La Cámara Federal rechazó, otra vez la recusación de Cristina Fernández de Kirchner contra la jueza María Eugenia Capuchetti por sus vínculos con la Policía de la Ciudad.
El camarista Leopoldo Bruglia ratificó así a la jueza al frente de la causa por intento de magnicidio.
Cabe recordar que en el pedido formal realizado por la querella letrada que representa a la Vicepresidenta como víctima del atentado, se menciona «la falta genérica de imparcialidad» lo que motivó esa presentación judicial.
Argumentada en la cita de lo dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que “investigar es, como la prevención, una obligación de medio o comportamiento que no es incumplida por el solo hecho de que la investigación no produzca un resultado satisfactorio.
Sin embargo, debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad” el mismo tribunal ha señalado que la “falta de debida diligencia se manifiesta en la irrazonabilidad del plazo transcurrido en las investigaciones…, las demoras, obstáculos y obstrucciones en la realización de actuaciones procesales y graves omisiones en el seguimiento de líneas lógicas de investigación”.
Las irregularidades citadas en la presentación, desde los primeros días, detallan varias situaciones puntuales: El celular de Sabag Montiel. La investigación no pudo empezar peor. Tras el intento de asesinato contra Cristina Fernández, Sabag Montiel fue reducido por militantes que lo entregaron inmediatamente a la Policía Federal Argentina (PFA). Entre los elementos que tenía encima, además del arma con la que quiso disparar, el más valioso probatoriamente era el celular.
El celular llegó en un sobre cerrado al juzgado con la debida cadena de custodia. Sin embargo, de forma inexplicable, durante la jornada del viernes 2 de septiembre, la magistrada rompió la cadena de custodia.
Es que cuando el dispositivo llegó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), el sobre (que según el artículo 233 CPPN debe estar cerrado y con firma del juez y del secretario) estaba abierto. Esto surge del Acta de Recepción realizada por la PSA el día 02 de septiembre a las 23:00 horas.
El problema no fue solo que el sobre llegó abierto cuando, siempre, el objeto debe mantenerse dentro de un paquete que garantice su cadena de custodia (por ejemplo, si se practica una primera pericia, luego debe volver a guardarse hasta el próximo acto en que se disponga algo acerca del objeto). Lo más grave fue que llegó reseteado a cero.
Nunca se supo qué fue concretamente lo que pasó y el juzgado no hizo nada por aclararlo. De hecho, en los procesamientos, la situación está completamente omitida.
Por lo que surge del expediente, el primer peritaje se hizo por orden de la jueza en la sede misma del juzgado por miembros de la PFA. A la fecha no sabemos dónde ni cómo se perdió la información, si fue en la primera pericia efectuada por la PFA, o en otro momento hasta que el teléfono llegó a la PSA, en la noche del viernes 2 de septiembre. De todos modos, la única certeza es que el celular entró al juzgado en un sobre cerrado, intacto, y salió en un sobre abierto, reseteado.
En la misma presentación judicial, la querella de la Vicepresidenta, planteó: » Cuando esta querella se presentó en la causa, ya habían pasado doce días del atentado. Desde un principio nos llamó la
atención la falta de pruebas que resultaban básicas. Entre ellas, el allanamiento y secuestro de dispositivos electrónicos de gente cuyos nombres surgían de intercambios de WhatsApp altamente comprometedores.
Entre ellos estaban, por ejemplo, Jonathan Posadas y Joana Colman, que habían tenido charlas con Gabriel Carrizo que reflejaban mensajes como “Estamos pensando en matar al jefe de la campora esta vez”, “Se por otra fuente que lo hizo por plata por acomodo”, “Si vamos al caso lo hizo por plata por acomodo pero ahora estan todos ustedes involucrados”, “El chabon en cuatro años ponele que sale y sale re acomodado mal eh”.
Ya mencionamos que la jueza decidió hacerse cargo de la investigación, por lo que muestra, como mínimo, una desidia fuera de lo común que recién haya investigado a estas personas ante el pedido de esta parte, casi un mes después del atentado.
La razón de esta demora se explica, en parte, por una demora previa también injustificable: que haya tardado quince días en detener a Gabriel Carrizo cuando desde el día cinco tenía su celular en su poder y una montaña de pruebas en su contra.
Aunque tarde y a pedido de la querella, cuando debería haberlas hecho la jueza, todas las medidas relativas a personajes relacionados con los vendedores de copos de azúcar se llevaron a cabo.
Hasta ese entonces teníamos lo que considerábamos graves errores y tardanzas inexplicables. Cuando se solicitaron medidas que iban más allá de Uliarte, Sabag Montiel y Carrizo, la parcialidad ya fue evidente.
● La línea vinculada con la agrupación “Nuevo Centro Derecha” El 5 de octubre, esta parte presentó una nueva serie de medidas de prueba.
El 29 de septiembre fue cargado al expediente una nota manuscrita por Sabag Montiel, en la que el imputado encomendaba su defensa a “Hernán Carrols”. Tras una serie de búsquedas en internet, esta parte intuyó, correctamente, que se trataba, en realidad, de Hernán Carrol.
