero de Activos y PROTEX.
El trámite comenzó a agilizarse en abril del año pasado, cuando el predio pasó a la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que en ese momento efectuó la convocatoria para la subasta del terreno de 1.240 metros cuadrados que está valuado en 26,4 millones de pesos. No obstante, el organismo intentó subastar desde ese momento hasta la actualidad en dos ocasiones el inmueble.
Ante el tiempo transcurrido y al no haberse presentado ofertas, en mayo de este año el MPF (representado por la Fiscalía de Santiago del Estero, PROTEX y la DGRADB) solicitó al Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata de Personas que se arbitren los medios necesarios para hacer efectiva la reparación económica en favor de la víctima de acuerdo al monto actualizado, conforme lo establece el artículo 7 del de la reglamentación del régimen del Fondo Fiduciario Público. En la causa, intervino también la coordinadora del Área de Trata del MPF de Santiago del Estero, Andrea Ledesma Piga.
Reparación a víctimas
En octubre del 2021 el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación junto al Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) puso en funcionamiento el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata de Personas tras la firma del contrato de fideicomiso de administración.
El fideicomiso tiene como objetivo la efectivización de las restituciones y reparaciones económicas que correspondan a las víctimas como medida destinada a reponer las cosas al estado anterior a la comisión del delito. El referido Fondo fue dispuesto por la Ley 26.842 que incorporó el actual artículo 27 de la Ley 26.364 de «Prevención y Sanción de la Trata de Personas». En 2019, la Ley 27.508, creó el fondo de Asistencia a las víctimas de trata, lo que fue reglamentado por el decreto 844/19