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«El acceso a los servicios públicos como parte del contenido de los derechos humanos se encuentra reconocido de forma directa por la ONU en distintas resoluciones en donde se establece que deben estar al alcance de todos, con un costo razonable, que su acceso no debe
limitar la capacidad de pagar por otras necesidades esenciales como alimentación, vivienda y atención a la salud» pondera uno de los proyectos que corren en igual sentido y abarcan distintos sectores empresariales.
limitar la capacidad de pagar por otras necesidades esenciales como alimentación, vivienda y atención a la salud» pondera uno de los proyectos que corren en igual sentido y abarcan distintos sectores empresariales.
Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Derechos y Garantías se reunieron el miércoles último por la mañana de manera conjunta para tratar durante más de 3 hs dos proyectos de autoría del senador por Neuquén, Oscar Parrilli (FdT) para limitar la tasa de interés por mora en servicios públicos y otro para limitar las tasas de interés por mora aplicadas por las entidades bancarias, tarjetas de crédito, servicios de medicina prepaga y empresas privadas de servicios en general.
La presidenta de Asuntos Constitucionales, senadora por Santa Fe, María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos) inició el encuentro destacando «la importancia de esas iniciativas que se tratarán hoy por el proceso económico que transcurrió en la Argentina y por el efecto de la pandemia hay muchísimas familias endeudadas y esto requiere que tomemos determinaciones salvaguardando los derechos de los ciudadanos».
La senadora aseguró que «durante la jornada expondrán varios disertantes propuestos por todos los bloques a favor y en contra de las iniciativas a tratarse».
En primer lugar, el senador Parrilli fundamentó los proyectos al considerar que «nos parece que el sistema financiero mundial tiene muchas cosas para corregir, por eso hemos comenzado a trabajar para hacer que tenga rentabilidad sin que eso vaya en desmedro del resto de las actividades comerciales».
Aseguró que una de las iniciativas plantea que «la tasa de interés por mora que deberán aplicar las entidades bancarias, las empresas de tarjetas de crédito, las de medicina prepaga, las instituciones de educación privada en todos sus niveles y las empresas de seguros de cualquier rubro a todas las categorías de usuarios particulares de cada servicio o prestación, en ningún caso podrá exceder la tasa pasiva para depósitos a 30 días del Banco de la Nación Argentina, correspondiente al último día del mes anterior a la efectivización del pago, no pudiéndose cobrar ningún tipo de cargos extras por gastos administrativos, intereses punitorios o cualquier otro concepto».
Sostuvo que el otro proyecto establece lo mismo pero destaca que «cuando una empresa de servicio público domiciliario con variaciones regulares estacionales facture en un período consumos que exceden en un 75% el promedio de los consumos correspondientes al mismo período de los dos años anteriores» se presumirá «que existe error en la facturación».
El director nacional de Defensa del Consumidor, Sergio Barocelli inició la ronda de expositores celebrando «estas iniciativas que visibilizan esta problemática del sobreendeudamiento de los consumidores, problemática que debe afrontarse con el artículo 42 de la Constitución Nacional: la protección de los intereses económicos de las y los consumidores». «Tener a una parte de nuestra sociedad sobreendeudada es tenerla excluida del consumo», añadió.
El director ejecutivo de la Cámara de Emisiones Regionales de Tarjetas de Crédito y Consumo no Bancarias, Norberto Etchegoyen manifestó que «el 30% del mercado de tarjeta de créditos está asentado en los emisores no bancarios. Hoy, la tasa de interés es un dolor de cabeza porque nuestra rentabilidad está justa o incluso negativa como nuestras comisiones y por último nuestro riesgo crediticio».
Sostuvo que «nuestro costo de incobrabilidad es mucho más alto que el del banco. De seguir sancionando leyes con restricciones hacia las tarjetas de créditos este negocio corre riesgo de desaparecer»
En tanto, Gonzalo Rodríguez, abogado especialista en derecho del consumidor consideró respecto a las iniciativas que «está faltando un actor que se ha reinventando que son los proveedores no financieros de crédito. Por otro lado es para celebrar lo relacionado al cambio de la fecha para cancelar la deuda».
El director ejecutivo de la Cámara de Tarjetas de Crédito (ATACYC), César Bastien aseguró que «el mercado de tarjetas de créditos se está achicando, no solamente en pesos, sino también en cantidad de personas, en 2019 se perdieron 600 mil personas y en el 2020, 1 millón 600 mil. Entendemos que una tasa tan baja desincentiva el pago de los usuarios».
A su turno, Ruben Morcecian, abogado especialista en contratos sostuvo que «los proyectos son muy interesante, porque no hemos podido obtener un instrumento legal que le permita a ciudadanos endeudados solucionar razonablemente su situación que no sea pedir su propia quiebra por no haber podido resolver ese sobreendeudamiento».
El presidente de la Unión Argentina de Salud, Claudio Belocopitt consideró que «el desequilibrio está dado porque nadie presta con la tasa que pretende esta ley pactar. Muchas veces buscamos financiamiento en pesos y las tasas siempre están por arriba».
También brindaron su punto de vista y contestaron consulta s de los senadores, Adrián Ganino, de la Dirección de Comercio y Defensa del Consumidor de la Municipalidad de San Martín; el gerente general de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA ) Alejandro Pérez, Hugo Bruzone, de la Asociación de Bancos de la Argentina y Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista.
Tras las exposiciones, el senador Parrilli aseguró que se tendrán en cuenta las consideraciones expresadas por los especialistas, y que la idea es luego incorporarlas en la redacción final.
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