Juan Manuel Irrazabal envió su nota a la Jueza Federal del Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche Dra. Silvina DOMINGUEZ.
El Presidente del CNPT expresó en misiva legal respecto de la disposición judicial en contra de las mujeres indígenas: «en mi carácter de presidente y por decisión del pleno del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT o Comité), órgano rector del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes (SNPT), en el marco de la
causa identificada como COLMJAN, BETIANA AYELEN Y OTROS s/ INCENDIO U OTRO ESTRAGO (ART. 186 INC. 1), ATENTADO CONTRA LA AUTORIDAD Y USURPACIÓN (ART. 181 INC. 1); con el objeto de solicitar se revisen y reviertan los traslados de Martha Luciana JARAMILLO, Débora VERA, Andrea DESPO, y Florencia MELO, en tanto no se ajustan a los estándares internacionales y nacionales en materia de derechos de pueblos originarios, derechos de las personas privadas de su libertad a ser alojadas en cercanía de sus hogares, principio del interés superior de niños y niñas y de los/as hijos/as de las mujeres privadas de libertad y derecho de defensa» expone la nota enviada por Juan Manuel Irrazabal.
«En relación a este tema y a raíz de las medidas judiciales adoptadas, en el día de ayer este Comité mantuvo conversaciones con Usted recordando la necesidad de respetar los principios mencionados. Asimismo, en el día de la fecha se desarrollaron entrevistas con las personas privadas de su libertad mencionadas. De acuerdo a la información a disposición del CNPT, se ordenó el traslado inmediato de mujeres mencionas desde la provincia de Río Negro a Unidades Penales del Gran Buenos Aires, distantes a más de 1500 kilómetros. El traslado se efectuó de forma intempestiva, durante la noche sin el cumplimiento de actos procesales básicos para el ejercicio del derecho de defensa. Una de las mujeres es madre de dos hijos menores de edad, uno de ellos cuatro años, lo que fue corroborado en la fecha a partir de su partida de nacimiento.
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En cumplimiento de sus funciones previstas en la ley 26.827, desde que tomó conocimiento de la situación el CNPT ha realizado acciones tendientes a monitorear la aplicación de estándares locales e internacionales y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos humanos de las personas afectadas» agregó Irrazabal.
Por ello, una delegación del CNPT se hizo presente en el lugar de detención en Buenos Aires para entrevistar a las mujeres trasladadas, quienes manifestaron que se encontraban en huelga de hambre porque entendían vulnerados sus derechos, en tanto hasta el momento de la entrevista, no habían sido debidamente notificadas de los delitos que se les imputaba ni de las medidas de coerción en su contra, y no tenían conocimiento acabado de la situación de sus hijos/as menores de edad, entre otras situaciones relatadas.» resaltó.
Concluye en la nota que «El traslado urgente de mujeres integrantes del Pueblo Indígena Mapuche y sin acreditación de parámetros mencionados en la sentencia de la Corte IDH ni en los informes de organismos de ONU, sin lugar a dudas vulnera sus derechos humanos y el de sus hijos/as y por ello puede comprometer nuevamente la responsabilidad internacional del Estado Argentino».