En Salta, donde se niega a familias caídas en la indigencia una parcela de tierra, los ricos y poderosos se quedan impunemente con las tierras públicas con la anuencia del poder político, la complicidad de la justicia y el apoyo logístico de la policía.
Aquí, como todos sabemos, los negociados con la tierra son cosa de todos los días y nadie se escandaliza, pero si familias pobres empujadas por la necesidad luchan por un lugar donde vivir, los buenos vecinos, la “gente de bien”, que le dicen, salen desencajados a los diarios, a las radios, a la TV y a las redes sociales a vomitar toda clase de injurias. Mientras, se encubren y se convalidan las peores injusticias.
Y en esta provincia, donde tenemos un faltante de 72.000 viviendas y donde, según dice el gobierno, no hay tierras para las familias sin techo, la iglesia católica es poseedora de 213 propiedades por las que no paga impuestos valuadas en más de 14 mil millones de pesos, 108 de las cuales fueron donadas por el estado salteño a esa caritativa institución; y la última se practicó en junio de este año, en plena crisis habitacional.
Es que el estado salteño es generoso y no solo regala tierras a la iglesia sino también a las empresas privadas y colegios privados, a mucha gente que no necesita, pero que son amigos, parientes o socios del gobernante de turno. Así es como se pierden las tierras que deberían servir para loteos y viviendas populares y así es como ahora, mientras las 750 familias de Parque la Vega, con sus 800 niños, siguen hacinadas y tiradas en el piso en plena pandemia, justo al frente del asentamiento, cruzando la calle, se puede ver un predio de tres hectáreas con un enorme edificio que en 2016 fueron donadas por el ex gobernador Urtubey a la Orden Pontificia de San Agustín, para, según reza el decreto donatorio: “construir la Salta y el país que nos merecemos y ser parte de esta maravillosa historia”.
Y mientras hay familias que llevan quince o veinte años esperando un terreno, aquí tenemos algunos ejemplos de cesiones de tierras:
2014. Entrega de un terreno de 4 has. (6.407,37 mts.2) al arzobispado de Salta en el barrio Solidaridad para santuario de la Virgen de Urkupiña.
2014. Entrega en comodato de 24 has. a clubes deportivos, entre ellos la Unión de Rugby de Salta y Liga Salteña de Fútbol. La mayor parte de estos comodatos terminan siendo entregados de forma definitiva.
2015. Cesión de terrenos del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) al Universitario Rugby Club.
2015. El IPV cede en comodato al arzobispado un terreno de 306,99 mts.2 ubicado en barrio Castañares para la construcción de un salón.
2016. Cesión de casi cuatro hectáreas de tierras valuadas en $30.000.000 al colegio privado “Uzzi College”, uno de los más caros de Salta.
2016. Donación de terrenos a la Federación Empresaria Hotelera de Salta.
2016. Entrega en comodato a la iglesia de un predio de 1.800 mts.2 ubicado en el barrio Castañares para la construcción de un salón.
2017. Entrega de los inmuebles identificados con las matrículas Nro.58.284, 58.285, 35.738 y 35.739, todos sitiados en la capital de Salta, para la ampliación de una escuela parroquial.
2018. Donación de tres hectáreas a la Orden de los Hermanos de San Agustín para un colegio privado en Ampliación de Parque La Vega.
2018. Donación de un terreno a la iglesia católica en el barrio San Francisco de Cafayate.
2018. Urtubey cede en comodato por un plazo de 20 años un terreno de 1.011 mts.2 a favor del Banco Macro en el Centro Cívico Grand Bourg.
2019. Dos meses antes de irse Urtubey dona a la iglesia evangélica Maranatha un inmueble de 695,83 mts.2 para la construcción de una Casa de Retiro.
2019. Por el decreto Nro. 1693 Urtubey entrega un terreno en comodato por 20 años al Banco Macro en Apolinario Saravia.
2020. La Cámara de Diputados otorga sanción definitiva al proyecto de ley para autorizar al Poder Ejecutivo a transferir al arzobispado en carácter de donación un inmueble en el Dpto. de La Candelaria donde funcionaba una escuela.
