Piden prisión para D’Alessio y otros tres imputados La fiscalía solicitó la pena

Compartir este artículo

El MPF pidió cinco años de prisión para D’Alessio, como autor de tentativa de extorsión en perjuicio de Gabriel Traficante, y cuatro años y ocho meses de prisión para el fiscal provincial, Bidone. Para los ex agentes de la AFI Hugo Rolando Barreiro y Claudio Oscar Álvarez pidió cuatro años y seis meses de prisión y tres años y nueve meses de prisión, respectivamente.

l fiscal general Diego Luciani y la auxiliar fiscal Mercedes Galli solicitaron ayer ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se impongan cinco años de prisión a Marcelo Sebastián D’Alessio en carácter de autor del delito de tentativa de extorsión en perjuicio del empresario Gabriel Traficante. También requirieron la pena de cuatro años y ocho meses de prisión para el fiscal provincial Juan Ignacio Bidone, y las condenas de los agentes de inteligencia Hugo Rolando Barreiro y Claudio Oscar Álvarez a cuatro años y seis meses de prisión y tres años y nueve meses de prisión, respectivamente, en carácter de partícipes necesarios del mismo delito. El pedido de penas fue el corolario de la parte final del alegato, que había comenzado el lunes pasado.

En este marco, Luciani señaló que “D’Alessio con su accionar procuró infringir un temor a Traficante mediante dos vías diferentes. La primera de ellas simulando la existencia de una investigación judicial en la cual Traficante se habría encontrado de alguna manera involucrado. La segunda vía consistió en las reiteradas advertencias sobre que sería víctima de un escrache, tanto personal como laboral, por medio de publicaciones periodísticas, incluyendo programas de televisión”.

Asimismo, la fiscalía señaló que el principal acusado creó “un contexto propicio y un clima de confianza. Citó a la víctima en su propio domicilio estando su familia presente. Simuló incluso compadecerse con una situación que él mismo había generado”.  Según el MPF, con el objetivo de darle mayor credibilidad, D’Alessio “simuló formar parte de algún servicio de inteligencia nacional o internacional y mantener estrechos vínculos con funcionarios de diversos poderes estatales, periodistas de renombre. Además, se mostró con armas y autos con balizas”. A su vez, la fiscalía señaló que «ejerció intimidación mediante dos personas de confianza» de la víctima, además de “presionarlo y persuadirlo en la necesidad de que entregara la suma de dinero”.

En relación al accionar del fiscal provincial Bidone que había requerido informes de llamadas entrantes y salientes sobre la víctima que se utilizaron como herramientas en las maniobras extorsivas, Luciani indicó que el funcionario provincial “pese a estar obligado a velar por los intereses de la sociedad, actuar en resguardo de los valores jurídicos de la Constitución Nacional, como son el derecho a la garantía y la parcialidad, el respeto al derecho de defensa y el derecho a la privacidad de los ciudadanos, ejerció la competencia para solicitar informes sensibles sobre un ciudadano sin el más mínimo control de las autoridades judiciales y para que se perpetrara la maniobra ilícita».

D’Alessio “simuló formar parte de algún servicio de inteligencia nacional o internacional y mantener estrechos vínculos con funcionarios de diversos poderes estatales, periodistas de renombre. Además, se mostró con armas y autos con balizas”.

Según detalló la fiscalía, Bidone solicito los registros de llamadas entrantes y salientes, como así también, los registros migratorios de Traficante, victima de la extorsion, en el marco de un legajo secreto y reservado. Además, indicó como elemento de gravedad, relativo al legajo en el cual se requirió el pedido, que su instrucción duró “más de seis años. Sin ningún tipo de control de autoridad judicial. A espaldas del  juez garantías y de las partes involucradas. A partir del año 2016 se transformó en rigor en un legajo de inteligencia absolutamente ilegal”.

En este mismo sentido, la fiscalía señaló que el accionar ilegal de Bidone «pulverizó la confianza que la ciudadanía deposita en los fiscales en una sociedad democrática. Como así también la diligencia, la rectitud, la transparencia y la objetivad. La sociedad espera una conducta irreprochable, fuera de toda duda, porque la confianza de los fiscales en su integridad y su rectitud. Las maniobras aquí detectadas debilitan la credibilidad de las instituciones y los funcionarios».

A su vez, Luciani se refirió a la justificación dada por Bidone en el proceso afirmando que había sido engañado por D’Alessio. «Después del análisis global de la prueba no entendemos en que consistió este engaño. Ha quedado más que demostrado que la maniobra ha sido realizada codo a codo, de manera absolutamente coordinada», sostuvo.

En relación a Álvarez, la fiscalía señaló que “de la reconstrucción de los hechos se puede colegir la participación necesaria” del entonces agente de inteligencia. La fiscalía desarrolló que el acusado “se valió de su condición de agente de inteligencia para brindar el informe de inteligencia que permitió a su vez obtener una justificación formal para llevar a cabo la medida de prueba en torno a Traficante» ejecutada por Bidone. Por último, describió la actuación de Barreiro como «relevante» ya que participó de la «intimidación que se ejercía sobre la víctima y las personas allegadas». Asimismo, señaló que uno de los celulares desde los cuales se comunicó D’Alessio resultó ser un teléfono personal de Barreiro.

Tras la finalización del alegato, el tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta la audiencia del próximo lunes 12 de julio, en la cual comenzarán las exposiciones de las defensas.


Compartir este artículo

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *