Sucedió en horas del medio día cuando un comisario de Santa Victoria Este, Diego Nievas, ingresó prepotente al territorio de las comunidades del Pilcomayo en busca del presidente de la UACOP, Abel Lutsej Mendoza, a quien increpó por ser dirigente de la Unión Autónoma de Comunidades del Pilcomayo. El policía dijo que debía averiguar los antecedentes políticos de Mendoza luego que en las últimas semanas de noviembre asistiera a la MESA DE DIÁLOGO INTERCULTURAL en Casa de Gobierno.
Fiel al estilo represor que caracteriza a la oligarquía gobernante, el Gabinete de GUSTAVO SÁENZ, que cobra el ATP de la Nación, además de los suculentos salarios, ha dispuesto una persecución deliberada sobre caciques y dirigentes originarios en Rivadavia, haciendo caso omiso de todos los derechos que permitan a la ciudadanía argentina, la libre participación política en procura de defender sus intereses conculcados como son la soberanía alimentaria, el acceso al agua potable, a la asistencia médica, la vivienda digna, la educación multicultural, la libre expresión, el trabajo justamente remunerado, la protección del Estado ante la inseguridad. Pero lejos de conseguir que esto sea así, el ESTADO PROVINCIAL, al mando de SÁENZ, pone en marcha dispositivos de «inteligencia» sobre cualquier persona del pueblo trabajador que realice algún tipo de acción política individual y colectiva.
Así lo comentó el propio afectado Lutsej Mendoza quien además dijo que el comisario lo conminó a informarle todos sus movimientos, sus decisiones como Presidente de la UACOP y sus traslados, perdiendo así derechos y garantías fijados en la CONSTITUCIÓN NACIONAL, PROVINCIAL, TRATADOS INTERNACIONALES Y DISPOSICIONES DE DDHH que le caben como a cualquiera otra persona que habita en suelo argentino.
LA POLICÍA DE GUSTAVO SÁENZ VUELVE A LA CARGA CON EL ESQUEMA REPRESIVO DE LOS 70’S PARA INCOMODAR A LA POBLACIÓN EN PLENO USO DE SUS DERECHOS CIUDADANOS. RAZÓN POR LA QUE SE HACE RESPONSABLE DE CUALQUIER MALTRATO, AMENAZA, ARMADO DE CAUSA JUDICIAL, ETC, A LAS AUTORIDADES PROVINCIALES QUE OBREN EN CONTRA DE LAS COMUNIDADES ORIGINARIAS Y SUS CACIQUES.
