En los últimos cinco años se registró un descenso, tanto a nivel nominal como en relación a la proporción que representa sobre la población total. En los colectivos vulnerables la ausencia de condenas supera largamente el 50% de la población.
La Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), que encabeza el fiscal general Alberto Adrián María Gentili, presentó su informe sobre «Prisión Preventiva en la Argentina,» el cual analiza las particularidades de la población de los establecimientos del Servicio Penitenciario Federal (SPF) que se encuentra sin condena.
El documento, elaborado por el Área de Análisis e Investigaciones Interdisciplinarias de esa oficina especializada, se centra en el periodo comprendido entre 2018 y 2022.
El informe tiene como objetivo difundir datos sobre la cantidad, distribución y evolución de la población penal alojada en cárceles federales que está privada de su libertad sin una condena, su composición de acuerdo a las variables socio-demográficas y sus situaciones procesales.
Asimismo, hace foco en las características específicas de colectivos vulnerables: mujeres, jóvenes adultos y personas trans.
Las cifras
De acuerdo a las estadísticas provistas por el Servicio Penitenciario Federal, al 30 de junio de 2023 -fecha de cierre del estudio- había un total de 11.381 personas privadas de su libertad en establecimientos carcelarios federales. De esa cifra, 5.298 personas carecían de condena, lo que representa un 47% de la población encarcelada.
En el periodo 2018-2022 se registró un descenso del 33% en el número de personas encarceladas preventivamente. Esta disminución habría estado justificada, a partir de 2019, en dos factores: el aislamiento decretado por la pandemia del virus COVID-19 y la implementación del procedimiento de flagrancia previsto en la Ley 27.272. En relación a esto último, las cifras correspondientes a junio de 2023 indican que, sobre un total de 6.083 personas condenadas, 254 lo estaban con montos de condena inferiores a un año de prisión, 258 con penas de entre 1 y 2 años, y 245 con penas de entre 2 y 3 años.
Por otra parte, el documento también consigna que, en relación con las personas detenidas a disposición del fuero federal, se registraron, por años, los niveles más altos de encarcelamiento preventivo, lo que representó un 48,90% en 2022. Sin embargo, desde 2020 esa proporción disminuyó y se muestra similar a la población encarcelada a disposición del fuero nacional, que registra 44,50%.
Finalmente, el informe destaca que la información recabada permitió conocer la distribución de la población encarcelada según su situación procesal y las variaciones durante los últimos cinco años. En tal sentido, la población detenida preventivamente se ha reducido tanto a nivel nominal como en relación a la proporción que representa sobre la población total.
Sin embargo, si bien los encarcelamientos preventivos evidencian un descenso en términos generales, no ocurrió lo mismo en relación a los grupos vulnerables de jóvenes, personas trans y mujeres. En efecto, el 69,5% de la población carcelaria con prisión preventiva son personas menores de 21 años, mientras que las mujeres y las personas trans representan un 56% de la población carcelaria total sin condena.