Es que Carrol había dado una charla con Brenda Uliarte en Instagram pocos días antes del atentado (18 de agosto) y, en sus redes, constaba una serie de publicaciones de extrema violencia
hacia Cristina Fernández.
Esta presentación generó un informe de la PSA que identificó que, efectivamente, habían existido comunicaciones entre Carrol y Uliarte, y que Uliarte y Sabag habían ido al cumpleaños de un amigo de Carrol, Martín Almeida. Almeida y Carrol eran parte del grupo denominado “Nueva Centro Derecha”, vinculado, de acuerdo con sus propias publicaciones, con personajes como Bullrich o Milei. Almeida, además, le había mandado un mensaje a Uliarte el día del atentado, que decía “se pudrió?”.
Con estos avances, solicitamos una ampliación de las medidas, que incluían el allanamiento y el secuestro de los celulares de Hernán Carrol y Martín Almeida. Obviamente, se configuraban los elementos necesarios para llevar adelante la producción de estas pruebas. Era evidente, además, que la celeridad sería determinante, dado que se trataba de personas con un grado importante de coordinación política y de contactos.
Pero para nuestra perplejidad, cuando las pruebas empezaban a dar resultados, la magistrada decidió frenar esta línea. Nunca allanó a Carrol ni a Almeida y este tramo de la causa terminó
por filtrarse a la prensa, lo que hirió de muerte toda posibilidad de éxito. La magistrada formuló una denuncia penal por esta filtración, como deslindándose de responsabilidad, cuando lo cierto es que las únicas filtraciones cuya autoría se conoce son las suyas propias, dado que los primeros días de investigación ¡enviaba un informe a la prensa!
En cualquier caso, la magistrada solo llamó a prestar declaración testimonial a Carrol y a Almeida veinte días después de que esta parte solicitase las medidas vinculadas con ellos.
Nunca les secuestró los celulares. Para peor, durante la testimonial de Carrol se dio la bizarra situación en la que la jueza no quería secuestrar su celular, aun cuando el propio Carrol estaba dispuesto a entregarlo.
Finalmente, ante la insistencia de esta parte, Capuchetti secuestró un celular de Carrol, pero lo dejó irse con otro (el mismo dijo que tenía dos) para “no interferir con su trabajo” y porque el segundo teléfono “era el que usaba para la política”.
Naturalmente, tampoco secuestró el celular de Almeida. La jueza les dio total crédito a sus testimonios y cerró esta línea de investigación. De acuerdo con Carrol y Almeida, solo habían visto a Uliarte una vez, en el cumpleaños de Almeida.
Lo cierto es que, el día 30 de octubre, el portal “El Cohete a la Luna” publicó una foto de quien sería Uliarte en una marcha de “Nuevo Centro Derecha”. El abogado de la agrupación, Hector Seivane, dijo que en realidad se trataba de Fátima Mercado. Sin embargo, ayer, el mismo portal reveló una foto en la que se ve a Fátima Mercado y a quien parece ser Brenda Uliarte en la marcha
en cuestión. Por lo que sabemos, nada ha hecho la jueza para identificar a quien sería Uliarte. Esto, cuando la presencia de Uliarte en la marcha daría por tierra toda la explicación de Almeida y Carrol.
Pero hay otra faceta de esta línea que la jueza se negó explícitamente a investigar, aunque esta parte se la solicitó en reiteradas ocasiones y ahondar en ella solo requería una prueba que no afectaba las garantías de nadie: la posible vinculación de Carrol con Gerardo Milman.
En efecto, como veremos a continuación, en nuestra presentación inicial sobre Carrol también apuntamos a otra posible pista, la relacionada con Gerardo Milman. Lo interesante es que había más de un indicio que permitía unir a estas personas. Uno eran todas las fotos de la Nueva Centro Derecha con el entorno de Patricia Bullrich, de quien Milman fue viceministro durante el macrismo.
Otro, mucho más concreto, era que, según una información que llegó a oídos de esta parte, Carrol habría realizado varios viajes al exterior con el jefe de gabinete de la Dirección de Inteligencia Criminal a cargo de Milman en el Ministerio de Seguridad, Fernando Ángel Villares. Esta circunstancia no parece ser concordante con el relato de Carrol, quien se presentó como una persona sin casi recursos económicos.
Y, lo único que hacía falta para verificar si estos viajes existieron era librar un oficio a la Dirección Nacional de Migraciones. Todavía no entendemos por qué la jueza nunca lo hizo. Parece que el testimonio de cualquier persona, aun de aquellas vinculadas con quienes intentaron matar a la
vicepresidente, tiene carácter de verdad absoluta y hace totalmente innecesario seguir investigando.
Vayamos, entonces, a lo relacionado con Gerardo Milman. ( ver a partir de la página nro. 15 en el documento oficial)
Recusación (1) CFK A CAPUCHETTI by alejandra_paredes_63 on Scribd