2020. Sáenz cede en comodato por cinco años que podrán ser prorrogables un inmueble de 1.100 mts.2 a la Unión Industrial de Salta en el predio de Pereyra Rozas.
2020. Senadores aprueban un proyecto de declaración cediendo en comodato un terreno de 7.0000 mts.2 a la clínica privada IMAC en Rosario de la Frontera.
Pero la tierra pública que es patrimonio de todos no sólo se regala, se roba descaradamente. Que lo diga sino el sempiterno senador Juan Carlos Romero, dueño del diario El Tribuno, quien tiene en su haber múltiples causas por negociados con tierras durante su gobierno y que se quedó, entre otras cosas, con las 90 has. de La Ciénaga. Pero las “gentes de bien” al poderoso Romero no lo estigmatizan. A Romero lo votan. Es que así es como proceden las “gentes de bien”, esas que segregan odio contra los pobres “ilegales”.
Concentración y extranjerización de la tierra
“Tierra de pocos, pobreza de muchos”. Este título periodístico resume bien lo que pasa en la provincia. Según consigna el periodista Nicolás Bignante, el último Censo Nacional Agropecuario muestra la enorme concentración de tierras rurales en el territorio provincial, donde destaca la cantidad de terratenientes que poseen extensiones superiores a las 20 mil hectáreas. Como Eduardo Elztain, dueño de 371.639 has. (y desmontador de 120.000) en los departamentos de Anta y Rivadavia. Como Jorge Brito, el dueño del banco Macro, que exhibe un récord de 50.000 has. arrasadas de bosque. También el dueño de Pampa Energía Marcelo Mindlin, comandante de la refinería de Campo Durán y varios nombres asociados al macrismo, como Jaime Braun Peña, (primo del ex jefe de gabinete Marcos Peña), el grupo Macri y socios, dueños de más de 50.000 has. en el norte salteño, el amigo Nicolás Caputo y los hermanos Torello, ex funcionarios de Macri. A la lista la completan otros patrones de arraigo local, como Juan Carlos Romero, Facundo Urtubey y Alfredo Olmedo, el diputado de la gorra amarilla que dice “por qué no prueban laburando”. El mismo a cuyo padre Juan Carlos Romero le adjudicó por decreto en 1998 un total de 158.478 has. de la empresa estatal Salta Forestal, estableciendo que el pago del canon debido a la provincia comenzaría a los veinte años de la concesión, es decir, a partir de 2018. Por esto Urtubey declaró a ese contrato lesivo para la provincia y promovió un juicio contra la empresa Ecodesarrollo perteneciente a los Olmedo. Pero ellos no pagaron ni un peso.
Finalmente, Urtubey renunció a la demanda y llegó a un salomónico “acuerdo” por el cual la provincia recuperó las tierras improductivas mientras ellos se quedaron con 74.000 has. de las tierras productivas por los próximos 44 años y se les perdonó una deuda de $300.000.000. Y este gracioso “perdón” fue avalado por la Corte de Justicia de Salta.
A la concentración se suma la extranjerización. En Salta casi dos millones de hectáreas de tierras rurales están en manos de terratenientes y empresarios extranjeros y, como no les alcanza, Urtubey firmó en 2016 el decreto 1377 que autorizó pasar de 1000 a 35. 000 las hectáreas que pueden estar en manos foráneas en la Puna y en los Valles Calchaquíes. Luego amplió ese permiso al departamento Rivadavia, donde tiene sus tierras su hermano Facundo Urtubey, empresario dedicado al agronegocio. Por esas fechas un relevamiento de la Dirección Nacional de Tierras Rurales registraba que en los departamentos de Cafayate, Cerrillos, Chicoana, General Güemes, Guachipas, La Viña, Molinos, Orán, San Carlos y San Martín, el límite del 15% que establecía la Ley de Tierras sancionada en 2011 no se cumplía y, en algunos casos como en Cafayate, las tierras en manos extranjeras llegaban al doble de lo permitido.
Okupas VIP
Gran parte de las fincas del interior de la provincia fue adquirida a precio vil o mediante maniobras fraudulentas a la sombra del poder político y avanzan sobre las tierras públicas y de particulares avasallando los más elementales derechos de pobladores y comunidades. Y pertenecen a funcionarios, intendentes, legisladores y allegados al poder que, con la complicidad de jueces y escribanos, se dedican a la industria de los juicios posesorios para quedarse con tierras ajenas y hacen firmar a familias campesinas engañosos y extorsivos acuerdos en los que ceden sus derechos, tal como hizo el ex presidente del Foro de Intendentes de Salta, Leopoldo Cuenca, para adueñarse de decenas de miles de hectáreas en Rivadavia, el departamento con mayor índice de necesidades básicas insatisfechas de Salta (81,3%) y el segundo más pobre del país.
Está claro que hay tomas de tierra que no se parecen a la de los asentados de Parque la Vega. Esa es de los “negros” y no se tolera. La doble vara ante todo. Cuando unos pocos roban a muchos se llaman empresarios exitosos. Cuando unos pocos pobres hacen lo que el estado debería hacer, son usurpadores. Y además los usurpadores no tienen la protección del estado como los ricos que se adueñan “legalmente” de las tierras de todos. Tipos que “con la bandera de la propiedad privada privan de su propiedad a otros y han construido fortunas sobre la base de la apropiación de bienes públicos”. Tipos que han montado un engranaje de corrupción del que todos están al tanto, pero disimulan y callan convenientemente.
Mientras, Yuthiel Alderete, el delegado de los asentados de Parque la Vega, está preso y abrumado de causas penales por reclamar el derecho a la tierra.
El suelo urbano
En Salta -como señala el Polo Obrero- es la especulación inmobiliaria, promovida por el estado, la que durante décadas ha dispuesto el uso y ordenamiento del suelo urbano acaparando las mejores tierras y favoreciendo a los desarrolladores con todo tipo de excensiones impositivas, modificaciones al código de planeamiento y excepciones a las normas urbanísticas. La especulación inmobiliaria trajo como consecuencia el aumento del metro cuadrado y el consecuente aumento de los alquileres. A pesar de este cuadro, que transformó el acceso a la vivienda en una imposibilidad para miles de familias, el estado ha dejado de construir viviendas populares de acceso universal. Esto se agravó porque desde hace cinco años que los gobiernos no destinan presupuestos para loteos.
En este marco, la crisis habitacional arrastrada durante décadas estalló durante la pandemia y por la lucha de las familias sin techo en junio el gobierno de Sáenz anunció el “Plan Mi Lote”, pero dicho plan les fue negado de entrada a los asentados porque lo primero que se dijo es que los que toman tierras no participarán de las adjudicaciones de terrenos. Además, el publicitado plan es una bomba de humo porque tiene amenazas pero no tiene tierras, no tiene plazos, no se sabe cuándo, cómo ni con qué se van a entregar 10 mil lotes y hasta hoy el plan no ingresó a la Legislatura ni hay noticias de que se haya dispuesto la compra o expropiación de terrenos.
Los sin techo marchan de un lado a otro sin ser escuchados y deambulan como parias en su propia tierra. “Queremos ser reconocidos como salteños”, piden. Y el gobierno repite: “No hay tierras”. ¿Que no hay tierras? Mentira. No hay para los pobres, porque sí hay para los ricos, sí hay para la iglesia, para los terratenientes y empresarios desmontadores, para las mafias que usurpan impunemente las tierras de los pueblos originarios. Sí hay para políticos corruptos y para los socios y amigos de esos políticos.
Mientras tanto, hoy tenemos una gravísima crisis y casi 1000 familias que esperan y que han sido abandonadas por el gobierno. Familias que hace cinco meses vienen resistiendo la intemperie, las amenazas, la represión y la vindicta pública. Y hasta la saña de diputados que presentan un proyecto infame para quitarles los beneficios sociales.
Por eso concluiré con las palabras de una mujer asentada en Parque la Vega: “Fuerza, familias, que con la lucha se puede, fuerza para resistir y luchar contra estos hipócritas que nos mandan”.
FUENTE: Asociación de DDHH Coca Gallardo Salta, 23 de octubre de 2020